$40 MILLONES CADA UNO

Revisando el "empleo público": Como borrar tentaciones y ganar en profesionalismo

Luego de que el gobierno prohibiera las designaciones de familiares de funcionarios, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) no solo hizo un cálculo de cuánto cuesta al Estado cada nuevo empleado público, sino que decidió hilar profundo: cómo profesionalizar al Estado y borrar las "tentaciones", acortando la "enorme brecha de salarios y condiciones de trabajo respecto al sector privado", sobre todo aplicando un cambio a la extrema rigidez del principio de estabilidad. Un verdadero cambio. ¿Es posible?

 
Luego de que el gobierno prohibiera las designaciones de familiares de funcionarios, el informe de Idesa no solo hizo un cálculo de cuánto cuesta al Estado cada nuevo empleado público, sino que decidió ir más allá y ¿plantear la necesidad de que se revise el empleo público para aplicar allí un "cambio"?
 
El fin que manifiesta es noble: borrar "tentaciones" y ganar en "profesionalismo". El problema es el método: acortar la "enorme brecha de salarios y condiciones de trabajo respecto al sector privado", sobre todo aplicando un cambio a la extrema rigidez del principio de estabilidad.
 
Algo así como cambiar el estatuto del empleado público. Pero, ¿quiénes estarían de acuerdo? Sobre todo, en medio de los fuertes cruces que existen entre UPCN y ATE y un Gobierno que hasta ahora ha demostrado no terminar tan alejado de las prácticas kirchneristas.
 
"(...) en la cultura política argentina usar el empleo público como mecanismo para distribuir favores personales, familiares y políticos es una práctica muy arraigada", comienza Idesa.
 
De ahí que la decisión macrista "no resuelve los problemas ligados a la sobredotación y baja profesionalidad del empleo público. En el mejor de los casos, puede ser planteado como un gesto tendiente a romper con las malas prácticas enquistadas. Pero existe el riesgo de que se convierta en un mero acto de oportunismo que desvíe la atención respecto a un tema extremadamente importante", sentencia.
 
En este marco, la consultora calculó el "compromiso que asume el Estado cuando ingresa un nuevo empleado". 
 
Con el ejemplo de un empleado público provincial que ingresa con una categoría inicial a los 25 años de edad y asumiendo que son bajas las probabilidades de renuncia y casi imposible el despido, el costo aproximado que estimó fue el siguiente: 
 
 
"- Durante su vida activa habrá que pagarle $23 millones a precios actuales en concepto de salarios, cargas sociales y gratificaciones.
 
- Cuando se jubile habrá que pagarle $17 millones más a precios actuales en concepto de jubilación y la pensión derivada a su cónyuge cuando fallezca.
 
- Así, designar un empleado público implica comprometer unos $40 millones."
 
Con estos datos muestra la magnitud de recursos públicos que quedan comprometidos cuando ingresa un nuevo empleado al Estado, y afirma que el "principal determinante es la rígida aplicación de la estabilidad del empleo público. Aunque en la enorme mayoría de los casos el ingreso es bajo modalidades que no contemplan la estabilidad (pasantías, monotributo, contrato a plazo, etc.), una vez incorporado, prevalece la presión por la permanencia. Lo que inicia como un ingreso transitorio y precario, en los hechos deviene en un empleo de por vida".
 
Compara la modalidad de gestión de los recursos humanos con la compra de un bien o servicio por un monto de esta magnitud para el cual sería necesario un llamado a licitación pública aplicando controles de legalidad y pertinencia, métodos transparentes y competitivos de compulsa e instancias de apelación: "designar a un empleado, aún cuando involucra montos mayores, se puede hacer por una mera decisión individual y arbitraria, sin transparencia y mucho menos compulsa pública y apelación. El problema se potencia porque las condiciones laborales en el empleo público son mucho más ventajosas que en el sector privado, de manera que resulta muy tentador usar el empleo publico como una forma de distribuir favores".
 
¿Cómo revertir esto? En principio, según Idesa, habría que transparentar las designaciones. "El ingreso de personal debería ser justificado públicamente", afirma. 
 
"Otro tema importante sería acortar la enorme brecha de salarios y condiciones de trabajo respecto al sector privado. De lo contrario, la presión por ingresar al Estado es irresistible", agrega y remarca que el punto que considera más importante: "revisar las prácticas que han desnaturalizado el concepto de estabilidad en el empleo publico":
 
"Un mecanismo simple y eficaz sería establecer que la estabilidad se aplica sólo a los cargos esenciales. En estos casos el acceso debería ser por estricto proceso de selección de antecedentes y oposicion y quienes los ocupen quedar sometidos a rigurosos procedimientos de evaluación de desempeño. El resto de las designaciones se deberían extinguir automáticamente cuando el funcionario que las hizo deja su puesto. De esta forma, se tendría un cuerpo profesionalizado de servidores públicos y cargos para colaboradores del funcionario ocasional que no se enquistarían en los organismos del Estado. Se evitaría así que el empleo público crezca de manera aluvional", concluye.

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