RECALCULANDO LA POLÍTICA DE CAMBIEMOS

La apuesta es la estabilidad, no la actividad

En su 1ra. conferencia de prensa como presidente del Banco Central, Guido Sandleris, muy nervioso por cierto, confirmó que su prioridad es bajar la inflación, no importa el costo. Esto supone que la recesión puede profundizarse aún más (en verdad, la estanflación lleva algo más de un lustro) si la Administración Macri no arbitra otros mecanismos compensadores. Resultaría esencial un estímulo fiscal pero la estructura tributaria no tiene previsto nada al respecto. Anticipando lo que viene en los mercados del jueves 27/09, Martín Kalas deslizó lo siguiente minutos después que hablara Sandleris.

Por enésima vez en pocos meses, el Gobierno Nacional está cambiando la lógica de la política monetaria y cambiaria.

Las exigencias del FMI implicaron modificar sustancialmente el régimen de administración de la cotización del dólar y una renovación de nombres en la conducción del BCRA, con Guido Sandleris como nuevo presidente en lugar de Luis Caputo.

¿Qué significan estos cambios y cómo impactan en nuestra economía?

El año 2018 comenzó con metas de inflación, cambiadas y renovadas varias veces a medida que el aumento de precios las iba dejando atrás.

A ese régimen le siguió luego la flotación libre con subastas de dólares acordadas con el FMI.

Finalmente se sucedieron las intervenciones esporádicas comandadas por Luis Caputo para no dejar subir al dólar más allá de los $40, complementadas con algún discurso de manejo de agregados monetarios que nunca logró concretarse.

La exigencia del FMI es implementar “bandas de flotación actualizables”: es decir, dejar que la cotización del dólar fluctúe por oferta y demanda de mercado, siempre y cuando no se aleje de cierto rango.

Inicialmente ese rango irá entre $34 y $44 por dólar, pero esos límites irán aumentando un 3% cada mes (en diciembre, entonces, deberían estar entre $37 y $48).

Dentro de ese intervalo de precio, el dólar flotará libremente y el Banco Central usará como variable a controlar a la base monetaria, prácticamente congelando la cantidad de dinero que ha emitido hasta ahora (y no emitiendo más, excepto por dos ajustes al año que aún no han sido clarificados en sus criterios). Esa casi-prohibición de emitir de aquí a julio de 2019 implicará que habrá menos dinero en la calle, elevará las tasas de interés aún más y provocará una recesión más profunda que la actual.

Ahora bien, si el dólar subiera de $44 (o su actualización en los próximos meses), el BCRA deberá intervenir. En esa situación, el BCRA podrá vender hasta US$ 150 millones por día para intentar bajar el precio. Si este límite se hubiera implementado durante la corrida reciente, no hubiera alcanzado: sólo desde mediados de agosto, el BCRA vendió más de US$ 150 millones una vez cada tres días hábiles.

Finalmente, si el precio del dólar intenta bajar por debajo del límite inferior de $34, el BCRA actuará como si ese valor fuera un tipo de cambio fijo: comprará todos los dólares necesarios para mantenerlo en ese precio y que no siga bajando, acumulando Reservas Internacionales y emitiendo pesos (es decir, dejando de lado su política de no emitir). Éste es el escenario al que apuesta el Gobierno: que la entrada de dólares por el mayor préstamo del FMI y de capitales financieros genere una apreciación en el corto plazo del tipo de cambio y le permita emitir y bajar las tasas de interés.

¿Por qué se piensa que este régimen sería mejor que el actual?

Ante todo, porque apuntaría a mantener la competitividad ganada por la devaluación del peso en 2018, no dejándolo bajar más allá de $34 por dólar.

Pero, además, el tipo de cambio tendría un margen para “flotar” de acuerdo a los movimientos de mercado, que en la visión del BCRA reduciría los márgenes de especulación.

El mecanismo puede fallar: por ejemplo, no evita por sí solo la posibilidad de que el mercado lo lleve a su límite superior durante mucho tiempo, obligando continuamente al BCRA a vender sus Reservas Internacionales, en forma similar a lo que ocurrió en los últimos meses.

