POPULISMO DEMAGÓGICO EN DECADENCIA

Muy grave: Hugo Chávez quiere controlar Internet

Hugo Chávez está cayéndose porque la mayoría de los venezolanos ya no lo quiere. Pero él culpa a los medios de comunicación por el derrumbe, que es resultado de su mala gestión. Luego de ir por los diarios, la radio y la TV, carga sobre Internet y el financiamiento de las ONGs.

(N. de la R.: 2 proyectos de ley introducidos en la Asamblea Nacional podrían terminar de propinarle la estocada final a la libertad de expresión en Venezuela, restringiendo las operaciones del opositor canal de televisión Globovisión y otorgándole al gobierno la facultad de controlar lo que los venezolanos ven y comentan a través de internet.
 
Líderes de la oposición se mostraron alarmados por el contenido del proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, las cuales están en vías de ser aprobadas aceleradamente por la Asamblea Nacional antes de que los recién electos diputados ingresen al organismo en enero.
 
Uno de los artículos a ser discutidos parece estar concebido para amordazar a Globovisión, canal que el gobierno acusa de desestabilizador pero que la oposición califica como uno de las pocos que no aplica la autocensura en Venezuela.
 
Asimismo, las nuevas leyes también le daría al gobierno del presidente Hugo Chávez la facultad de bloquear el acceso a páginas de internet de los medios de comunicación nacionales e internacionales si considera que su contenido es irrespetuoso a los poderes públicos, genera zozobra o se trata de una manipulación mediática.
 
El Gobierno de Venezuela pretende extender a los medios electrónicos la reforma de la Ley de Responsabilidad Social que regula la radio, la prensa y la televisión. La iniciativa supone, según la oposición, un atentado contra la libertad de expresión en el país.
 
La Asamblea Nacional conoció hace 4 días la solicitud de la vicepresidencia para reformar dicha ley, con la que busca "incorporar a los proveedores de servicios en la red y medios electrónicos a los parámetros de responsabilidad en la difusión y recepción de mensajes", según informan medios locales.
 
El proyecto de ley tendrá aprobarse en la Comisión de Medios de la Asamblea antes de que llegue a manos del poder legislativo, controlado en su mayoría por el Gobierno del presidente Hugo Chávez.
 
Algunos portales de noticias consideran que la iniciativa pretende controlar los contenidos en Internet, tanto en sitios web como en redes sociales como Twitter o Facebook, además de mensajes telefónicos.)

Vladimir Villegas en El Nacional, de Caracas, Venezuela:

 
Esa parece ser la consigna del Gobierno, la línea política a seguir para limitar las posibilidades de expresión de la crítica y del ejercicio de la protesta para acallar la disidencia dentro y fuera del chavismo, la cual sigue creciendo pese al esfuerzo continuado por imponer un monolitismo que, a la larga, la sociedad venezolana, decidida y democráticamente, va a repudiar.

Tenerlo todo bajo control se ha convertido en la obsesión del líder y de sus más cercanos colaboradores tanto en el gabinete ejecutivo como en el Parlamento y el resto de los poderes públicos. Y para el logro de ese objetivo, es necesario pisar el acelerador legislativo antes de que cumpla su ciclo vital la Asamblea Nacional, que por estos días viene sesionando con un precario y dudoso quórum, y se alista a tener un buen morir al concederle al Presidente una nueva Ley Habilitante.
 
Y para que la sociedad no se le salga de su control, nada mejor que un menú en el que se incluya la limitación a la libertad de expresión e información en Internet, y el gancho al hígado a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos representado por la Ley de Cooperación Internacional que les impide recibir donaciones del exterior.

Se trata de las mismas ONG que en su momento denunciaron la persecución de anteriores administraciones contra dirigentes políticos que hoy son gobierno. Son instituciones que tienen trayectoria en la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo Provea o la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, o el Foro Penitenciario que dirige ese respetable venezolano que es Humberto Prado, por citar sólo dos ejemplos emblemáticos.
 
Pero también se le tiende un cerco económico a distintas ONG en el campo laboral, en la defensa del medio ambiente o de los derechos de las minorías. Y lo más seguro es que el Gobierno terminará dándole oxígeno económico a aquellas organizaciones que exhiban la misma incondicionalidad y genuflexión que hoy exhiben los demás poderes frente al Ejecutivo.

A ello hay que sumarle también la tentativa de eliminar los circuitos radiales en el ámbito nacional, con lo cual no se busca democratizar el espectro radioeléctrico, como algunos se atreven a afirmar, sino colocarle alcabalas y cepos a las posibilidades de que, por ejemplo, las protestas de los trabajadores de Guayana, tan abundantes como justificadas, sólo se puedan escuchar en las radios de esa región.
 
La eliminación de los circuitos radiales constituye, además, un golpe económico a pequeñas emisoras que se han asociado para ofrecer un periodismo y una programación de mayor diversidad y calidad. Es una medida que busca abrirle paso a la deseada hegemonía comunicacional.

Puede que Fausto Masó tenga razón cuando asevera que la denuncia sobre violaciones a la Constitución no hace mella en la votación del Gobierno, pero ello no puede ser la justificación para que nos hagamos los locos cuando los principios de la carta magna, aprobada por el pueblo en 1999, van siendo dejados paulatinamente.

El amigo Fausto sugiere que a los constitucionalistas se les dé vacaciones, para que tal vez se imponga una línea opositora distinta. Eso lo definirán los estrategas de la oposición. Pero el fondo del asunto es que postulados constitucionales, como la libertad de expresión, el derecho a la protesta, la inmunidad parlamentaria, el respeto a los derechos humanos y la descentralización, terminarán por convertirse en letra muerta.
 
El problema, Fausto, es que en el Gobierno le quieren dar vacaciones, y se la están dando poco a poco, a la Constitución. Mal pueden entonces los constitucionalistas, como los llama Masó, irse a las duchas y sacarle el cuerpo a una responsabilidad que, de paso, es de toda la sociedad.

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