La otra polémica: El traspaso de la federal al gobierno porteño

POR GUILLERMINA FOSSATI El egoísmo y la mezquindad política de Aníbal Ibarra, y el afán hegemónico de Néstor Kirchner, resultaron en una sociedad oportunista que le ha provocado una enorme frustración a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires: ellos han perdido la autonomía que creyeron conseguir cuando la población más grande e influyente del país eligió la descentralización como el modo de gobierno más apropiado. Sin embargo, en tiempos de inseguridad creciente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires carece de fuerza de seguridad propia. Entonces, ocurre la paradoja de que la Ciudad le exige deberes a sus habitantes pero es incapaz de garantizarles sus derechos.

Hoy, la seguridad de la Ciudad se encuentra obligada a depender del Gobierno nacional, cuyas políticas de seguridad no comparte la mayoría de los vecinos de la Ciudad. Porque la Ciudad carece de capacidad disuasiva y de represión propia, cada día debe soportar, pasiva, la invasión de las hordas que el Gobierno nacional califica como ‘luchadores sociales’, quienes destruyen la calidad de vida de los residentes en la Ciudad. Es una situación injusta y peligrosa. La transferencia de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal Argentina a la Ciudad nunca se concretó. Tampoco la creación de una fuerza especial propia antidisturbios, cuando es la Ciudad con más cantidad de amenazas de disturbios del país. Aníbal Ibarra ha traicionado a sus propios ideales como co-redactor de la Constitución porteña que estableció esa transferencia que él no concretó, pese a que lleva seis años de gestión. Pero prevalecieron sus acuerdos políticos para permanecer en el poder a cualquier precio. La llamada Ley Cafiero puede ser modificada, bastaría con que Ibarra se ponga al frente de movilizaciones de vecinos que presionaran al Congreso Nacional por la injusticia cometida. Pero Ibarra es incapaz de hacerlo. Edición i investigó un tema que es la clave de lo que se discute hoy día, y éste es el informe:

La salida del gobierno de Gustavo Béliz, ex ministro de Justicia, no sólo complica al gobierno con graves denuncias, sino que dejó en evidencia el fracaso de un plan de Seguridad que se había anunciado como una de las iniciativas más importantes de la gestión del presidente Néstor Kirchner, aunque varios gobernadores lo criticaron porque era sólo para los porteños y demostró la falta de coherencia en la aplicación de reglas claras para terminar con la inseguridad y aún más, para mostrar cuál es la jurisdicción federal y cuál la de la Ciudad autónoma.

Así, la crisis se instaló definitivamente en el país y no sólo asusta por las encuestas que revelan los índices del delito, sino que golpea a los órganismos de gobierno que deben decidir como frenar el caos que espanta a los inversores e instala el pánico entre los argentinos.

El secuestro seguido de muerte de Axel Blumberg (ocurrido en la provincia de Buenos Aires), la toma de la comisaría 24 por un grupo de piqueteros, en el barrio de La Boca, y los ataques a la Legislatura porteña, son los casos que fueron anunciando la caída del ministerio de Justicia, que colaboraron para que se desnuden los entretelones de la Secretaría de Inteligencia del Estado y que provocaron el relevo de la cúpula de la Policía Federal, con el desplazamiento de Eduardo Prados y el nombramiento de Néstor Vallecas.

Cuando los piqueteros, vendedoros ambulantes y otros manifestantes atacaron la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, destruyendo un patrimonio histórico irreparable porque el Presidente ordenó a las fuerzas de seguridad "no actuar", quedó en claro el verdadero problema de no contar, por una lado, con una Policía Federal y por otro lado, con una Policía Metropolitana, que éste a cargo del jefe de Gobierno para que pueda decidir sobre todo aquello que afecte al distrito porteño.

Los partidos que compitieron con Aníbal Ibarra en las últimas elecciones, Compromiso para el Cambio, liderado por Mauricio Macri, y Unión para Recrear Buenos Aires, con Patricia Bullrich, consideran que es necesario el traspaso o creación de una nueva fuerza que atienda los problemas metropolitanos, aunque este gobierno, como los anteriores, sigue relegando la polémica que surgió una década atrás.

En 1994, tras la reforma de la Constitución Nacional, el artículo 129 dejó sentada la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, sus facultades de legislación y jurisdicción, y la elección popular de su Jefe de Gobierno. Según ese artículo, una ley debería garantizar los intereses del Estado nacional mientras la Ciudad sea capital del país.

Esa ley fue sancionada el 8 de noviembre de 1995 y se trata de la 24.588, conocida como "Ley Cafiero", cuestionada por algunos constitucionalistas por tres de sus artículos que contradicen el mismo proyecto. Estos artículos son el número 2º, que "delega en la Nación todo el poder no expresamente atribuido por la Constitución Nacional a la Ciudad, aplica un principio contrario al que determina la C.N. a las provincias"; el número 7º, donde "impide a la Ciudad tener competencia en la seguridad de su territorio" y el número 8º, que "también impide a la Ciudad tener competencia sobre la justicia".

