Usar el superávit para promover el empleo

Para Idesa, (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), aumentar los salarios y el empleo es una necesidad imperiosa frente a la grave situación social que enfrenta el país. En un contexto donde el empleo no registrado es masivo, el aumento del salario mínimo en el mejor de los casos será una decisión sin impactos relevantes. Cada vez es más evidente que es necesario apelar a instrumentos menos tradicionales y más acordes al problema, explica Idesa a través de un comunicado. Uno muy relevante, por ejemplo explica sería eliminar los impuestos al trabajo a los trabajadores de bajos ingresos.

Aumentar los salarios y el empleo es una necesidad imperiosa frente a la grave situación social que enfrenta el país. En un contexto donde el empleo no registrado es masivo, el aumento del salario mínimo en el mejor de los casos será una decisión sin impactos relevantes. Cada vez es más evidente que es necesario apelar a instrumentos menos tradicionales y más acordes al problema. Uno muy relevante seria eliminar los impuestos al trabajo a los trabajadores de bajos ingresos.

Más allá de su alto impacto mediático y político, el Consejo del Salario no tiene posibilidades de producir cambios importantes desde el punto de vista del funcionamiento del mercado de trabajo. Desde julio del 2003, que el salario mínimo aumentó de $200 a $300 y hubo decretos de aumentos por $224 para el resto de los trabajadores, la respuesta de las empresas, especialmente pequeñas y medianas, fue intensificar las contrataciones "en negro". Así, el empleo no registrado aumentó de 62% a 76% entre los que ganan $200 y $400 y de 27% a 34% entre los que ganan entre $400 y $1.000.

Semejantes niveles de empleo no registrado no pueden seguir siendo ignorados al momento de definir las políticas laborales. Habría que asumir que seguir aplicando los instrumentos tradicionales, como los aumentos centralizados de salarios –bajo las actuales condiciones– constituye una política cada vez más intrascendente. Para mejorar la situación de quiénes hoy tienen empleo pero no llegan a superar la línea de pobreza y de quienes ni siquiera tienen la oportunidad de conseguir un empleo, requiere explorar vías alternativas.

En un contexto donde por primera vez en mucho tiempo la situación fiscal muestra cierta holgura, existe la posibilidad de usar la política impositiva en función del objetivo de incentivar la generación de empleos registrados.

Algunos datos básicos permiten demostrar la viabilidad de esta alternativa:

• El Estado Nacional registra un superávit fiscal que llega, en lo que va del año, a unos 13.500 millones de pesos. Es decir, casi 2.000 millones de pesos por mes.

• Por otro lado, hay 700.000 trabajadores asalariados registrados del sector privado que, a pesar de tener trabajo, son pobres. Estos trabajadores pobres, por estar registrados, pagan en concepto de impuestos al trabajo 150 millones de pesos mensuales aproximadamente.

• Los trabajadores asalariados no registrados que son pobres son 1,8 millones y, obviamente, no pagan impuestos al salario ni tienen seguridad social.

La mejor forma de canalizar el superávit fiscal a favor de combatir la pobreza no es aumentando el gasto social (por ejemplo, expandiendo el Plan Jefe) sino dejando de cobrar (o pretender cobrar, ya que en la mayoría de los casos no lo logra) impuestos al trabajo a los trabajadores con bajos salarios.

Una manera simple, transparente y automática es establecer un mínimo no imponible para los impuestos al salario. Si se fijara el mínimo no imponible en $400 –es decir, el probable monto que aprobará el Consejo del Salario– el costo fiscal inmediato de esta medida sería de aproximadamente 600 millones de pesos mensuales, o sea menos de un tercio del superávit fiscal mensual.

Fijar un mínimo no imponible de esta manera implicaría de manera instantánea un aumento del 15% en la remuneración de bolsillo de los trabajadores registrados con salarios más bajos. Con el correr de los meses, incentivará la formalización de los que hoy están "en negro" y la creación de empleo asalariado privado registrado de los que hoy son beneficiarios o potenciales beneficiarios de la ayuda asistencial.

El aumento de la registración implicará mayor gasto social por el lado de que más gente accederá a la cobertura de la seguridad social. Sin embargo, esto será compensado por una menor demanda de planes asistenciales. Si además, la aplicación de un mínimo no imponible se combina con un cambio en el mecanismo de recaudación –que apunte a simplificar la vida a las empresas y mejorar los sistema de información de control del Estado– el costo fiscal se reducirá rápidamente debido a que el Estado contará con instrumentos eficaces para controlar el empleo no registrado.

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