NO HAY PEOR CIEGO...

El Gobierno ignoró informes de la AGN sobre Jaime

Más de 30 documentos alertaron sobre las irregularidades en las que incurrió la secretaría de Transporte durante la gestión del sospechado ex funcionario. Ampliaciones de concesiones, adjudicaciones directas, violaciones a resoluciones e, incluso, la desprotección a los discapacitados fueron expuestas por el órgano de control, sin consecuencia alguna.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Ricardo Jaime es seguramente el personaje que más incomoda al Gobierno en el año electoral. El ex secretario de Transporte podría ser uno de los 1ros ex funcionarios kirchneristas de mayor relevancia que podría ocupar el banquillo de los acusados en un juicio oral.

Jaime tiene varios frentes judiciales abiertos, pero la causa que parece más avanzada es por recibir dádivas de empresarios que él debía controlar. El fiscal Guillermo Marijuán dio por terminada la investigación y le pidió al juez Claudio Bonadio que elevara la causa a juicio. Según trascendió, el proceso podría llevarse a cabo durante el 1er semestre de 2011.

No obstante, el ex funcionario no sólo acumula sospechas sobre sus bienes personales (enriquecimiento ilícito), sino también sobre el desempeño de la Secretaría de Transporte que tuvo a su cargo durante toda la gestión de Néstor Kirchner y buena parte de la de Cristina Fernández.

En este sentido, el Gobierno central no habría sido ignorante de esas irregularidades.Según publica este lunes (3/1) el diario Clarín, las anomalías fueron constatadas y denunciadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), el organo de control externo del Estado y que depende del Congreso.

Los documentos, que comenzaron a ser elaborados desde 2004, señalan que hubo inconsistencias de todo tipo que fueron responsabilidad no sólo de la secretaría de Transporte sino también de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CNRT).
Entre los ejemplos más graves está el de los controles de la Terminal de Retiro, concesionada a Néstor Otero, un empresario al que Jaime le extendió la licencia por la Terminal hasta 2015 y que fue procesado por el delito de dádivas .

La investigación del juez Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo pudo confirmar que Otero le pagaba al ex funcionario los alquileres del lujoso departamento de Libertador y Cerrito donde vive el ex secretario de Transporte cuando se encuentra en Capital.

Además, a través de los miles de correos electrónicos del asesor de Jaime, Manuel Vázquez, que revelan maniobras que incluyen el pedido de aportes electorales y coimas, se supo que Otero contrató a una empresa del hermano de Jaime -Comfear S.A.- para pavimentar algunos tramos de Retiro.

Bajo la resolución 48/2008, la Auditoría concluyó que a Otero le ampliaron la concesión a través de un proceso lleno de irregularidades .

Según dice el informe que cita Clarín, se prescindió de “la celebración de mecanismos de consulta pública y la Autoridad de Aplicación accedió a la solicitud de prórroga del contrato sin ponderar la conducta de concesionario”. Además encontraron que en el cálculo de multas pendientes por incumplimientos en el contrato se omitió considerar las penalidades .

Por otra parte, en el rubro ferroviario, la AGN controló los subsidios otorgados por Transporte a los concesionarios para la ejecución de obras. Uno de los mayores escándalos derivados de los mails de Vázquez es el proceso de compra de trenes a España y Portugal. Se trataba de acuerdos entre Estado y Estado que, del lado argentino, eran coordinados personalmente por el asesor de Jaime. En los mails de ida y vuelta con Madrid se habla de pagos de “costes políticos” y hasta se detallan los conceptos a facturarse para “esconder” estas comisiones.

En los correos también se describen las visitas oficiales de Jaime a España acompañado de los principales concesionarios como es el caso de Claudio Cirigliano, dueño de Cometrans quien, según escribió el socio de Vázquez en un mail, “es un chulo insoportable que da por hecho que las reparaciones las van a hacer ellos”.

Una vez en Argentina, la compra de ese material ferroviario fue motivo de otras polémicas porque debían ser refaccionados en el país para poder funcionar. El negocio fue, efectivamente, entregado a los concesionarios. En ese contexto, la AGN estudió la obra de reconstrucción y remodelación de 67 coches eléctricos. En la resolución 206 del 2009, los auditores concluyeron que se realizaron “adjudicaciones directas a los concesionarios, autorizándose simultáneamente la subcontratación de los trabajos por parte de éstos”.

Así, encontraron que se había transgredido una resolución de la propia Secretaría de Transporte que dispone que en todos los casos el prestador realizará las contrataciones conforme los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y competencia de precios, con arreglo a las disposiciones de ese procedimiento.

El listado de irregularidades detectadas por la AGN abarca también la gestión como el Sistema de Protección Integral de Discapacitados. A pesar de que la ley así lo ordena, los colectivos incumplieron los planes de adaptación a las personas en sillas de ruedas y los trenes ni siquiera empezaron a un proceso de adaptación. 

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