Hasta mediados del año 1996 el jefe inmediato y local de la Capital Federal era el Presidente de la Nación (art. 86 inc. 3 de la Constitución Nacional antes de la Reforma de 1994), quien elegía y delegaba su poder en un Intendente. La Legislatura de la Capital era el Congreso de la Nación (art. 67 inc. 27 de la misma Constitución). El Concejo Deliberante ejercía también esas funciones en forma delegada.

A su vez, los barrios tenían representación a través de 14 Consejos Vecinales, cuyo poder para la resolución de los diferentes problemas resultaba casi nulo, actuando meramente como intermediarios entre la ciudadanía y los poderes de la municipalidad.

La Ciudad de Buenos Aires es considerada, junto con otras ciudades como México, París o Barcelona, una megaciudad, no sólo por el número de habitantes que posee sino también por la cantidad de actividades económicas que se desarrollan en la misma.

Tiene una población aproximada de 3 millones de habitantes dentro de una superficie de 200 km2, y diariamente ingresan a su territorio 2 millones de personas más, provenientes del conurbano bonaerense, por razones laborales, educativas o de salud.

Su estructura necesita de una administración autónoma, como sucede con las provincias, pero en el proceso de descentralización le negaron funciones vitales como es el traspaso de la policía para que el jefe de Gobierno de la Ciudad, que es el que debe conocer la seguridad de su distrito, tome las determinaciones que sean necesarias.

Aún hoy, 10 años después, los legisladores y juristas discuten si corresponde que Buenos Aires sea o no una ciudad, una provincia, u otra instancia de subdivisión política. Uno de los ejemplos para poner a prueba la necesidad de obtener una respuesta es que sucedería si eventualmente trasladan la Capital a otra ciudad, y cual sería el status que tomaría Buenos Aires.

Los incidentes ocurridos en la Legislatura porteña reabrieron un debate dormido, porque en medio de graves desmanes que provacaron un gasto de más de $100.000, la policía recibió la orden de no actuar, extendiendo la decisión hasta el ahora ex jefe de la fuerza, Eduardo Prados, para que no porte armas de fuego en las próximas guardias que se instalaran en el lugar cuando se tratara el Código Contravencional.

Ciertamente fue el mismo código el que originó el caos de piqueteros, vendedores ambulantes y prostitutas que el 16 de julio atemorizaron a los extranjeros que recorren el microcentro, cuando atacaron la legislatura oponíendose a las medidas que les prohibirían el trabajo en la calle. Los mismos manifestantes que otras veces detienen el subterráneo, cortan los puentes, y que no pueden ser sancionados.

El problema del traspaso de la Federal al área porteña es netamente estructural, por un lado, porque hay una resistencia de la Policía Federal a desprenderse de poder y por el otro, por una falta de decisión política para hacerlo.

El gobierno de la Ciudad pasaría a tener una responsabilidad muy grande en caso de tener como función organizar la seguridad metropolitana, porque tendría que hacerse cargo de las decisiones que muchas veces es mejor delegar porque en caso de fracaso, recaerían en una estructura fuerte que es la nacional.

Fernando de la Rúa fue un ejemplo del poco interés de concretar tal cambio. El ex presidente fue el primer jefe de Gobierno de la Ciudad, y aunque más de una vez se refirió al tema como uno de los más importantes en sus debates públicos, muchos rumores indicaban que nunca tuvo voluntad ni interés de concretar el traspaso.

El único avance fue en 1997, cuando De la Rúa propuso transferir algunos servicios de la Federal a la ciudad, y en abril del mismo año se pidieron garantías legislativas. Recién en setiembre de 1998 el Gobierno nacional anunció que enviaría al Congreso un proyecto para derogar parte de la ley Cafiero. Pero hasta hoy no hubo acuerdo.

El 2 de agosto de 1996 comenzó a funcionar en pleno la Convención Estatuyente como luego se denominaría a la Asamblea Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de una cláusula transitoria el Jefe y el Vice Jefe de Gobierno electos (De la Rúa y Enrique Olivera de la UCR) asumieron sus funciones el 6 de agosto sin la presencia del entonces presidente Carlos Menem, por las diferencias entabladas en cuanto al déficit presupuestario dejado por el Intendente Justicialista saliente, Jorge Dominguez, de $2.200 millones.

Los principales conflictos que se presentaban para resolución del nuevo Intendente, y que en varios puntos tocaban a la Convención Constituyente eran:

• Ciudad judicial en Puerto Madero: ¿centralizar o descentralizar territorialmente la justicia?

• Aeroisla (emprendimiento para establecer un aeropuerto en una isla artificial)

• Desarrollo vial y de transporte

• Control de tránsito en manos de la Federal

• Juegos de azar

• Deuda de la Municipalidad: ¿ Se hace cargo la municipalidad o la Nación ?

