Alberto F. bajo la lupa

Diferentes versiones coinciden en señalar que Alberto Fernández tiene algunos problemas en lo que sería su futuro político en la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, Elisa Carrió se encuentra terminando la investigación sobre el Grupo Bapro que no quiso concluir Graciela Ocaña. Por otra parte, Julio De Vido, quien ha invertido en la política porteña, se ignora por qué, parece querer conocer la biografía no autorizada del jefe de Gabinete de la Nación.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) es una preocupación del Banco Central desde los días de Pedro Pou al frente de la autoridad monetaria. Las exigencias de Pou al Bapro de que concretara un plan de reencuadramiento, fue el disparador del despido de Pou, acontecimiento que unificó al PJ y a la UCR bonaerenses, en una prueba ‘piloto’ de lo que más tarde resultaría víctima Fernando De la Rúa.

La permanencia del Bapro en la agenda del Banco Central explica el interés de Alberto Fernández, jefe de Gabinete de la Nación, para que Néstor Kirchner le renueve el mandato a Alfonso de Prat Gay.

También el interés, reciente, de allegados a Julio De Vido, ministro de Planificación, en conocer los detalles del banco bonaerense y, además, cual fue el rol de Alberto Fernández en la creación del denominado ‘Grupo Bapro’, aunque es imposible saber cómo cumplirán con su misión sin involucrar a Alberto Abad, hoy todopoderoso titular de la Afip, otro protagonista del Banco de la Provincia de Buenos Aires y sus subsidiarias.

El Bapro también provocó, el 6 de enero, que Graciela Ocaña asumiera como interventora del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, responsable de la obra social Pami. La negociación que lideró Alberto F., y que aceptó el presidente Kirchner, fue posterior a que Ocaña husmeara alguna documentación sobre la evolución del Grupo Bapro que recibió de ex dirigentes sindicales de los trabajadores bancarios.

En uno de los errores informativos más notables de la política argentina reciente, Alberto F. suspiró aliviado cuando Graciela Ocaña abandonó la oposición. Alberto F. debió verificar si otro juego de documentación fue a parar a manos de Elisa Carrió, quien desde entonces realiza una investigación bastante importante acerca de lo ocurrido con el Grupo Bapro, y esto ha incluido el rastreo de transacciones con casas bancarias offshores, ubicadas en el Mar del Caribe.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires teme que, durante la próxima campaña proselitista, el Bapro resulte un problema y por eso el matrimonio Duhalde se ha empeñado en designar, como jefe de los fiscales provinciales, a María del Carmen Falbo.

Aún se recuerda en la ciudad de La Plata el impacto que provocó uno de los ex gerentes del Banco Provincia, Héctor Ferraro, cuando testimonió que el ex presidente de la entidad, Rodolfo Frigeri, y el directorio a su cargo, dispusieron -con la autorización y conocimiento del entonces gobernador Eduardo Duhalde-, el otorgamiento de los créditos de la ‘cartera comercial’ (superiores, cada uno a los US$200.000), que entre 1991 a 1999 superaron los US$350 millones, y pasaron a la categoría de ‘incobrables’.

Ferraro prestó testimonio ante los fiscales de Investigaciones Complejas de La Plata, Esteban Lombardo y Carlos Argüero, quienes también escucharon a otros ex gerentes detenidos, Raúl Ernesto García y Alberto Frandsen.

Ferraro afirmó que tanto Duhalde como Frigeri conocían la deficiente situación del Banco. Ahora Falbo –supuestamente de la confianza de Hilda Beatriz González de Duhalde- es la jefa de los fiscales Lombardo y Argüero, entre otros.

Esto fiscales encuadraron el caso como "peculado, fraude por abuso de confianza, autorización indebida y administración infiel", y el juez mantuvo esas calificaciones.
Pero hay cuestiones que Falbo no podría impedir, en especial si se tratara de cuentas en el exterior, y de posibles delitos federales.

También Alberto F. ha escuchado que hay información ‘en el aire’ desde el día en que Carrió murmuró, luego de un ataque verbal del jefe de Gabinete de la Nación: "Que ese no hable porque voy a comenzar a hablar de Gerenciar".

Alberto Fernández fue, sucesivamente, director de Sumarios y subdirector General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación en tiempos de Juan Vital Sourrouille, con Raúl Alfonsín en la Presidencia de la Nación.

Por alguna razón –como abogado no era ni reconocido ni prestigioso- fue propuesto por Jorge Gándara, secretario Legal y Técnico del Palacio de Hacienda, un ingeniero vinculado a la Unión Obrera Metalúrgica y que, durante los ‘90 hizo fortuna vendiendo sus servicios de consultoría a obras sociales; hasta ubicó a su 2da. mujer, Alejandra Rafuls, en la consultoría de prensa y comunicación de Víctor Alderete cuando éste fue interventor de la obra social de los trabajadores bancarios y, luego, titular del Pami.

