Insólito: Con algunos fusibles menos quieren enfrentar las protestas

Entre los alejamientos de Prados, Béliz y Quantín y; las decisiones políticas respecto de la violencia callejera, muchos ciudadanos se sienten desprotegidos. Además, los ataques de los piqueteros a las empresas muiltinacionales no contribuyen a la economía del país. Al respecto, U24 reprodujo una nota publicada en la sección editoriales del diario Río Negro de esa provincia.

Además de poner fin a la gestión de Eduardo Prados como jefe de la Policía Federal, la crisis de seguridad provocada por la negativa del presidente Néstor Kirchner a "reprimir la protesta social", lo que es una forma de recordarnos de que en opinión del gobierno los culpables no son los revoltosos sino los presuntamente responsables del desastre económico, ha llevado a la remoción fulminante del ya ex ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y de su secretario de Seguridad, Norberto Quantin

Ambos funcionarios hubieran preferido que el gobierno adoptara una actitud menos pasiva frente a las bandas de vándalos que han estado aprovechando la complacencia oficial para atacar edificios públicos, las sedes de empresas multinacionales y locales comerciales.

Aunque las renuncias forzadas de Prados, Beliz y Quantin habrán servido para reafirmar la autoridad del presidente sobre un equipo que últimamente ha estado actuando de forma un tanto incoherente, los beneficios así supuestos se agotarán muy pronto a menos que el Estado logre restaurar cierto orden en la calle en el transcurso de las semanas próximas.

Según parece, el presidente se ha propuesto hacerlo "saturando" los lugares invadidos por los piqueteros y sus aliados coyunturales con uniformados debidamente desarmados, pero la falta de personal adiestrado significa que dicha táctica, la que resultó eficaz cuando fue estrenada en la Capital Federal la semana pasada, no podrá repetirse en muchas ocasiones.

Si bien es comprensible que el presidente Kirchner haya querido reducir al mínimo el riesgo de que los enfrentamientos callejeros terminen "regalándole muertos", como él mismo expresó, al insistir en su resistencia a reprimir ha enviado mensajes muy inquietantes a la sociedad y también ha estimulado a los revoltosos.

Por motivos comprensibles, muchos ciudadanos se sienten desprotegidos y, lo que es peor, entienden que el gobierno apoya a algunos grupos piqueteros con la esperanza de usarlos como unidades de choque en la interminable interna peronista y que por lo tanto para ellos, distintas partes del país deberían ser consideradas virtuales zonas liberadas.

Aunque la Justicia ha intervenido en los casos más resonantes protagonizados por los piqueteros, como el de la toma de una comisaría de la Policía Federal por Luis D’Elía y sus laderos y el ataque contra la Legislatura porteña, nadie ignora que hasta ahora los violentos han gozado de un grado asombroso de impunidad gracias a la voluntad oficial de ubicarlos en una categoría a su juicio privilegiada, la de los llamados "militantes sociales".

Huelga decir que la inseguridad generalizada tiene mucho más que ver con los intentos de los kirchneristas de congraciarse con tales "militantes", que con los errores cometidos por los funcionarios recién cesanteados.

La decisión oficial de tratar a los piqueteros como víctimas inocentes de una situación intolerable -una situación que no parece tener mucho interés por modificar- no sólo contribuyó a crear un clima que es propicio para la violencia política, sino que también intensificó las dudas en cuanto a la viabilidad del "modelo" imperante.

Puede que las imágenes que se difunden a través de los medios de comunicación internacionales hayan brindado una impresión totalmente falsa y que en verdad la Argentina no se encuentre en vísperas de un gran estallido, pero el temor a que algo muy feo esté por producirse aquí es una realidad que como es natural preocupa a muchos, empezando con el ministro de Economía, Roberto Lavagna.

Saben que mientras la violencia callejera politizada y los ataques contra empresas multinacionales sigan acaparando la atención de los agentes económicos tanto locales como extranjeros, no podrán venir inversiones suficientes como para permitir que el país salga definitivamente de una crisis que ya ha causado demasiadas pérdidas irrecuperables.

Así, pues, además de provocar un clima de tensión que presagia más violencia en el futuro, la resistencia oficial a dar su debida importancia al tema de la seguridad no puede sino incidir en la marcha de la economía, que hasta ahora se ha visto favorecida por condiciones internacionales insólitamente favorables pero que aún dista de recuperar el nivel que alcanzó varios años atrás.

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