Bochorno por la Ley Gasoducto que exhibe a Kirchner como lobbyista de Techint

A Techint no le basta con el perjuicio a la sociedad argentina que le provocó promoviendo la devaluación, la extraordinaria redistribución de riqueza que completó con la pesificación asimétrica. Ahora pretende hacerle pagar a los contribuyentes argentinos las ambiciones extraordinarias de Paolo Rocca con su Ley Gasoducto. Los izquierdistas dicen que éste es un "gobierno progresista".

El Congreso de la Nación aprobó ayer un bochorno para los contribuyentes argentinos, que tiene escasos antecedentes en la historia impositiva de la vapuleada República.

El Congreso, alegre para el desatino, aprobó una legislación para la devolucion de IVA y amortizacion acelerada de los bienes de Capital, justo cuando el titular de la Afip, Alberto Abad, hablaba de eliminar, con carácter retroactivo, exenciones impositivas para Perez Companc.

Ocurre que Techint tiene que importar bienes de capital, maquinas para fabricar máquinas, para hacer el gasoducto que le dio, por adjudicación directa -otro bochorno que alguna vez dará paso a alguna investigación judicial contra Néstor Kirchner aunque también habría que investigar a Paolo Rocca, ex Bigote Colorado-.

Para ello, los ejecutivos de Techint quieren amortizar, en vez de en 10 años, en 1 año, o sea enviar la compra a pérdida, con lo cual netean las ganacias extraordinarias, resultado de los subsidios básicamente obtenidos por la no suba de las tarifas.

No conformes con eso, los de Techint quieren que les devuelvan el IVA que se paga cada vez que se importa.

El tema es muy sutil y los legisladores oficialistas lo presentan como que asi van a existir inversiones, cuando en realidad con esas ventajas impositivas el que lo compra es el Estado y se lo queda Techint.

Es lo mismo que hizo Roberto Lavagna con el IVA cuando estaba Raúl Alfonsin en el Gobierno. Con la excusa de las inversiones regalan impuestos a los poderosos y vuelven locos a los pequeños contribuyentes. Una inmoralidad más de la Era K.

La presion tributaria es de 21 puntos del PBI, récord de la Afip, contra una contraprestación nula del Estado nacional, o muy deficiente.

Y el Gobierno K comienza a redistribuir en favor de sus amigos.

Alberto Natale, diputado demócrata progresista, se manifestó hoy en contra de los beneficios a la compañía. "Es increíble que este Gobierno pueda llevar esto adelante. Se adjudica una obra de más de mil millones de dólares. No tiene nada que ver con Santa Cruz, pero la obra la hace esa empresa, se le desgravan impuestos para que sea más barato, encima el Estado aportará dinero. Es un negocio escandaloso", declaró.

Además, contó que reclamó la presencia del ministro de Planificación, Julio De Vido, para explicar en la Cámara baja acerca de esa medida sobre el grupo: "Hemos pedido que venga a la cámara a dar explicaciones, pero De Vido mira para otro lado. Es contratación directa por mil millones de dólares", explicó.

En ese sentido, se quejó, en términos de que el Gobierno da "castiga a unos y beneficia a otros según su antojo".

El proyecto de ley de Diferimiento de IVA a las Inversiones y de Amortización Acelerada de Bienes de Capital recibió ayer dictamen de la Comisión de Industria de la Cámara baja con 46 votos. Pero la mayor parte de ese cuerpo -29 diputados- presentó objeciones, que se dirimirán sobre tablas.

En el centro está la resistencia del Congreso el proyecto diseñado a la medida de las necesidades de financiamiento del grupo Techint para la construcción del Gasoducto del Nordeste. El grupo que encabeza Paolo Rocca podría quedarse con al menos el 60% de los beneficios, de acuerdo con la redacción original de la iniciativa.

El texto que giró el Ministerio de Economía establece diferimientos de IVA a las compra de bienes de capital por un cupo de $700 millones. A la vez, facultará la amortización acelerada de inversiones, a efectos de aliviar la presión de Ganancias, por un cupo de $300 millones.

Los legisladores resisten que una sola empresa -Techint en este caso- pueda capitalizar los beneficios de una ley de promoción industrial.

La obra pretende canalizar la importación gas de Bolivia (Tarija) a través de 1.300 km de tuberías que llegarán hasta Rosario. El costo del proyecto es de unos US$ 750 millones, más otros US$ 250 millones que aportaría el Gobierno para cubrir los tramos menos rentables hacia poblaciones del NOA.

En el Congreso se calcula que, de los $700 millones que totalizarían los diferimientos de IVA, $500 millones serían absorbidos por el Gasoducto. La controversia surgida hace un mes se reavivó ayer, con diputados de todos los partidos reclamando que Economía modifique el texto para incluir explícitamente como beneficiarios, y entre otros sectores, a las Pyme y al sector rural.

"No hay problema en que se incentiven grandes emprendimientos pero ¿para qué acotar el alcance del beneficios si el Estado no tiene que pagar un costo fiscal? Démosle también la oportunidad a otros sectores, a los que tenemos que incorporar explícitamente, porque circularon versiones de un decreto reglamentario de (la Secretaría de) Industria en que claramente estos sectores quedaban afuera. Economía debería realizar ciertos cambios que darían mayor equidad", explicó a Infobae el presidente de la Comisión de Industria, Carlos Brown.

Por su parte, el diputado Alberto Natale (demócrata progresista, Santa Fe) fue más directo. "El proyecto, así como está, se orienta a grupos con gran capacidad de lobby; de otorgarse estos beneficios, deberían hacerse explícitos; si se fija en quiénes se beneficiaron de las políticas de promoción de los últimos, años verá que no llegaron a las Pyme", reclamó.

Ayer, el presidente, Néstor Kirchner, reclamó al Congreso la sanción del proyecto. "Esperemos que los señores legisladores aceleren el proyecto que hemos mandado para las nuevas inversiones como esta planta industrial" , dijo en la inauguración de una fábrica en Pilar.

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