En 1989 Alberto F. juró como Superintendente de Seguros de la Nación, integrando el equipo económico de Miguel Roig / Néstor Rapanelli, que comenzó con Carlos Menem, gracias a varias sugerencias: desde Guido Di Tella a Juan Bautista Yofre.

En 1991, cuando Domingo Cavallo arribó a Economía, lo confirmó, por sugerencia de Horacio Tomás Liendo, su secretario Legal y Técnico. Liendo y Alberto F. iniciaron una relación muy provechosa para ambos, según se comentó en su momento en el Palacio de Hacienda. Cavallo también obtenía los beneficios de cualquier novedad que aconteciera en el tema ‘seguros’.

A la vez, Alberto F. no escatimó en las inversiones que impulsaran su propio futuro político y social. Por su labor en la desregulación del mercado asegurador fue distinguido como uno de los 10 Jóvenes Sobresalientes, junto a Gustavo Béliz, Martín Redrado y Julio Bocca.

Y tejió nuevas relaciones. Alberto F. consiguió la protección de Carlos Sánchez, un ‘comodín’ de Cavallo, quien lo hizo su viceministro; luego, en forma simultánea, secretario de Comercio e Inversiones y titular de la Dirección General Impositiva, apenas explotaron las contrataciones escandalosas a IBM que se llevaron a Hugo Gaggero, quien llegó a la DGI porque Cavallo quiso preservarlo del derrumbe del directorio del Nación.
Más tarde, Sánchez reemplazó a Rodolfo Frigeri en la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y le abrió las puertas a Alberto F., quien tenía muchas ideas para diversificar los negocios, invocando los privilegios que le otorga al banco el muy antiguo Pacto de San José de Flores que sólo Carlos Pellegrini puso en su lugar.

En 1996, Alberto F. desarrolló para Duhalde un muy cuestionable grupo de empresas estatales que se denominó Grupo Bapro porque todas tenían como accionista y gerenciador al Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El rol de Alberto F., y los aportes que realizó al entonces gobernador, lograron tanta satisfacción en Duhalde que éste le pidió, en 1998, que se hiciera cargo de la administración financiera de su campaña presidencial.

Cuando Alberto F. gestionaba las finanzas de la fórmula Duhalde-Ortega, ocurrieron los hechos que luego investigó la Procuración de México como ‘caso Inversiones del Sur’ (el ingreso del cártel de Juárez a la provincia de Buenos Aires, a través de Mercado Abierto Bank, de Aldo Ducler, muy cercano a Ramón Bautista Ortega). Documentos secuestrados a narcotraficantes mencionaron la donación de US$ 1 millón a la campaña de Duhalde Presidente, que administraba Alberto F.

El periodista argentino-estadounidense Andrés Oppenheimer escribió, en su libro sobre la corrupción y el lavado de dinero en Latinoamérica: "(...) el director de la Fundación Duhalde-Presidente, Alberto Fernández, me confirmó que Ducler era un tipo muy cercano a Palito, el número dos de su equipo económico y uno de los recaudadores de la campaña, antes que se uniera con la campaña de Duhalde. Es probable que Ducler hubiera recaudado fondos para Ortega a través de la Fundación Sudamericana".

De esa etapa duhaldista-antimenemista, Alberto F. arrastra la relación con Kirchner, Eduardo Valdéz, Julio Bárbaro, Esteban Righi, Carlos Tomada, Ignacio Chojo Ortíz, y algunos otros que, en octubre de 1998, fundaron el Grupo Calafate.

Duhalde le encomendó a Alberto F. pactar con Cavallo el respaldo a la candidatura de Carlos Ruckauf en la provincia, que parecía que perdía frente a la Alianza. El resultado del acuerdo fue que a Sánchez lo reemplazó otro ex colaborador de Cavallo: Ricardo Gutiérrez, quien había sido director de Papel Prensa por Carlos Menem. Papel Prensa era controlada por Grupo Clarín, y esto permitió el ingreso del Grupo Bapro a Prima, la empresa informática de Clarín. En el "sistema Bapro" también estaban Alberto Abad y

Alberto Iribarne. Los 3 Albertos resultan una clave en el poder K.

En el año 2000, Alberto F. fue elegido legislador de la Ciudad de Buenos Aires integrando la lista ‘sábana’ del partido Acción por la República, un grupo de ambiciosos oportunistas que conducía Cavallo y que tuvo una alianza transitoria con Nueva Dirigencia, de Gustavo Béliz, llamada Encuentro por la Ciudad.

