Confirmado: K y Lavagna apuestan a la ilusión monetaria

Hace varias semanas, la revista Edición i afirmó que la salida del plan económico era una apuesta a la ilusión monetaria, que es un efecto de la inflación que provoca que el pública crea que tiene más dinero del que realmente posee. Algunos indicios muy concretos de la economía provoca que la sospecha se confirme.

Apenas 24 horas después de anunciar un aumento generalizado del 10% para los jubilados y pensionados que ganan menos de $ 1.000 mensuales, el Gobierno nacional reconoció que está evaluando la posibilidad de aplicar una recomposición salarial a los trabajadores del sector privado.

Resulta evidente que hay una caída en la capacidad adquisitiva del salario pero también es verdad que no hay posibilidad de que el incremento no dispare nuevos ajustes en los precios, excepto entre las tarifas de servicios públicos.

En la Argentina hoy no hay estabilidad de precios, excepto los que controla el Estado, freno artificial que a su vez distorsiona el esquema de precios relativos de la economía.

Todo parece indicar que hay una decisión política gubernamental de especular con la ilusión monetaria que provocan recomposiciones salariales sucesivas que se recicilan con el ajuste de los precios de la canasta familiar, más la represión de las tarifas de servicios públicos..

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó que "no hay ninguna posibilidad" que se autorice un aumento en la tarifa del suministro de energía eléctrica.

De Vido se mostró optimista sobre la renegociación de contratos. "Con las empresas eléctricas estamos trabajando para alcanzar un acuerdo en los próximos días", anticipó el titular de Planificación.

De confirmarse la posición de De Vido, el Gobierno no avanzaría con el ajuste estacional que las compañías esperaban, de entre el 10% y el 18%, para la etapa de generación.

La intención del Gobierno de tratar de evitar ajustes en el costo de los servicios públicos que impacten a los consumidores -sobre todo a los residenciales y de menores recursos- ya había sido adelantada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Es que el Gobierno no definió todavía cómo aplicar el aumento de tarifa eléctrica que debería haber empezado a regir desde el 1º de este mes.

Se trata del ajuste estacional que cada 3 meses define Cammesa, la empresa que administra el sector eléctrico. Los privados reclamaron un ajuste de entre 30% y 40% para el período 1º de agosto-31 de octubre.

En febrero, se aplicó un ajuste estacional del 15%, que sólo afectó a los grandes consumidores, como las industrias.

El precio en el nivel mayorista se revisa 4 veces por año: en febrero, mayo, agosto y noviembre.

En general, sube en mayo y agosto y baja en noviembre y febrero, por la mayor producción de las centrales hidráulicas, que es más barata y que hacer caer el costo de generación.

Esta situación ha provocado que Cammesa se quede sin un fondo financiero compensador, seriamente comprometida en sus finanzas, lo que provocó que el Tesoro Nacional deba otorgarle sucesivos préstamos.

Así, la política de precios y tarifas del Gobierno K sólo se apoya en el excedente fiscal, que se consigue por impuestos distorsivos.

Muy peligroso es suponer que esta economía puede sobrevivir al corto plazo.

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