Sin embargo, para entender la política cambiaria del BCRA es crucial comprender la dependencia que actualmente tiene el Gobierno Nacional respecto del FMI.

A cambio de poner a disposición del Gobierno una provisión enorme de divisas de aquí a 2020, el acuerdo con el FMI implica atar nuestras políticas presentes y futuras a las presiones de un organismo cuya principal meta es “la estabilidad del sistema monetario mundial” -no el desarrollo socioeconómico y productivo del país en el cual interviene-.

Los préstamos del Fondo son caros: aunque la tasa de interés a la que presta sea menor a la del mercado, el costo adicional de su gravitación sobre la política económica es enorme.

Hasta aquí, el acuerdo había significado profundizar las medidas de ajuste que el Gobierno de Macri ya había intentado ejecutar.

El nuevo cambio de funcionarios en el BCRA no es más que una muestra del renovado poder que el FMI tiene en las decisiones de Cambiemos.

El nuevo presidente del BCRA, Guido Sandleris, tiene como función que el BCRA adapte sus políticas (supuesta y legalmente independientes de las del Ejecutivo) a lo que el Gobierno Nacional ha negociado con el FMI. Esto incluye las bandas de flotación actualizables, la meta de no emisión de base monetaria y cualquier otra cuestión que pueda surgir a futuro en las demandas del Fondo.

El impacto del acuerdo con el FMI no es sólo sobre las políticas de Cambiemos hoy. Si efectivamente se toman los US$ 50.000 millones del préstamo del FMI, la Argentina no tendrá ese dinero para repagarlo cuando venza. Eso implica renegociar con el FMI, para refinanciar esa deuda.

Cada vez que deba renegociarse con el FMI, estaremos en desventaja: al no tener otra fuente para pagarle, el FMI podrá imponer condiciones sobre nuestra política económica, sea de un Gobierno de Cambiemos o de quien lo suceda.

Hoy el derrotero de la economía argentina enfrenta muchos riesgos. La inflación de 2018 será la mayor en casi 3 décadas y la recesión actual podría prolongarse hasta al menos el segundo trimestre de 2019, profundizada por el nuevo acuerdo con el FMI.

Los salarios están perdiendo más de 10% del poder de compra que tenían en 2017; sumado al mayor desempleo, se configura un escenario claro donde seguirán empeorando la pobreza y la desigualdad. Esto golpea duramente a una sociedad que nunca había logrado reducir la pobreza y el desempleo a niveles “socialmente aceptables”, y en particular a sus sectores más vulnerables.

Las empresas enfrentan una contracción del consumo que les impide trasladar sus mayores costos a sus precios de venta, y tasas de financiamiento carísimas.

El Banco Central ya anunció que mantendrá las tasas de interés al menos al 60% hasta marzo, con buenas probabilidades de que se disparen a niveles más altos cuando el BCRA y el Tesoro deban renovar sus vencimientos de deuda sin emitir un solo peso de base monetaria.

Si las empresas siguen sufriendo pérdidas tanto por las menores ventas como por el financiamiento caro al que acceden, el mayor riesgo es que sobrevenga una ola de despidos y quiebras que profundicen aún más la crisis.

Sin dudas, es clave recuperar un régimen monetario y cambiario creíble, para poder estabilizar la crisis. El nuevo régimen es un ensamble único en el mundo.

Honduras y Nicaragua tienen un crawling peg con el dólar, Etiopía y Uzbekistán tienen metas de agregados monetarios con algo de crawl. Argentina es un invento nuevo, que presenta vulnerabilidades muy marcadas: el Banco Central está apostando a que el mercado acepte ir hacia el límite “bajo” de sus bandas de flotación del tipo de cambio.

Pero si primara una lógica especulativa, el sector financiero podría realizar muchas ganancias en el límite superior, forzando devaluaciones ante un BCRA que se ha auto-restringido su capacidad de intervención en ese caso. El FMI y el Banco Central han recalculado nuevamente la política monetaria y cambiaria de Cambiemos y ahora resta ver si (esta vez sí) se verifican sus previsiones.

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