• Coparticipación Federal

• Pacto Fiscal: eliminación como en varias provincias de Ingresos Brutos

• Colectivos y subtes: dependen de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte de la Nación.

• Puerto de Buenos Aires: bajo la órbita de Economía.

• Basura: la ciudad vuelca los residuos en el CEAMSE en la Provincia de Buenos Aires.

• Mercado Central

• Inundaciones

• Atención hospitalaria

Cuando el tema del traspaso comenzó a hacer eco en distintos organismos, el proyecto que se manejaba en las filas oficialistas era crear una nueva policía que tuviera a su cargo las comisarias y bomberos, con una división de delitos complejos compuesta por integrantes de la fuerza Metropolitana y la Federal.

La Metropolitana sería una policía de contacto, de disuación callejera que operaría como primer escalón para solucionar los conflictos callejeros, mientras que los conflictos de segundo escalón, como son homicidios o drogas, entre otros, pasarían a organismos superirores. Para el funcionamiento era necesario contar con estadísticas y orden en las calles, una realidad bastante lejana al caos de la Ciudad actual.

Eugenio Burzaco, encargado de las política de seguridad de Compromiso para el Cambio, considera inadmisible que la Ciudad no cuente con su propia fuerza de seguridad y que dependa de la Nación para tomar decisiones. Además, entiende que las prioridades que el Gobierno Nacional pueda atender en la ciudad no son las mismas que el jefe de Gobierno, en contacto constante con los problemas de su administración, podría tener en cuenta.

"En las elecciones de agosto proyectamos un mecanismo intermedio de creación de una policía metropolitana, con un jefe elegido por el jefe de gobierno, lo que permitiría conducir a la creación de una policía con poder propio que tuviera como prioridad las necesidades de la gente de Buenos Aires, porque tenemos problemas en el sur con delitos violentos, en el corredor Rivadavia con asaltos a comercios, y ¿en que orden de prioridades tiene el presidente los robos a comercios?. En cambio, el jefe de Gobierno esta todo el día con esas prioridades", aseguró Burzaco.

El representante de las filas de Macri también se refirió al bajo presupuesto que la Ciudad destina a seguridad. "No puede ser que de un presupuesto de $4.000 millones se gaste menos de $40 millones al año en materia de seguridad, aunque se aumentó, ya que antes era tan sólo de $13 millones, mientras que la mayoría de las ciudades del mundo prevé para este fin el 25% o 30% del presupuesto".

Los sectores partidarios del traspaso de la policía consideran que para la fuerza sería mejor poder focalizarse en los problemas federales y tener una policía metropolitana. Por ejemplo en Londres existe esa división. El alcalde de Londres pone y remueve al jefe de la policía de Londres, con la diferencia que la ciudad aporta la mitad del presupuesto.

El argumento que siempre se utiliza para evitar el traspaso es el tema de la coordinación, por eso en muchos lugares se usan los sistemas híbridos donde hay una policía metropolitana en un territorio federal. "Nuestra percepción es que la ciudad necesita una policía propia, liderada por el jefe de Gobierno, que aporte presupuesto, que distribuya los policías como corresponde", dijo Burzaco.

Esteban Bullrich, encargado del tema de seguridad del partido que nació de la Alianza de Unión por Todos y Recrear Argentina, de Ricardo López Murphy, también se refirió a la necesidad de crear una policía propia en la Ciudad.

Durante la campaña electoral, el proyecto del partido era que desde el primer día que asumiera el nuevo jefe de Gobierno se hiciera cargo de las decisiones de la Policía Federal, pero que el traspaso total fuera gradual y se concretara en un período de cuatro años, ya que por cuestiones burocráticas y administrativas es un proceso que demora tiempo y que requiere de la adaptación de los integrantes de la fuerza.

Por otro lado, Bullrich mencionó la necesidad de formar nuevos oficiales que se hagan cargo de las fallas contravencionales, mientras que elevarían el número de comisarías de 53 a 61.

Más alla de los proyectos, en la actualidad el tema esta rodeado de escepticismo, y muchos creen que el traspaso es una ilusión lejana. Para Burzaco, si Gustavo Béliz era un convencido del traspaso y no lo hizo, no le parece que la nueva administración lo vaya a hacer. "Además ellos tienen una relación muy deteriorada con la policía en general, y uno puede hacer traspaso cuando tiene la misma línea de acción, pero ellos hicieron una purga general que afectó a malos policías y a buenos también, no quieren que la fuerza este armada, cosa que sucede en cualquier lugar del mundo, por eso creo que en este proceso tan deteriorado no habra lugar para una reforma profunda".

Mario Baizán, que integró el ministerio del Interior junto a Carlos Corach, tampoco es positivo en su opinión, y dijo que lo claro es que colapsó la concepción del Presidente y su grupo, Béliz solo ejecutó las órdenes que recibió".

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