Relator de la ONU hace un crítico balance de la justicia en Brasil

La justicia brasileña excluye a los sectores menos favorecidos, es lenta y está afectada por la violencia y la relación de algunos jueces con grupos de poder, declaró en Brasilia el relator especial de la Organización de Naciones Unidas Leandro Despouy.

El principal problema de la justicia brasilera es la "falta de acceso al sistema de ciertos sectores, especialmente los menos favorecidos económica y socialmente", dijo Leandro Despouy, relator de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, en una rueda de prensa al concluir una visita de doce días a Brasil, invitado por el gobierno.

Despouy, décimo relator de la Comisión de Derechos Humanos del organismo mundial que llegó a Brasil para conocer su situación en diversos campos, extrajo sus conclusiones de 60 reuniones sostenidas con unas 500 personas en cinco ciudades donde estuvo.

Entre sus interlocutores figuraron tres ministros y otros funcionarios del gobierno y del ministerio Público, las más altas autoridades judiciales, abogados, jueces, fiscales y representantes de la sociedad civil organizada.

El funcionario de origen argentino censuró la vinculación de jueces con quienes ejercen el poder político y económico, sobre todo en ciudades del interior, la falta de acceso de muchos sectores sociales a la justicia, la extrema lentitud de esta y la violencia e impunidad que pudo constatar.

En su informe final resaltó la "notoria morosidad" de la justicia brasileña, en un país con déficit de jueces del tamaño de un continente y afirmó que gozó de todas las garantías para realizar su evaluación sobre el estado del poder judicial brasileño.

Otro problema es el de la violencia contra jueces por parte de la delincuencia organizada, como ocurre en el estado de Amazonas (noroeste), señaló el jurista argentino.

Advirtió que el fuerte aumento de la criminalidad está afectando el desempeño del poder judicial brasileño; citó el caso alarmante de la ciudad de Belén (nordeste), donde "por cada 6 presos que salen, ingresan 15".

Adelantó que su informe recomendará al gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva que se dé en primera instancia una mayor cobertura a la defensoría pública para enfrentar el problema del excluyente acceso a la justicia.

En septiembre del pasado año, la relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir, consideró que el Poder Judicial tiene responsabilidad por omisión o complacencia con muchas de las violaciones de los derechos humanos en Brasil.

Una encuesta realizada en noviembre del 2003 por la Orden de Abogados del Brasil mostró que el Poder Judicial es una de las instituciones en que menos confían los brasileños, apenas superado por el Congreso y el ministerio Público, que quedaron en peor situación.

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