Mendoza: Los trabajadores estatales no entienden: o precio o calidad

Impresionante crecimiento de la dotación de personal público en Mendoza, superior a la tasa de crecimiento demográfico. ¿Cómo se financia el aumento de cantidad si, además, los estatales provinciales quieren un aumento de sus salarios sin que los contribuyentes hayan gozado de un enriquecimiento proporcional?

Mendoza (Especial para Edición i). Los gremios estatales decidieron un plan de lucha que culminará con un paro general de actividades. Reclaman un aumento salarial de emergencia de $ 300, la incorporación de los contratados y que no se modifiquen los estatutos por sector.

El gobernador Julio Cobos endureció su postura: "Que hagan lo que quieran; se le va a descontar a todo el que haga huelga".

En parte, Cobos tiene razón: los estatales no se hacen cargo de la explosión de personal que ha tenido el Estado provincial, muy superior a la tasa de crecimiento demográfico. O sea: habría que conceder un aumento proporcional a los despidos que otorguen los diferentes sindicatos.

En la asamblea de delegados se denunció que hay 5.000 personas, aproximadamente, que trabajan con contratos de locación. Pero nadie se hizo cargo de otro dato que los presentes escucharon de boca de sus dirigentes: la planta de personal aumentó de 58.000 (2003) a 60.854 agentes (2004). Desde 1996 saltó de 51.000 empleados a 60.854, sin contar los contratos de locación de servicios (tercerización de empleo), que de $ 10 millones pasaron a $ 50 millones. El presupuesto provincial no da más.

Pero los asambleístas no entendieron razones: "El aumento que ofrece el Gobierno a los sueldos de $ 500 no nos sirve. No es lo que estamos pidiendo", dijo Víctor Hugo Dagfal, un personaje patético que lidera a los autoconvocados.

Un ejemplo de las restricciones severas dictadas por la realidad lo planteó el comisario inspector Juan Antonio Rivero, responsable de la Distrital Sur, que incluye a los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael. Cuenta con 920 efectivos y del total del parque de vehículos (autos, camionetas, motos y bicicletas) el 30% se encuentra "roto, fuera de servicio o en reparación". ¿Cómo se garantiza la seguridad en esas condiciones?

Sin embargo, resultaría injusto ignorar que el Gobierno hace esfuerzos. Por ejemplo, la apertura de la Comisaría 48, para descomprimir la enorme jurisdicción que debía atender la seccional 11ª de Luján de Cuyo, a la que le dieron un moderno edificio de 180 m2 y dos plantas, sistemas de comunicación, dos movilidades, una moto, por ahora, y 30 efectivos, que no salieron de otra dependencia, sino que provienen de las primeras camadas de egresados del instituto policial.

Así fue el regreso de Julio Cobos de la Cumbre de Guadalajara, México, a la que concurrió invitado por el Presidente pero Néstor Kirchner no participó porque guardó cama. Cobos regresó a la provincia a negociar una tregua en varios conflictos. Dicen que el estilo dialoguista del gobernador se desvanece cuando delega la gestión en algunos de sus ministros.

Cobos tiene un equipo ministerial llamativamente pobre, con excepción del vicegobernador, Juan Carlos Jaliff. Pero, ¿qué se puede negociar frente a la desubicación que exhiben los líderes de los estatales?

En cuanto a Jaliff, se desgastó, con torpeza, cuando intentró frustrar, y fracasó, la adhesión de los senadores provinciales oficiales a los proyectos de endurecimiento de procesos y condenas que promovió Juan Carlos Blumberg. Jaliff terminó culpando –dicen- a la escasa autoridad de Sergio Bruni como jefe del bloque UCR. Pero no fue un problema de autoridad sino de carencia, por parte de Cobos, de una política de seguridad alternativa.

En tanto, los habitantes de la ciudad de Mendoza, y los distritos Godoy Cruz, Las Heras y Lavalle protagonizarán desde el 1º de octubre, el inicio de ejecución del nuevo Código Procesal Penal, con la incorporación de fiscales y auxiliares de Justicia en las comisarías para acelerar el proceso de investigación de los delitos. Luego ocurrirá en los departamentos de Guaymallén, Maipú y Luján.

La puesta en marcha de la reforma será en forma progresiva.

A la vez, el presidente de la Corte Suprema mendocina, Jorge Nanclares, acordó con las autoridades de la Legislatura, conformar una mesa de trabajo a fin de acelerar el tratamiento de un paquete de 34 leyes que buscarán hacer más eficiente el Poder Judicial de la provincia.

Nanclares dijo estar abierto a que se discuta el proyecto oficial para dictar la autarquía financiera del Poder Judicial.

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