POSTAL PREELECTORAL

Supuesto Gran Acuerdo Nacional... por la deuda (el futuro puede esperar)

La quinta parte de los $500.000 millones de déficit primario que el gobierno comprometió ante el FMI suprimir del Presupuesto Nacional 2019 le toca a las provincias. La foto de familia de hoy que comparten el Presidente y 18 gobernadores pretende garantizar a los proveedores externos de un endeudamiento que ya llega al 82% del PBI, la voluntad política de honrar los compromisos para que sigan financiando. Los mandatarios provinciales ponen como condición que se les amplíe la base tributaria, o sea, la exacción a la sociedad que ya aplica al extremo la Casa Rosada, que en los aprestos mete mano por decreto al ejercicio en curso para reasignar partidas. Orienta más hacia el conflicto social, a seguridad, defensa y justicia, y retrotrae en sinceramiento tarifario porque ahora decide volver a subsidiar a las empresas energéticas por el costo de la devaluación, so pretexto de no facturárselo a los usuarios. A la vez ahorra en infraestructura, ciencia y tecnología, jardines de infantes y universidades. Recorta y subejecuta para acomodar los números. Si Cambiemos comulgara con el populismo, podría justificar las medidas adoptadas que sacrifican el presente e hipotecan el futuro con aquella famosa frase de John Maynard Keynes frente a la crisis de los ´30: "En el largo plazo estamos todos muertos".

La foto que hoy se sacan juntos el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y 18 de los gobernadores de las 24 provincias lleva una tácita dedicatoria a los acreedores de Wall Street y a los auditores externos del Fondo Monetario Internacional, que diría algo así como: “hemos acordado que sea la población la que pague los platos rotos de este país que hemos devaluado, paralizado y vaciado de contenido, y que encima no tendrá otra que votarnos”.  

Tras las bambalinas de ese implícito testimonio gráfico de consenso federal en torno del ajuste de $500.000 millones volcado en el embrionario Presupuesto 2019, el gobierno nacional acaba de reacomodar en 169 planillas las partidas del ejercicio en ejecución, cuya instantánea refleja no sólo que la sociedad tendrá que afrontar un país más caro, sino de peor calidad y futuro incierto, ya que la mayoría de los movimientos dispuestos en las cuentas apunta a reforzar programas de asistencia social y de seguridad pero deja sin efecto erogaciones para infraestructura y ciencia y tecnología.

En esta corrección administrativa que sirve de approach del año electoral que se avecina, el gasto público se amplió en $ 40.548 millones, que un asiento contable cubriría en apenas $ 22.460 millones provenientes de recursos corrientes extras a los programados, con lo que la medida arroja un déficit de $18.000 millones, que se enjugará con un nuevo endeudamiento del Tesoro pero en pesos, o sea, licuable con inflación.

Desde que se llamaba Ministerio de Hacienda y Finanzas, la cartera que encabeza Nicolás Dujovne ha venido demorando transferencias de recursos asignados a partidas de educación, salud y atención social, sobre todo, gracias a lo cual el promedio neto de ejecución presupuestaria se redujo al 65%.

Consumada ahora en la tijera, la subutilización de más de un tercio de lo autorizado deviene en que, por ejemplo, sólo haya quedado en pie el 23% del programa de fortalecimiento edilicio de los jardines de infantes (y por ende de los 3.000 jardines de infantes nuevos prometidos en campaña) y que las becas del plan Progresar, de apoyo y orientación educativa, haya sido podado de los casi $10.000 millones asignados inicialmente a poco más de $700 millones.

 

La ciencia incierta

Dicho en otras palabras, la dirigencia política apartó la iniciativa de potenciar en función de las necesidades de cada región carreras muy demandadas y esenciales para el desarrollo del país, como ciencias básicas, ciencias aplicadas y enfermería.

No sólo se afectó la cantera de futuros ingenieros, sino que la guadaña cercena el día a día, al suprimirse asignaciones para acondicionar la instalación eléctrica general del Centro Cultural Kirchner por $ 959 millones, y se redujeron en $ 200 los recursos destinados la Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.

A las universidades les terminaron amputando $1.638 millones para gastos corrientes que ya les tenían pisados, en medio del conflicto con los docentes por las paritarias.

Pero al mismo tiempo, le aumentaron $750 millones el gasto en personal de la Corte Suprema, en un contexto en el cual se decidió que el Poder Judicial continúe gozando de la exención de tributar impuesto a las ganancias.

Un recorte tribunero fue el que infringió la jefatura de Gabinete, que contará con $680 millones menos para publicitar actos de Gobierno, que de todos modos ya en la última reestructuración de funciones se había decidido reasignar entre los ministerios pero no precisamente para ahorrar plata.

La creciente tensión social se reconoció en el refuerzo de $150 millones al área de Defensa y $459 millones a la de Seguridad. Y dentro de una soga tirada a las empresas públicas, se contrabalanceó con una merma de $1.191 millones en los desembolsos destinados a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT).

La interrupción de la política de dolarización de las tarifas de los servicios públicos que, mientras se mantenía el atraso cambiario, se aumentaban brutalmente en pesos y engordaban la inflación, ya empezó a pasar la factura al conjunto de la sociedad: la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) recibirá $10.000 millones más, en tanto a la ex Enarsa se le transferirán $12.000 millones, que de lo contrario hubieran ido a parar a las boletas que paga el usuario.

El Tesoro se vuelve a hacer cargo, de este modo, de una compensación económica destinada a la cadena de valor compuesta por las compañías petroleras y las usinas generadoras de energía, cuyos costos siguen calculándose dolarizados aun todos los casos que se transan en pesos.

El usuario mejor sería que ni chiste porque, como antes, o se subsidia a las empresas a través de rentas generales o mediante las tarifas sinceradas.

De paso, se le ofredó un gesto de buena voluntad a los gobernadores de la foto: alivia los efectos de la transferencia de subsidios de la tarifa social de las empresas eléctricas, lo que junto al Fondo solidario y el traspaso de subsidios al transporte son las contribuciones a la causa que el Poder Ejecutivo Nacional demanda a las provincias para sacarles los $100.000 millones que les tocó en suerte en el Presupuesto acordado con el FMI.

Pero lo que más preocupa a los mandatarios provinciales es la ventanilla de los ingresos, empezando por los brutos, una exacción fiscal por la que dan directamente la cara y va a sus cajas sin escalas.

Luego vienen mantener en 33% el impuesto al cheque para las grandes empresas, que pese a ser nacional, se retiene en cada jurisdicción y es a cuenta de ganancias, y elevar de 0,25% al 1% el impuesto a los bienes personales en el exterior blanqueados, habida cuenta que más del 90% de las cuentas bancarias declaradas permanece afuera del país.

Bajo análisis quedaron también modificaciones en la alícuota autónoma de cada provincia del Impuesto a los Sellos.

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