Si Duhalde había perdido su candidatura a la Nación y Cavallo la suya al Gobierno de la Ciudad, había que buscar otros horizontes y así fue como Alberto F. estrechó su relación con un gobernador que lo escuchó y no ocultaba sus pretensiones: Néstor Carlos Kirchner.

El plan de ampliar y diversificar los negocios del Banco de la Provincia de Buenos Aires comenzó cuando Rodolfo Frigeri aún era el titular de la entidad. La relación Duhalde-Frigeri, por alguna razón no prosperó y cuando Duhalde fue senador nacional a cargo de la Presidencia de la Nación, no convocó al ya diputado nacional Frigeri a integrar el Ejecutivo Nacional.

Provincia Seguros había iniciado sus actividades en 1993, a partir de la reorganización de la Sección Seguros de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuyos antecedentes se remontaban a 1961.

A la vez, el Bapro incursionó desde 1992 en el mercado de administradoras de fondos de jubilación y pensión asociándose al Grupo Santander en Orígenes AFJP, hoy 100% del Banco Río SCH.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires posee el 99,95% de las acciones del Grupo Bapro -el restante 0,05% está en manos de la Fundación Banco de la Provincia de Buenos Aires-. El Grupo Bapro es una sociedad holding con actividades de inversión y financieras mediante la participación accionaria en otras sociedades, que se formalizó en 1997, y el 8 de octubre de 1998, mediante Resolución Nº 2.214, recibió una ampliación de capital dispuesta por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que le transfirió las tenencias accionarias y aportes irrevocables del banco en las siguientes sociedades:

• Provincia Seguros S.A.,

• Orígenes AFJP S.A.,

• Orígenes Seguros de Retiro S.A.,

• Orígenes Vivienda S.A.,

• Provincia Seguros de Vida S.A.,

• Provincia ART S.A.,

• Provincia Servicios de Salud S.A.,

• Provincia Leasing S.A.,

• Provincia Bursátil,

• Provifondos,

• Provincia Valores,

• Bapro Inversión Directa S.A.,

• Bapro Mandatos y Negocios S.A.,

• Bapro Informática y Comunicaciones.

• Bapro Medios de Pago S.A.,

• Bapro Mandatos y Negocios

• Bapro Turismo S.A.,

• Gerenciar Proyectos y Administración S.A.,

• Génesis Seguros de Retiro,

• Nahuelsat SA,

• Emprendimiento Recoleta S.A./ Buenos Aires Design.

A Duhalde le interesaba el modelo porque levantaba la bandera de la no privatización y podía asignar negocios en forma discrecional. Alberto F. fue vicepresidente del Grupo Bapro entre 1996 y 2000, presidente de Gerenciar S.A., de Génesis Seguros de Retiro, y de Provincia Salud.

Alberto F. realizó, por entonces, muchas operaciones inmobiliarias de Gerenciar: desde la compra de inmuebles propiedad de Gatic S.A., ubicados sobre la porteña avenida Santa Fé, por la suma de US$ 4,5 millones, en junio de 1996; a la compra del emblemático inmueble en el partido de Florencio Varela, (Pcia. de Bs.As.), ‘la rotonda de Alpargatas’, propiedad de Alpargatas Calzados SA , en US$ 10,0 millones.

Ninguna de esas operaciones sumó valor al Bapro que, es necesario recordarlo, terminó necesitado de un rescate multimillonario que realizaron los contribuyentes bonaerenses.

Sin embargo, por su labor en el Grupo Bapro, Alberto F. recibió en 1998 el premio Security al Empresario del Año, lo que provoca muchas dudas sobre la credibilidad de los premios Security.

La operatoria en esos años es la que fascina tanto a De Vido como a Carrió, situación paradojal porque, a su vez, De Vido y Carrió se encuentran enfrentados judicialmente luego de que Carrió denunciara a De Vido por su presunta participación en negocios no transparentes de la pesquera Conarpesa.

Durante las gestiones Justicialistas de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf, la entidad estatal provincial bonaerense otorgó cerca de 22.600 créditos por el equivalente a US$ 2.400 millones, de los cuales la mayoría fueron pesificados en la devaluación asimétrica que Duhalde envió al Congreso y éste sancionó en febrero de 2002.

De esos $ 2.400 millones, $ 1.850 millones, es decir el 75%, tienen alta probabilidad de incobrabilidad o son 100% incobrables. Esta situación dejó en cesación de pagos al Provincia, imposibilitado de devolver sus depósitos, y lo transformó en un necesitado del ‘corralito’ y ‘corralón’.

Pero De Vido debería andarse con cuidado. Bapro Seguros tenía una relación patagónica importante: Vanguardia Compañía Argentina de Seguros S.A., que presidía Juan Carlos Lagar, con sede legal en Ameghino 642, Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Lagar fue conocido para los apodados ‘pingüinos’.

