Santiago tiene sus patas arriba, tanto que ahora 36 ex magistrados se aprestan a contragolpear, luego de su remoción, alegando que la intervención federal olvidó sus derechos humanos, impidiéndoles a ejercer una decorosa defensa.

Claro, para entenderlos antes sería bueno recordar los argumentos de su caída:

A) Mal funcionamiento del Poder Judicial debido a que muchos de sus integrantes no demostraron independencia frente al sistema político, violentando así principios básicos del sistema republicano de gobierno.

B) Mora judicial en los procesos; falta de garantías para las partes; incumplimiento de las normas legales. Todo derivó en una negación de justicia, inaceptable para los preceptos de la Constitución nacional.

C) La impunidad consagrada, desnaturalizó las garantías que todo magistrado debe asegurar a los ciudadanos para que éstos se encuentren bajo el amparo de la justicia. Los derechos de acceso a la justicia de un proceso justo resultan aniquiladores frente a toda inacción u omisión intolerable.

D) Numerosas denuncias en contra de magistrados. Algunas, en trámite frente al Consejo de la Magistratura que revisten entidad suficiente como para justificar su cesantía.

** Realidad opuesta

Ahora los ex jueces conjeturan que los federales se pasaron de la raya y que les aplicaron la roja sin permitirles –siquiera- defenderse, dentro de las reglas de juego fijadas por las normas vigentes.

De acuerdo a su real saber y entender, todas las acusaciones fueron genéricas y gritan que al alejarlos de la justicia, se violentó una colección de preceptos constitucionales y tratados internacionales: arrancan con la Constitución Nacional; continúan con el Pacto de San José de Costa Rica; la Declaración Americana de los Derechos del Hombre; la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Por otra parte, atacarán la situación de la flamante vocal del Superior Tribunal de Justicia, Ana María Careaga: se trata de una funcionaria que en 1998 habría sido inhabilitada para ejercer cargos públicos, pos juicio político realizado en San Luis.

Para la nueva gestión, se trató de una mera jugada política y en consecuencia –interpretan- no hay traba alguna para que trabaje en Santiago porque "pesa sobre ella el principio de inocencia, ya que la sentencia del jury no está firme".

Bueno, los ex magistrados se aferrarán a esta consigna para reclamar ante el Juzgado Federal el reintegro de los cargos y millonarios resarcimientos.

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De la redacción de malvenidos.com.ar