La nueva Korte

POR JUAN CURUTCHET (*) Con la integración de la Dra. Highton de Nolasco empieza a tomar color la renovación de la Corte Suprema de Justicia alentada por el Presidente Kirchner desde que el 4 de junio de 2003 lanzó su anatema en cadena nacional contra la mayoría heredada del menemismo.

Si bien todavía se aguarda el desembarco de la Dra. Argibay, quien recién ingresará a la Corte en septiembre, cuando haya concluido con sus responsabilidades en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, los vientos de cambio ya se han hecho sentir.
Después de un año de indefiniciones la Corte volvió a pronunciarse en una causa del corralón. Se trató del caso de Gerónimo Cabrera quien, luego de retirar sus fondos bancarios a $1,40 sin formular reserva alguna, interpuso un amparo contra el Citibank para cobrar la diferencia con respecto al valor del dólar. El fallo, unánime, sigue una antigua doctrina que veda ir contra de "los actos propios". Cabrera, al retirar sus fondos a $1,40 y acogerse a la normativa pesificadora, no podía luego reclamar diferencia alguna.

El pronunciamiento no mereció mayores objeciones jurídicas. Sin embargo, los grupos de ahorristas y damnificados por la pesificación leyeron la sentencia como una provocación.

El Dr. Fabián Bergenfeld, abogado líder de los amparistas, denunció que el caso Cabrera es un amparo que llegó a la Corte en el 2004 "puenteando" 12.000 amparos anteriores que desde el 2002 y el 2003 están en la Corte a la espera de una resolución. Bergenfeld cree ver una intencionalidad política clara en la elección de esta causa en desmedro de las otras miles previas en donde se discute la constitucionalidad del corralito y la pesificación.

La tesis es que la Corte habría elegido como globo de ensayo, una causa donde el reclamo del ahorrista podía ser rechazado con fundamentos sólidos, para luego en los siguientes pleitos, decretar la constitucionalidad de las normas pesificadoras.
Esto explica la airada reacción de los ahorristas que, el martes 13 protagonizaron una ruidosa protesta en el Palacio de Tribunales, llegando a iniciar una fogata.

"Han hecho añicos la política de transparencia. No tenemos una democracia plena con una Corte que depende del Poder Ejecutivo. Ayer festejaron con champagne en el Ministerio de Economía", bramó Nito Artaza al día siguiente en un acto en el Club Español.

Con menos resonancia que el caso Cabrera, la Corte volvió a ser noticia el 14 de julio al dictar la Acordada Nº 28 que establece la figura del "amicus curiae" o amigo del tribunal, que permite las presentaciones de personas físicas o jurídicas que no sean parte en el pleito en los procesos "en los que se debaten cuestiones de trascendencia colectiva o interés general".

Para muchos esto es abrir una caja de Pandora. Para los ministros Fayt, Belluscio y Vázquez, que elaboraron una sesuda disidencia, la Corte no tiene facultades para dictar estas normas procesales.

Al parecer las causas donde se discute las leyes de Obediencia Debida y Punto Final continuarán esperando el desembarco de la Dra. Argibay.

Extraña paradoja la de este gobierno de Néstor Kirchner que, a la par que proclama una mejora en la calidad institucional y el fin de una Corte adicta, promueve una agenda judicial propia que incluye la inconstitucionalidad de las leyes de perdón, la aceptación de las normas de la emergencia del 2001/2 y la descriminalización de los actos de violencia cometidos en el contexto de protestas o activismo político o social. Zaffaroni y ahora Argibay, gustan erigirse en calificados voceros jurídicos de las posturas gubernamentales.

En abril pasado, el locuaz Zaffaroni descalificó la cruzada del Ing. Blumberg; ahora el binomio salió a defender la inacción oficial ante el ataque a la Legislatura porteña.

Tampoco es prescindente el Gobierno respecto de la actuación de magistrados de otras instancias. Veamos sino el caso de la Dra. Crotto cuya orden de desalojar la comisaría Nº 24 de la Boca fue refutada por el Ministerio de Justicia. O del Fiscal Federal Stornelli, vituperado por haber iniciado una investigación sobre un complot denunciado por el propio Presidente.

¿Qué duda cabe que parte de la inacción judicial frente a los desbordes piqueteros se debe al temor a la represalia pública y privada del Gobierno?

El juicio político a Adolfo Vázquez parece haber recomenzado. Su remoción importará la designación por Kirchner de un cuarto Juez en tan sólo un año. Nuestro andamiaje institucional supone que la Corte Suprema se renueva gradualmente a lo largo de sucesivas presidencias.

Por ello, si bien Néstor Kirchner tiene facultades constitucionales para cubrir las vacantes que se producen, se altera el sistema de equilibrios consagrado en nuestra Constitución si al amparo de una popularidad circunstancial el primer mandatario designa a cuatro de nueve miembros y al Procurador General en un breve lapso.

El Dr. Fayt propuso el año pasado volver a la tradicional composición de 5 ministros. La propuesta recogió un importante consenso entre abogados y jueces, pero no despertó mayor interés en el Ministerio de Justicia. Por ello, el entusiasmo en designar a los reemplazantes de los jueces removidos lleva a concluir que no se trataba sólo de purgar ministros cuestionados sino también de cubrir esas vacantes.

En los próximos meses, los argentinos comprobaremos si se ha formado una nueva mayoría automática, como muchos ya temen.

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