GRIETA EN LA GRIETA

Fundraisers: Principal fuente 'piantavotos' de Cambiemos

El término 'fundraisers' significa 'recaudadores de fondos', y acaba de ser traído a la agenda política por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, durante una reciente entrevista publicada en la revista "Noticias de la Semana": él se refería a los cobradores de contribuciones para una gestión pública. En realidad, se trata de una política inculcada dentro del gobierno para exacerbar la percepción de los tarifazos e impuestazos que se han ido imponiendo a la ciudadanía, a fin de sostener la formación de cuadros estatales que se incorporaron con el propósito de arbitrar privilegios que alcanzan a una red pública y privada de la que, en general, provienen. El crecimiento neto del empleo público y sus remuneraciones desde 2015 lo corrobora. La presión tarifaria, tributaria y fiscal territoriales se ha ido extremando hasta llegar a la intimidación. Usuarios y contribuyentes que se sienten en inferioridad de situación frente a los poderes que acosan sus monederos para sostener el desigual reparto de las cargas, ¿irán a depositarles su voto porque el PBI haya caída medio punto menos o la inflación sea al momento de la elección del 40 en vez del 50% anual con que cerró 2018? Los análisis con que se pretende justificar la estrategia de polarización en los comicios para Presidente que lleva a cabo Cambiemos no tienen en cuenta que cada usuario-contribuyente-ciudadano son una misma persona, que ha venido siendo expoliada por la voracidad de los fundraisers gubernamentales y a la que ahora se intenta que se resigne a elegir de qué lado de la supuesta grieta quiere ubicarse, cuando la prosaica sensación de que no se llega a fin de mes embarga a la mayoría de la población.

Difícilmente Joaquín Morales Solá haya estado arriba de un transporte público el sábado 12/01, antes de escribir la columna dominical que firmó en La Nación el domingo 13/011 y en la que justificó una prematura polarización electoral entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, tal como la imaginan los propios protagonistas directos, de uno y otro lado, si bien incluyó a Sergio Massa en la conversación.

Los 4,6 millones de pasajeros diarios que viajan en colectivo por el área metropolitana no tuvieron más remedio que desembolsar $15 sólo por un tramo mínimo, y el martes el subte se va a $15,50 para el 1,3 millones de usuarios que lo toman por día.

Y no será sólo el desamor de una noche de verano para cada viajero-contribuyente-ciudadano-elector, sino que en los dos meses siguientes la tarifa del transporte habrá crecido casi 40% y quienes tengan un poco más de memoria y se remitan a enero de 2018, registrarán que habrán de pagar en marzo el triple más.

Cada quien mide este costo con sus ingresos, pero si la referencia fuera el salario mínimo, vital y móvil (aun desactualizado como está) la incidencia del transporte alcanzará un 6,7%, cuando al inicio del año pasado era de 2,8%.

No falta mucho para que la clase social que necesita trasladarse diariamente por el trabajo u otras ocupaciones y no dispone de auto ni de moto, deba afrontar que el boleto se le vaya a $18 y el pase de subte a $21.

Servicios públicos como el agua, la luz, el gas; las expensas, prepagas, colegios privados, los incrementados impuestos nacionales, provinciales, municipales, configuran un cuadro de exacción que se viene repitiendo y reciclando desde que la Administración Cambiemos añadió a los tarifazos con que empezó la inercia inflacionaria, que el año pasado desembocó en un IPC lanzado al 50% anual. O sea, practica una inflación indexada

De ahí que al utilizar la carrera precios-salarios como herramienta para asignación de recursos, la indexación que generó se convirtió en motor que robustece y le da velocidad a la inflación.

El análisis macroeconómico cuenta poco y nada en el ánimo popular proyectándolo a una elección presidencial para la que falta bastante: un leve rebote en la actividad o un ajuste salarial de paritaria en el contexto inflacionario actual no son suficientes para compensar el saqueo cotidiano que sufren los bolsillos de las mayorías, las que difícilmente estén ahora en situación de contestar prematuras encuestas, telefónicas o por mail, que sólo son de interés para profesionales de la política y especuladores.

El tema excede humores, como se pretende instalar desde el marketing político.

Garbanzos de menos

La sociedad, en general, está avisada de que el elenco gobernante, lejos de cuidarle los garbanzos, se los acecha. Que no le tiembla el pulso para descargar furibundos aumentos superiores a los 3 dígitos (como hizo con los servicios públicos y los tributos de diversa índole) a las cuentas que debe pagar una ciudadanía que viene más de un dígito atrasada en esa desigual competencia, a la que la recesión y los crecientes problemas de empleo le imprimieron el aditamento del miedo.

¿Podrá medio punto menos de caída del producto o que la inflación ceda una pizca hasta octubre torcer el rumbo de una reprobación casi general a esta gestión y a quienes son sus ejecutores? El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió que quedaba poco tiempo para demostrar.

