OTRA VEZ EL SANTANDER BAJO LA LUPA

Anticorrupción española investiga a Emilio Botín por dinero no declarado desde 1936

No es la primera vez que ni Emilio Botin ni el Grupo Santander se encuentran bajo alguna investigación. En esta ocasión, el presidente de Banco Santander, junto a 11 miembros de su familia es investigado por ocultar cuentas en Suiza a la Agencia Tributaria española. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra el banquero, su hermano Jaime, 5 de sus hijos, entre ellos Patricia, y otros 5 sobrinos.

Emilio Botín y 5 de sus hijos, entre ellos la expresidenta de Banesto y dirigente del Santander en Reino Unido, Ana Patricia Botín, así como su hermano, Jaime Botín ( Bankinter), y también 5 de sus hijos, aparecían entre los 659 contribuyentes españoles que ocultaron más de € 6.000 millones en la filial suiza del banco HSBC, el HSBC Private Bank.

Según fuentes próximas a la familia Botín, el origen de ese patrimonio en Suiza se debe a la huida del padre del actual presidente del Banco Santander a ese país en 1936, cuando acababa de estallar la Guerra Civil española y fue cesado de sus cargos en la entidad financiera.

Durante su estancia en Suiza, Emilio Botín Sanz de Sautuola y López abrió una cuenta a la que trasladó parte del patrimonio familiar y creó una fundación para que lo administrara, que no ha recibido aportación de los herederos desde el fallecimiento del empresario en 1993.

A raíz de que la Agencia Tributaria requiriera información en 2010 al fallecido Emilio Botín Sanz de Sautuola y López por la información recibida del "caso HSBC", el presidente del Banco Santander, su hermano Jaime y sus respectivos hijos procedieron a regularizar las declaraciones. 
 

Aunque todos ellos han pagado en total € 200 millones tras regularizar su situación fiscal de los ejercicios 2005 a 2009, Anticorrupción les ha denunciado porque la Agencia Tributaria no ha podido terminar de comprobar que las declaraciones complementarias presentadas el año pasado fueran "completas y veraces" y el próximo 30/06 prescribían los posibles delitos cometidos por las correspondientes a 2005.
 
La regularización surge del requerimiento que en mayo de 2010 hizo la Agencia Tributaria a 659 contribuyentes tras ser alertada por las autoridades francesas sobre personas con fondos no declarados en la filial del HSBC en Suiza (esos datos fueron robados por un exdirectivo, lo que ha generado problemas en Francia en la persecución penal de los presuntos defraudadores).
 
Anticorrupción decidió denunciar los hechos ante la inminente prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Se les acusa de no declarar entre los ejercicios de 2005 y 2009 todos sus haberes en esas cuentas de HSBC Private Bank Suisse.
 
La investigación comenzó a raíz de una información de las autoridades francesas alertando de la posibilidad de que Botín y familia no hubiese presentado las autoliquidaciones del IRPF y el impuesto sobre el Patrimonio de estos 5 años. Francia tuvo conocimiento de estos datos por la filtración de un banquero suizo de la existencia de cuentas secretas de miles de personas.
 
En el caso de Botín, sus cuentan datan de 1936, con la titularidad del padre o abuelo de los ahora denunciados. Con el tiempo, los miembros de la familia se fueron sumando a estas cuentas pero nunca antes habían sido declaradas hasta que la Agencia Tributaria le puso en conocimiento. Ante esta información, los Botín realizaron unas declaraciones complementarias, reconociendo todos estos bienes.

Sin embargo, la Agencia Tributaria no es capaz de analizar la “ingente” documentación remitida por la familia en julio de 2010 y en abril de este año decide enviarlo a la Fiscalía Anticorrupción para que compruebe si las regularizaciones realizadas han sido “completas y veraces”.

 
El Ministerio Público también se ve incapaz de analizar las declaraciones complementarias en el plazo de un mes, antes de que prescriba el delito relacionado con el año 2005, el día 30 de este mes. Los denunciados enviaron datos de bienes, derechos y rentas del patrimonio histórico de la familia desde 1993, fecha en que fallece el padre de Emilio Botín.
 
Paralizar el plazo de prescripción
 
La Fiscalía presenta la denuncia ante la Audiencia Nacional para que paralice el plazo de prescripción y así se pueda analizar toda la documentación remitida al Servicio de Inspección de la Hacienda.

En su informe, dice que “la documentación a examinar se puede prever como ingente y en gran parte en inglés y francés, no siendo baladí adelantar, como ya anuncian los declarantes en sus escritos, que no siempre podrá ser completa y totalmente fehaciente, cuando no escasa e inexistente (sobre todo la relativa al periodo 1993-2004)”.

 
Toda esta dificultad inicial, unida a la “complejidad” de las estructuras patrimoniales, “creadas al socaire de los hechos ahora regularizados”, “imposibilita”, dice Hacienda, emitir un juicio de valor sobre la documentación aportada.

A la complejidad se le añaden los distintos activos y cuentas corrientes vinculadas y al elevado número de contribuyentes comprendido en las actuaciones, algunos de los cuales han manifestado no ser conocedores de los hechos.

 
El juez Andreu ha nombrado a 2 peritos destinados en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria para que se dediquen en exclusiva a analizar toda la documentación y corroborar si efectivamente las regularizaciones realizadas por los Botín son completas.

En ese caso, la causa quedaría archivada porque no es punible declarar a posteriori bienes previamente ocultados, según recoge el artículo 305 del Código Penal.

 
Se trata, como bien dice el auto del juez, de una denuncia interpuesta “a prevención” de que la regularización practicada por los denunciados “no fuese correcta”.

“Lo cierto es que se produjo una regularización, mediante declaraciones complementarias extemporáneas, que podrían suponer el reconocimiento de un incumplimiento de las obligaciones tributarias”,

recoge el escrito.

Por cierto, unas complementarias realizadas de los ejercicios 2005 a 2009 por todos los ahora denunciados, excepto Jaime Botín, que no presentó la del último año porque la declaración le salió “a devolver”.

 
En su auto, el magistrado apunta que ante la incapacidad de la Agencia Tributaria para analizar toda la información “este Juzgado Central de Instrucción debe asumir la competencia para el conocimiento de tales hechos, dada su entidad, gravedad y complejidad, sin perjuicio de lo que en un futuro finalmente pueda determinarse a la vista del resultado de las actuaciones que deben llevarse a cabo”.

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