CASANELLO, APARTADO

Aportes truchos: A pedido de Cambiemos, se cae una causa penal

El juez de la Cámara Federal, Martín Irurzun, apartó la causa de 'aportantes truchos' de Cambiemos en la campaña electoral de 2017 en la provincia de Buenos Aires de las manos del juez Sebastián Casanello y derivó la misma al fuero electoral. Esto implica que se anula una de las investigaciones por presunto lavado de dinero y dádivas contra el oficialismo, ya que un magistrado electoral no tiene competencia para avanzar sobre delitos penales y sólo puede enfocarse en irregularidades electorales. Cambiemos había pedido que toda investigación sea concentrada en el fuero electoral y así anular cualquier expediente en su contra por delitos penales, cuyas consecuencias legales serían de mayor gravedad.

El juez de la Cámara Federal, Martín Irurzun, apartó la causa de 'aportantes truchos' de Cambiemos en la campaña electoral de 2017 en la provincia de Buenos Aires de las manos del juez Sebastián Casanello y derivó la misma al fuero electoral.

El magistrado ordenó enviar el expediente a la Justicia Electoral de La Plata y de esta manera anuló una de las investigaciones por presunto lavado de dinero y dádivas contra el oficialismo. Cabe destacar que un juez electoral no tiene competencia para avanzar sobre delitos penales y sólo puede enfocarse en irregularidades electorales.

De este modo,  sólo queda en pie una investigación penal contra los responsables de la recaudación de la campaña 2017 en territorio bonaerense. Se trata de la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak en el fuero penal federal de La Plata. Sin embargo, este expediente también corre riesgo de cerrarse, ya que la Cámara Federal platense debe decidir en la misma línea que Irurzun y todo puede terminar quedando en manos del juez electoral platense, Adolfo Gabino Ziulu.

El presidente del tribunal porteño dijo en su escrito que la investigación por lavado no podía seguir en manos del juez Casanello debido a la territorialidad, ya que la causa se centraba en una campaña en territorio bonaerense y no porteño. Fue el fiscal federal Carlos Stornelli quien realizó el mismo planteo que Irurzun y quien presentó, con el apoyo del fiscal general Germán Moldes, la apelación ante la Cámara Federal, ante la negativa de Casanello de desprenderse del expediente.

En su escrito, Irurzun también dijo que el argumento sostenido por Casanello para defender la continuidad de su causa “no alcanza”. El juez de primera instancia había sostenido que las identidades utilizadas por los recaudadores para blanquear aportes de origen ilícito podrían provenir de organismos del Ejecutivo Nacional, ya que se trata de beneficiarios de planes sociales bajo la órbita de ANSeS y el Ministerio de Desarrollo Social.

Recordemos que Cambiemos había pedido que toda investigación sea concentrada en el fuero electoral y así anular cualquier expediente en su contra por delitos penales, cuyas consecuencias legales serían de mayor gravedad.

En las causas de los jueces Casanello y Kreplak hay pruebas y testimonios que avalan que Cambiemos utilizó aportantes falsos para blanquear aportes de campaña legislativa de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Buscan determinar el verdadero origen del dinero que utilizó el oficialismo para financiarse, y cómo los responsables de esta recaudación obtuvieron las listas de aportantes falsos.

La mayoría de los casos ya probados incluye a miembros de cooperativas de trabajo y beneficiarios de planes sociales, como reveló El Destape, y trabajadores del Estado y empleados de empresas proveedoras del Estado, como reveló Perfil.

De hecho, hasta personajes conocidos figuraban como aportantes, sin haberlo sido. Tal es el caso del intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, quien negó haber aportado $50.000 a Cambiemos para la campaña electoral 2017, pese a que su nombre aparece en un listado de aportantes privados de ese espacio político que elaboró la Cámara Nacional Electoral.

“No aporté ningún centavo a nadie”, había asegurado.

Otro que aparecía como aportante pero negó haberlo hecho fue Ramón Ayala, titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE): "yo no puse un peso, no hice ningún aporte económico". Y agregó: “Me estoy enterando por radio que figuro como aportante a la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich”.

También Darío Lopérfido negó haber aportado los $30 mil que figuran a su nombre. Lo mismo Federico Rodolfo Zoccali, funcionario judicial de la ciudad de Mercedes, quien se presentó en la Justicia para denunciar que su nombre figura en la lista de aportantes pese a que nunca contribuyó a ninguna campaña. Cabe destacar que, por ley, los funcionarios judiciales no pueden ser aportantes. Y hasta la periodista Nancy Pazos denunció que su papá aparecía en el listado.

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