La Nación hace causa común con Clarín y dispara contra Marquevich

El 17 de diciembre de 2002, Ernestina Herrera de Noble, la directora del diario Clarín, fue detenida por orden del juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, luego que se descubrieran irregularidades en los expedientes de adopción de sus hijos. El 26 de marzo de 2003 el Dr. Marquevich fue apartado de la causa en la que se investiga a la directora de Clarín cuya defensa ganó la recusación del magistrado por dos votos contra uno. Desde el multimedios de la señora Noble se ataca sistemáticamente al juez Marquevich para lograr su juzgamiento. Hoy La Nación se "solidariza" con Clarín y ensaya una defensa de Noble argumentando –entre otras cuestiones- que el juez "no satisfecho con su detención, la difundió en una verdadera campaña mediática, inconciliable con su función, además de transmitir información no fehaciente".

U24 reproduce parte de una crónica publicada por Diariosobrediarios en referencia al caso Noble y a continuación la editorial del día de hoy del diario La Nación que se encolumna tras Clarín en su ataque al juez Marquevich:

El 17 de diciembre de 2002, Ernestina Herrera de Noble, la directora del diario Clarín, fue detenida por orden del juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, luego que se descubrieran irregularidades en los expedientes de adopción de Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera, los hijos de Ernestina que hoy tienen 27 años.

La causa penal contra la empresaria se inició a partir de una denuncia presentada a principios de 2001 por la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto. En dicha presentación se solicitaba al juez que investigara si ambos jóvenes eran hijos de padres desaparecidos durante la última dictadura militar.

En un comunicado difundido el mismo día de la detención, Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), la empresa editora de Clarín, calificó de "abusiva la detención de la señora Herrera de Noble". La decisión de Marquevich, naturalmente, fue cuestionada con dureza desde todos los medios del grupo que comanda Ernestina.

# Así empezó

La señora Ana Elisa Feldman de Jaján presentó en 1995 su primera denuncia contra la directora de Clarín por la apropiación de ambos menores. La causa fue a dar al Juzgado Federal N. 1 de San Isidro, cuyo titular era Roberto Marquevich. La señora de Jaján, en realidad, era movida por una disputa: su marido, Emilio Jaján, mantuvo durante años con Ernestina Herrera de Noble una controversia económica que finalmente perdió. También el ex dirigente nacionalista - supuestamente ligado a servicios de inteligencia Guillermo Patricio Kelly -tomó cartas en el asunto, y salió a decir en los medios que los chicos de la directora de Clarín eran hijos de desaparecidos.

Las Abuelas decidieron entonces presentar una denuncia, y como la jurisdicción era San Isidro fueron a ver al Dr. Marquevich para comunicarle su intención de abrir una causa.

Junto con las Abuelas y a medida que la investigación avanzó, se sumaron a la causa como querellantes las familias que reclaman su interés por la identidad de los dos chicos. Son las familias Lanuscou-Miranda y García-Gualdero. Roberto Lanuscou, su mujer Bárbara Miranda y dos de sus hijos fueron asesinados por el régimen militar en un ataque a su casa de Acasusso, en 1976. Una tercera hija, Matilde, todavía es buscada hoy por las Abuelas de Plaza de Mayo. Y familiares de la niña sospechan que Marcela Noble Herrera podría ser aquella niña.

# La detención

Con todos estos elementos, el juez Marquevich decidió detener a Ernestina Herrera de Noble por "falsedad de documento público en dos oportunidades, falsedad ideológica en dos oportunidades, uso de documento público falso e inserción de datos falsos en un expediente civil", en una causa caratulada como "supresión de identidad y presunta falsedad de datos filiatorios". El magistrado dispuso, además, que se realicen dos análisis de ADN compulsivos a los hijos de la directora de Clarín.

A los dos días la Cámara Federal de San Martín dispuso que se suspendiera la realización compulsiva de los estudios de ADN a los dos hijos de Ernestina Herrera de Noble. La sala II de la misma Cámara ordenó luego la liberación de la señora de Noble, al revocar la denegatoria de la excarcelación que había resuelto el juez Marquevich.

El 9 de enero Marquevich procesó a la directora de Clarín y embargó sus bienes hasta la suma de 1.000.000 de pesos.

La defensa de la directora de Clarín se basó en una discrepancia de fechas para afirmar que no existe vínculo alguno entre las dos familias querellantes con Felipe y Marcela.

