DIPUTADA OFICIALISTA

Ayala pide que rechacen su desafuero

La exintendente de Resistencia aseguró ante la Comisión de Asuntos Constitucionales que es "falsa" la imputación que se le hace sobre supuestos hechos de corrupción durante su gestión en la capital chaqueña.

La diputada oficialista Aísa Ayala compareció este miércoles ante los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la que ingresó un pedido de desafuero contra la legisladora chaqueña a raíz de una causa que investiga presuntos hechos de corrupción.

Ayala hizo su descargo frente a la comisión que preside el macrista Pablo Tonelli. Allí dijo que "es falso de toda falsedad" la imputación que le hace la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger por hechos supuestamente sucedidos cuando la actual diputada era intendente de esa ciudad. Ayala pidió a sus pares que "analicen" el pedido de desafuero en su contra y lo rechacen porque -según dijo- "es ilegal y no hay motivos".

La actual diputada fue intendenta de Resistencia (Chaco) y está acusada por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, en el marco de una investigación por la renegociación de contratos para la recolección de residuos mientras estaba al frente de aquel gobierno municipal. La Justicia chaqueña solicitó su desafuero y detención por considerar que en libertad podría perjudicar el proceso de investigación.

“Creo que estamos todos de acuerdo en que para tomar una decisión, tenemos que proceder como ordena el artículo 70 de la Constitución Nacional y examinar el mérito del sumario” antes de emitir una resolución, expresó  Tonelli, al dar por concluida la reunión.

Tonelli aclaró que el objetivo de la comisión “no es juzgar a Ayala, tampoco a la jueza, sino analizar el mérito del sumario, y cuando estén reunidos los visos de verosimilitud, disponer el eventual desafuero”.

Con ese fin se distribuyó entre todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales el expediente judicial enviado por la Justicia chaqueña, como así también documentación aportada por la diputada kirchnerista Analía Rach Quiroga, cercana a Jorge Capitanich, que agrega información sobre el tema.

De tal manera, se estableció que los legisladores volverán a reunirse en pocos días, ya con el expediente leído y analizado, para dictaminar, aunque el diputado Tonelli no dio precisiones sobre cuándo será esa reunión. “Vamos a hacer lo posible para que sea a la brevedad”, señaló.

Al tomar la palabra, la legisladora de Cambiemos agradeció la posibilidad de exponer ante la comisión y dijo que contestaría “cada una de las preguntas”, al tiempo de “aportar todas las pruebas” como ya lo hizo ante la justicia federal. Entre ellas, presentó para cada uno de los diputados una copia de su declaración jurada.

Luego de enfatizar que se enteró “por los medios televisivos y radiales” del pedido de desafuero y que “en ningún momento” fue notificada, Ayala recordó que se presentó de forma espontánea para que se le tome indagatoria. “Se me acusa de ser jefa de una banda para lavado de dinero, se me acusa de haber llamado a licitación para la concesión de servicios de recolección de residuos y se me acusa de enriquecimiento ilícito”, señaló.

Y, a continuación, aseguró: “Esto es falso de toda falsedad”. Además, la exintendenta de Resistencia negó ser “rica ni lícita ni ilícitamente”. “No soy jefa de una supuesta banda de empresarios que están hace muchos dedicados a distintos rubros”, amplió y resaltó que “esos empresarios están hoy trabajando bajo esa misma figura contractual con el intendente (Jorge) Capitanich y el gobierno provincial”.

En relación a los hechos, la exjefa comunal sostuvo que “el llamado a una licitación para una concesión de servicios está prohibida por la Constitución del Chaco”, y explicó que “se trata de una licitación para alquiler de 21 camiones compactadores, 100 contendores y una camioneta”.

Mencionó que la contratación se realizó en el año 2014 “bajo las normas vigentes”. “Está hecho a derecho, legalmente y esa contratación es el motivo de sospechas infundadas por parte del fiscal (Patricio Sabadini)”, agregó. Acompañada por su abogada, Olga Mongelós, la radical afirmó que durante sus 12 años como intendenta “todo lo que se ha hecho fue correcto” y “sin observaciones” por parte del Tribunal de Cuentas.

Ayala apuntó al actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, quien “en la prensa habla de sobreprecios, pero en el testimonio él dice que no puede decir técnicamente absolutamente nada sobre eso; en la prensa dice que hubo una renegociación, pero en el expediente declara que continúa con el mismo régimen de contratación”.

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