¿Que aún faltando medio año no se distinga una alternativa viable a la decretada grieta significa que ya no hay escapatoria electoral, como se sugiere en los sesgados análisis macristas y kirchneristas? Fuegos artificiales con que se pretende entretener al círculo rojo apuntan en dirección a abortar intentos.

La oferta económica oficialista a partir del 2do trimestre, ya materializados los tarifazos concentrados en el primero, no podrá depender del derrame de cosechas ni de actividad minera, sino de una percepción directa de bienestar del grueso de la población que, más que de los comentarios macroeconómicos, surgirá de un prosaico medidor de los ingresos: su alcance para llegar a fin de mes.

Es cierto que una tranquilidad cotidiana del dólar ayudaría a mantener en calma a la opinión pública y evitaría incertidumbres y remarcaciones preventivas de precios, pero no menos digno de considerar es que la clase gobernante asumió que dispone de herramientas informáticas y de un ejército de burócratas para presionar sobre contribuyentes y usuarios a fin de no perder su cada vez mayor tajada en la capacidad de gasto de las personas.

Si la factura de servicios públicos ya ocupa la cuarta parte de una remuneración media, el transporte público se llevará el equivalente al 6,7% de un salario mínimo, la presión impositiva es una de las más elevadas de la historia y la tributación, tanto provincial como municipal, ya avanzó sobre los patrimonios personales, la agresividad para ejecutar las cobranzas oficia de llave de paso y se incrementa progresivamente:

-Arba obtuvo facilidades judiciales para embargar a los deudores y remite a los contribuyentes atrasados del inmobiliario provincial, luego de haber revaluado arriba del 1.000% en un año la gabela a percibir, a un apoderado fiscal que actúa con inusual celeridad y agrega sus honorarios a cada cuenta,

-los municipios bonaerenses aplican en refinanciaciones de cuotas vencidas más del 5% mensual de interés;

-el repiqueteo de la intimación que lleva a cabo AFIP por los cruces informáticos ha propiciado 130 mil planes de pago permanentes, más 40 mil denominados puentes, si bien, como reconoció el titular del organismo, Leandro Cuccioli, se llega a un límite cuando muchos contribuyentes quieren pagar y no pueden;

-empresas de servicios públicos, como Edesur, apelaron al Veraz para amedrentar a los que no podían pagar en término facturas con los tarifazos siderales que contienen.

Nación, provincias y municipios, en general, coincidieron en hacer el ajuste fiscal por el lado de los ingresos, antes que por cortar gastos. Está Buenos Aires, que subió el inmobiliario 38%. Todo lo contrario, desde 2015 incorporaron más personal y mejor remunerado que el cesanteado, pero que además inculcó tras los mostradores estatales una voracidad cobradora que acabaron vinculándola a la propia supervivencia de los agentes públicos.       

Pero como los que parten y reparten se quedan con la mejor parte, como asegura un viejo dicho, esta cultura de la expoliación hacia los ajenos impuesta por las élites que ganaron espacio en las administraciones permite diseñar e implementar la política fiscal en beneficio propio y del conjunto de redes y contactos poseían por fuera de la política, aunque a costa del bien común, según lo describe Gabriel Vommaro en su último libro “La larga marcha de Cambiemos”.

En ese sentido, en una reciente nota de opinión, el colega Marcelo Zlotogwiazda puso en duda que sea exagerada la presión impositiva del 26,2%, que casi se duplica para los que no son evasores, ni morosos, ni elusores, y es porque son muchos los que no pagan lo que les tocaría.

Tira el ratón: habiendo más de 20 millones de personas en edad activa y un promedio salarial inferior a los $30.000, ¿cierra que apenas 1,9 millones pague Ganancias, al superar su ingreso mensual los $38.000?

En la nómina de ejecutivos que blanquearon arriba de los $60 millones, filtrada desde adentro de la AFIP, figuran muchos vinculados con el poder económico, en el área que intercomunica a los que trabajan en y con el Estado.    

Asimismo, las DDJJ presentadas por los funcionarios públicos en la Oficina Anticorrupción, que conduce Laura Alonso, documentan en sus balances de 2017 que acumularon píngües ganancias mientras estaban abocados a los asuntos de Estado.

Por ejemplo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuvo un llamativo salto patrimonial del 278%, al pasar de $1.574.660 en 2016 a los casi $6 millones del año pasado. Declaró $3,3 millones más que en el 2016 de una caja de ahorro en dólares, según informó Infobae.

El ranking sigue encabezado por Nicolás Dujovne, que posee casi $97 millones en total. El top 3 lo completan Rogelio Frigerio con 19 millones y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, que cuenta con más de $18 millones.

Pese a manejar el savon, como en los juegos de naipes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, figura con un exiguo patrimonio de $650 mil.

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