Kirchner y Acevedo cierran la investigación por el dinero de Santa Cruz en el exterior

Tan escandalosa como sorpresivamente -el tema iba a tratarse en septiembre- la Legislatura de Santa Cruz aprobó sobre tablas los informes sobre el dinero de la provincia en el exterior. Esto apunta a trabar cualquier investigación judicial al respecto, y el dinero son US$ 507 millones, habiéndose perdido un 40% por la tenencia en dólares estadounidenses y no en euros.

La Cámara de Diputados santacruceña aprobó lo actuado por el Gobierno provincial durante el ejercicio 2003 (Néstor Kirchner - Héctor Icazuriaga - Sergio Acevedo) de los Activos Financieros que además fue certificado por el Tribunal de Cuentas, para trabar cualquier investigación judicial.

Si bien se especulaba en cuanto a que el tema ingresaría al recinto recién en la primera sesión de septiembre, el jueves pasado fue pedido sobre tablas y fue incorporado al orden del día, un días después que la Comisión de Presupuesto decidiera emitir despacho.

Hubo 3 reuniones de la Comisión, 2 extraordinarias y 1 ordinaria, además de tiempo suficiente para analizar la documentación que se remitió a los legisladores, señalaron desde el Bloque del PJ cuando el diario La Opinión Austral, de Río Gallegos, preguntó por el adelanto del tratamiento.

En definitiva, quedó así sancionada la resolución que aprueba el informe referente a lo actuado por el Poder Ejecutivo Provincial en relación a la Administración realizada durante el año 2003, de los Activos Financieros que la Provincia de Santa Cruz posee en el exterior.

El Tribunal que fiscaliza las cuentas públicas, indica en la parte resolutiva del acuerdo enviado a la Legislatura, que el organismo certifica los saldos líquidos disponibles por U$S 507.420.707,21, hasta el 31 de diciembre de 2003, como así también la cantidad de 13.589.375 bonos y 13.453.375 de cupones, los cuales son expresados en unidades físicas y existentes a la fecha del cierre, en base al análisis de las operaciones que constituyen los movimientos de fondos del período.

En un segundo punto de la parte resolutiva, el organismo recomienda al Poder Ejecutivo Provincial la implementación de un sistema administrativo que posibilite un mejor análisis y seguimiento de las operaciones de la administración de estos Activos Financieros en ejercicios futuros, a través de la creación de una Cuenta Especial.

El radicalismo reiteró algunas de las objeciones que ya venía sosteniendo, fundamentalmente en lo relacionado a querer conocer qué pasó con la administración de los Activos antes al período 2003 que se estaba analizando.

El presidente de la bancada UCR, Omar Hallar, reclamó la coparticipación de los fondos que correspondían a los municipios y para ello recordó un debate de 1992 cuando la entonces diputada provincial, Cristina Fernández de Kirchner, señaló: "Posteriormente la idea del Poder Ejecutivo es realizar la distribución a los municipios, no como un gesto magnánimo del señor Gobernador, sino simplemente porque corresponden a regalías mal liquidadas o a liquidar fuera de término y como son regalías, corresponde la vigencia lisa y llana de la Ley en la materia de coparticipación Ley 1.494".

Hallar señaló que de acuerdo a los fondos recibidos, le corresponderían a todos los municipios de la provincia, un total de $ 84 millones que el gobernador Sergio Acevedo se está guardando.
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Esbozó además algunas consideraciones respecto de las colocaciones "como cuando se trasladaron los fondos de la provincia a Europa (Suiza y Luxemburgo), que se los coloca en dólares estadounidenses cuando se aconsejaba colocaciones en euros y hoy tendríamos un 40% más de fondos".

Agregó Hallar que a su consideración se han violado varias normas como la Ley de Contabilidad, la Orgánica del Tribunal de Cuentas en cuanto no controló el Patrimonio Provincial, en tanto manifestó que la asignación de los recursos deberá hacerse por ley.

Recordó que tampoco se cumplió con la Ley que creaba un Consejo Asesor para la asignación de los recursos ni con la que creaba una unidad de administración de los recursos financieros. Algunas de ellas derogadas por una Ley temporal 2.663.

Agregó que no coinciden los saldos iniciales, que hay sumas faltantes a corregir, objeciones de los propios vocales por el Ejecutivo como el caso de Carlos Sánchez y que falta de documentación además de una deuda a los municipios 7% coparticipable.

Hallar sostuvo que se dan faltantes por $ 53 millones entre el período 1994-1999.

Hallar manifestó que lo entregado era material parcial, ya que el expediente que se tramitó en el Tribunal de Cuentas comienza en la foja 49 y que según información a la que él accedió, hay una nota dos fojas antes en la cual el auditor expresa que dictamina de acuerdo a lo requerido por el vocal a cargo de la Presidencia que en ese caso era Mario Layun, pero en realidad, quien audita debe hacerlo de acuerdo a lo que determina la vocal jurisdiccional, es decir la contadora Lidia Demediuk, representante del radicalismo en el Ente.

Hallar reclama también las notas cruzadas entre los vocales del Tribunal (que son cuatro), pero también objeta la falta de datos anteriores, los que corresponden a la administración Kirchner.

El Justicialismo por su parte, a través de la miembro informante y presidente de la Comisión de Presupuesto, Judit Forstmann, manifestó su orgullo que después de tantos años, se siga debatiendo sobre los recursos extraordinarios que la provincia tiene depositados y a buen resguardo, saber que recibimos una suma, que gastamos en la provincia la misma cantidad de lo que recibimos y que seguimos con los mismos fondos en el exterior.

Indicó que otras provincias también recibieron fondos y hoy no los tiene o incluso hasta están endeudadas, como en el caso de Chubut, al tiempo que particularizó el caso de San Luis, que confió en el país, depositó sus fondos aquí y en el gobierno radical se los dejaron dentro del corralito.

Remarcó que no puede haber dudas sobre dónde están depositados los dineros de la provincia ya que se encuentran en bancos con la máxima calificación internacional (triple A).

Destacó que además de lo que marca la Ley, que es analizar el período en cuestión, es decir la actuación del Ejecutivo durante el Ejercicio 2003, además del informe del Tribunal de Cuentas, se entregó a cada legislador una copia del informe que el Ministerio de Economía envió para que el organismo evalúe su actuación, dos cuerpos con 481 páginas.

Sobre los 53 millones que se daban como faltantes, Forstmann sostuvo que hay un registro en el cual cada año se fueron dando distintas incorporaciones de fondos a la provincia cuya documentación obra en la Legislatura, detallando los montos desde 1994 a 1999, los cuales cerraban en la cifra que se había dado como faltante por el radicalismo.

Finalmente se aprobó el informe por mayoría, 19 votos contra 2 del radicalismo que votó en contra.

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