INDAGATORIA

Correo Argentino: Aguad deberá declarar ante la Justicia

El juez Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y citó a prestar declaración indagatoria al ministro de Defensa, Oscar Aguad, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el acuerdo para condonar la deuda (más de $70 mil millones) con el Estado a la empresa propiedad de la familia Macri.

El juez Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y citó a prestar declaración indagatoria al ministro de Defensa, Oscar Aguad, en el marco de la causa del Correo Argentino. La cita es para el 28 de febrero próximo.

El pedido surge a raíz del accionar de Aguad como ministro de Comunicaciones, donde se lo señala por haber convalidado el acuerdo que intentó condonarle la deuda (más de $70 mil millones) con el Estado a la empresa propiedad de la familia Macri.

El actual ministro de Defensa deberá presentarse a declarar en calidad de indagado, junto a otros funcionarios, en la causa donde se investigan delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

En la causa también está imputado el presidente Mauricio Macri, pero fue el único que no recibió un pedido de citación.

"En virtud de los fundamentos expuestos, considero que existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones de la Nación y el Correo Argentino SA, que motivó el inicio de la presente investigación, fue espuriamente concebido y a la vez que buscó beneficiar a la empresa concursada y comprometió abusivamente al Estado nacional que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción de un crédito legítimo y para entonces negado hacía aproximadamente quince años", dijo el fiscal en su fundamentación.

Y concluyó: "Según quedó evidenciado a largo de esta presentación, la concertación de voluntades cuestionada, por la que deberán dar explicaciones las personas involucradas, fue en buena medida posible por la existencia previa de un desnaturalizado trámite concursal que ciertamente sirvió de contexto para que intereses particulares se colaran en el proceso de toma de decisiones gubernamentales en detrimento de la administración pública. Ese mismo escenario permitió que los funcionarios públicos cuya intimación se propicia se movieran con la libertad de quien encuentra solución a una controversia que parecía no tener fin, seguramente alentados por la impunidad que, en el contexto de un inexplicablemente prolongado y engorroso trámite —aunque también complejo— creyeron garantizada".

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