En el mercado asegurador siempre se ha considerado irreparable la documentación perdida en cierto siniestro que ocurrió en la sede austral de Vanguardia, compañía que luego solicitó su autoliquidación.

No es la única contingencia ocurrida en el mercado asegurador. Alberto F. debe recordar el robo de la documentación que ocurrió en el despacho del juez federal Jorge Urso, oportunidad en que desaparecieron los casetes de las escuchas telefónicas sobre tráfico de influencias entre funcionarios del Gobierno nacional, el ex Instituto Nacional de Reaseguros y ejecutivos de aseguradoras privadas.

El INdeR era denunciado de exigir sobornos en sus liquidaciones domésticas (nunca ocurrieron denuncias por el verdadero negocio del ex IndeR: sus negocios en el exterior). Las denuncias provocaron que varios aseguradores buscaran a Luis Moreno Ocampo como abogado.

En un extraordinario pase de bando, Moreno Ocampo terminó contratado por Domingo Cavallo para investigar, desde el INdeR la relación de sus ex clientes con el Estado nacional. En medio de la conmoción por los acontecimientos del INdeR, Alberto F, consideró oportuno vincular a las pesquisas a la Superintendencia de Seguros.
En esos días, en alguna ocasión Alberto F. anticipó, en diálogo ‘al aire’ con un periodista radial –hoy empresario de medios, amigo suyo- qué aseguradora debía investigarse, y esto provocó enormes revuelos en el mercado.

Luego, Alberto F. emigró al Bapro. Se ignora por qué Jorge Todesca, ex presidente de Bapro Seguros, nunca cuestionó las decisiones de Alberto F. como sí lo hizo, por ejemplo, José Raúl Herrera, otro ex presidente de Provincia Seguros, fundador del Centro de Estudios del Seguro en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y ex superintendente de Seguros de la Nación.

En esos años, el Grupo Bapro cerró negocios por cifras millonarias pero sin una modelo de rentabilidad.

Acerca de lo que hoy día ocurre con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y que ha provocado la actividad de los ‘sabuesos’ de De Vido, hoy intenta ceder a un fideicomiso $ 5.600 millones en bonos para cumplir con las normas de valuación de títulos públicos que establece el Banco Central (BCRA) y consolidar su situación patrimonial. La operación implicaría que el único accionista de la entidad –la provincia de Buenos Aires–, tome un crédito con un organismo multilateral y destine esos fondos al fideicomiso.

En marzo de 2003, el BCRA difundió la Comunicación A 3911, que obligó a los bancos a utilizar el valor presente de los títulos, estimada según una tasa de descuento que fija la propia autoridad monetaria y que es inferior a la de mercado, para que el Patrimonio Neto del sistema no resulte perjudicado.

Como los Bogar devengan 2% anual, y la tasa de descuento que establece el BCRA es superior, contabilizarlos según el valor presente implicaría una fuerte reducción del patrimonio. Por eso, la entidad no cumplió con la A 3911.

El Bapro que, vía la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (Abappra, entidad que integra el Bapro) pidió al BCRA la suspensión de la norma, y luego el Bapro reiteró el pedido, a título individual. Desde la gestión del ex presidente del Bapro,

Ricardo Gutiérrez, la entidad incumple con la A 3911 para que no merme su patrimonio neto. En parte, la renovación del mandato de Prat Gay parece vinculada a un compromiso suyo, vía Alberto F., se dice, para resolver el problema del Bapro.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires ‚ único accionista de la entidad‚ creará un Fondo Sostén del Valor de los Bonos Garantizados, que el banco tiene en cartera y suman más de $ 8.000 millones.

Para financiar el Fondo se prevén aportes del Gobierno, de cualquier fuente que se establezca. La idea es que el Bapro gire a la Provincia sus utilidades hasta las sumas necesarias para que el Gobierno haga frente a los aportes necesarios para cubrir inicialmente $ 1.500 millones.

Puro maquillaje contable para una entidad que se encuentra muy mal luego de las gestiones de Duhalde, Ruckauf y Felipe Solá.

¿Cuánto dinero lleva aplicado el Banco Central al Banco bonaerense? ¿Cuánto dinero le ha costado el Bapro a los contribuyentes bonaerenses, quienes a la vez, soportan elevados impuestos provinciales? En cualquier caso, más de $ 10.000 millones.

En tanto, ocurre un debate en el partido opositor ARI: ¿Hay que cargar ahora sobre Alberto F. y el Bapro, tal como lo propone el presidente del bloque de diputados nacionales, Eduardo Macaluse, o es mejor esperar a la campaña electoral, como sugiere la fundadora del partido, Elisa Carrió?

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