# La recusación

El 26 de marzo de 2003 el Dr. Marquevich fue apartado de la causa en la que se investiga a la directora de Clarín. La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, y la causa quedó entonces en manos del juzgado federal 2 de San Isidro, que lo seguía en turno, su colega Conrado Bergesio. Los camaristas Horacio Prack y Alberto Mansur entendieron que el juez actuó "sin mesura" al disponer la "injusta detención" de la empresaria, y que fue "mendaz" cuando negó haber brindado información a la prensa sobre el caso.

Diez días después la defensa de Noble ganó la recusación por dos votos contra uno.

# La Nación se "solidariza" con Clarín. Editorial del día 20 de mayo de 2004

Siempre que la democracia se ve ante la necesidad de juzgar a un juez para considerar su remoción por los métodos y procedimientos que la ley y la Constitución aseguran, nos enfrentamos a un hecho no deseado, a una suerte de incongruencia del sistema: los magistrados son nombrados para permanecer en sus cargos mientras dure su buena conducta. Al mismo tiempo, es esencial al buen funcionamiento de las instituciones que éstas aseguren mecanismos idóneos para remover a los jueces que no honren su investidura, resguardando el adecuado ejercicio de su derecho de defensa.

El Consejo de la Magistratura debe juzgar al doctor Roberto Marquevich, un juez frecuentemente criticado desde estas columnas, que se ha hecho notar por diversos e irregulares procedimientos judiciales con un estilo a nuestro juicio poco compatible con su función de juez imparcial.

Se lo acusa en esta ocasión de haber detenido arbitrariamente a la señora Ernestina Herrera de Noble en un procedimiento vinculado con la adopción de sus hijos. En dicha causa, el juez detuvo y denegó la excarcelación, a pesar de aconsejarla el dictamen fiscal, a una persona de 77 años que padecía de diabetes bajo tratamiento con insulina, que no generaba peligro alguno para la sociedad, y a quien acusó de "perversidad" en su supuesta acción delictiva. Negó también la prisión domiciliaria de la investigada cuando le hubiese correspondido y demoró la resolución del caso, prolongando la detención. Por lo demás, toda hipótesis de fuga era descabellada. No satisfecho con la detención en cuestión, la difundió en una verdadera campaña mediática, inconciliable con su función, además de transmitir información no fehaciente.

La Cámara de Apelaciones de San Martín ordenó la inmediata libertad de la detenida y consideró su detención como una "actitud intolerable y de manifiesta parcialidad". Además, el juez negó al tribunal haber mantenido contactos periodísticos que luego fueron acreditados como ciertos. Esta actitud, seriamente cuestionada por su superior, generó la presunción de que existía un interés particular en la causa por parte del magistrado. Se lo consideró incurso en prejuzgamiento, pero no por un simple error o anticipo de opinión, sino porque sus expresiones y su acción en la detención develaban que tenía una intencionalidad y una decisión tomada, cualquiera fuera el motivo que lo impulsaba.

Este magistrado, sobre quien pesaron más de una docena de proyectos de juicio político, además de una denuncia de una fiscal federal por haberle allanado sus oficinas, fue también mencionado en relación con el caso Cabezas. Durante su investigación se determinaron llamadas entre los teléfonos del juzgado de Marquevich y los de la secretaria de Alfredo Yabrán, Esther Rinaldi; del jefe de la custodia del empresario, Gustavo Ríos, y de la empresa Yabito, propiedad de Yabrán, cuya amistad con el juez fue ratificada por testigos.

También se lo investigó por irregularidades en la causa sobre el atentado contra el entonces fiscal Pablo Lanusse y en la del más que sospechoso suicidio del brigadier Etchegoyen. Cuestionado en la investigación de las causas Strawbery y Café Blanco, sobre narcotráfico, fue también impulsor de dudosos procesos con detenciones insuficientemente fundadas contra directivos de empresas por problemas ambientales o por contrabando, además de haber sido investigado en sumarios de superintendencia por irregularidades en su juzgado con relación a bienes y fondos que estaban bajo su custodia.

El magistrado cuya conducta se juzga se encuentra suspendido en sus funciones. Sin embargo, concurre a su juzgado haciendo caso omiso de dicha suspensión, lo cual también constituye una falta grave y una desconsideración hacia sus superiores.

La máxima que indica que no basta con ser sino que hay que parecer es especialmente adecuada cuando se trata de un juez. Pero cuando se acumulan tantas irregularidades, sólo cabe el juzgamiento y, en la medida en que sea procedente, la imposición de la condigna sanción.

Con información de: www.diariosobrediarios.com
www.lanacion.com.ar

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