Bajo sospecha

A Jorge Asís, al cumplirse 20 años de su novela Diario de la Argentina.

Eduardo Bauzá ya no es protagonista de la política cotidiana. Tampoco Alberto Pierri ni Juan Manuel Valcarcel, quien terminó en una celda. Las ausencias de los amigos afectan el vigor de Grupo Clarín para presionar en el Congreso de la Nación.

Al conglomerado de medios sí le queda en pie su acuerdo con Eduardo Duhalde, vínculo aparentemente indestructible; pero el propio Duhalde ha advertido que el tema provoca fricciones inoportunas en el bloque bonaerense.

Ejemplo de ello es la escasez de diálogo entre los líderes parlamentarios y los responsables de los asuntos públicos del multimedios más poderoso del país.

A muchos legisladores no les resultó ‘aceptable’ una anécdota que se distribuyó hace algunas semanas en el Legislativo: horas antes de la votación en el Consejo de la Magistratura para definir la suerte del hoy ex juez Roberto Marquevich, un ejecutivo del ‘holding’ visitó a Alberto Fernández, jefe del Gabinete de Ministros, para intimarlo acerca de la necesaria destitución del magistrado que había osado detener a Ernestina Herrera de Noble, presidente de Grupo Clarín.

Al parecer, mencionó la necesidad de evitar la difusión de cierta información que supuestamente afectaría a algunos legisladores oficialistas. "No podemos aceptar semejante extorsión", bramaron algunos parlamentarios.

Desde entonces, flaquea la relación entre las partes, y no es una cuestión de libertad de expresión sino –dicen los legisladores- de utilización de los medios de comunicación para forzarlos a favorecer los intereses comerciales de esa corporación de negocios. Poco tiene que ver todo esto con el periodismo.

Luego, la acción provoca reacción.

Entonces varios legisladores han comenzado a promover la creación de una Comisión Investigadora que afectará, inevitablemente, a Grupo Clarín. El tema inicial sería Papel Prensa S.A.

"No se trata de afectar la libertad de expresión sino de resguardar los intereses de todos los argentinos. El Estado nacional –o sea todos los contribuyentes del país- son accionistas del 25% de la empresa Papel Prensa y es necesario investigar qué ocurre con el dinero de todos cuando hay sospechas de graves irregularidades financieras", explicó uno de los senadores nacionales que promueve la creación de la Comisión Investigadora.

Julio Ramos, el fundador del diario Ámbito Financiero y presidente de su editora, Amfin, escribió hace algunos años una investigación sobre Papel Prensa, empresa a la que, por entonces calificó, y lo ha reiterado, como "un cerrojo a la prensa independiente".

Para algunos contadores públicos nacionales que han consultado los legisladores, y quienes llegaron al hotel donde se reunieron con las fotocopias de las comunicaciones de Papel Prensa a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los dos accionistas privados que son socios del Estado nacional en la empresa –AGEA / Grupo Clarín, y S.A. La Nación- utilizan a Papel Prensa para autofinanciar su consumo del insumo más importante en el proceso de producción de diarios: el papel.

"Así, el Estado nacional utiliza su capacidad financiera y su influencia política para favorecer a algunas empresas en desmedro de sus competidores; luego, ha avalado una descapitalización de un activo que le pertenece, en parte; y ha permitido una sugestiva refinanciación de pasivos a favor de los otros accionistas, sin que haya algún beneficio para los contribuyentes y provocando una injusta deslealtad para los otros consumidores de papel para diarios", es una de las conclusiones.

En verdad, nunca nadie investigó la empresa Papel Prensa, que ha gozado de protecciones, exenciones y otros beneficios del Estado nacional y del Estado bonaerense durante décadas.

Papel Prensa era un proyecto de la familia Civita, que ésta abandonó y, entonces, retomó David Graiver. Cuando el llamado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ le intervino sus bienes a través de la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial, también le quitó las acciones a sus herederos para adjudicárselas, en forma directa, a S.A. La Nación, AGEA / Grupo Clarín y La Razón, que por entonces era un diario vespertino controlado por el Comando en Jefe del Ejército pero administrado por la familia Peralta Ramos.

Años después, AGEA / Grupo Clarín se quedó con el paquete accionario de La Razón, luego de una polémica administración irregular que hicieron un síndico y un magistrado de la convocatoria de acreedores solicitada por quien era el propietario de ese diario, José Pirillo (la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema llegaron a pedir el juicio político para el juez Héctor Jorge Foiguel López por aquellos fraudes).

"Si la Justicia en lo Comercial hubiera actuado con Multicanal tal como lo hizo con Pirillo en la quiebra de La Razón, Clarín nunca hubiese logrado el acuerdo preventivo extrajudicial", fue la conclusión de un tercer legislador nacional que participó del diálogo.

La relación entre Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, José Alfredo Martínez de Hoz y Carlos Conrado Helbling –era el presidente del Banco Nacional de Desarrollo, que financió la construcción de Papel Prensa en la localidad bonaerense de San Pedro- con Héctor Magnetto, por entonces en ascenso dentro de la estructura de AGEA / Clarín que lideraba la familia Frigerio, es uno de los vínculos menos profundizados por la prensa de izquierda que trabó una alianza con AGEA / Clarín contra Carlos Menem, durante los años ’90.

Pero, en el presente, lo concreto es que la reestructuración de pasivos aprobada por el directorio de Papel Prensa, con la participación de los representantes del propio Estado nacional, afecta toda la legislación sobre sociedades anónimas, sobre Defensa de la Competencia y sobre utilización de los recursos financieros del Fisco.

Néstor Carlos Kirchner conoce qué es lo que está ocurriendo hoy día en la puja entre intereses comerciales en los medios de comunicación. Tiene información que le han preparado, por separado, José Francisco Larcher, Alberto Fernández y Julio De Vido.

Dos de ellos le han advertido que las políticas de concesión de favores a Grupo Clarín para que cesaran las denuncias –con frecuencia, falsas o interesadas- les provocaron desgastes irreparables al gobierno cívico-militar, a Raúl Alfonsín, a Carlos Menem, a Fernando De la Rúa y a Adolfo Rodríguez Saá.

"Sólo Eduardo Duhalde logró una buena convivencia con Magnetto, que pagaron millones de argentinos con la mayor transferencia de riqueza de la historia que fue la pesificación asimétrica para reducir el pasivo de Grupo Clarín", afirmó un abogado que se desempeña junto a uno de los tres colaboradores del Presidente.

Ellos recordaron que, además, para rescatar al multimedios de sus cenizas, Duhalde debió conceder una Ley de Quiebras que el Fondo Monetario Internacional le obligó a vetar, y entonces una Ley de Patrimonio Cultural que lograra, específicamente, lo que la anterior Ley de Quiebras no pudo: limitar o suspender los derechos del acreedor para impedir que pudieran ejecutar a Multicanal y otras compañías de Grupo Clarín.

"AGEA / Clarín es uno de los grupos empresarios que se opone a normalizar la relación con el Fondo Monetario Internacional porque una de las reformas estructurales que exigirá el FMI, más temprano que tarde, es la reformulación de la Ley de Patrimonio Cultural", es una de las conclusiones a que arribaron varios empresarios consultados por colaboradores de Kirchner, quien mantiene otras diferencias con el FMI pero, más allá de los gestos, no se encuentra dispuesto a interrumpir la relación con el organismo financiero multilateral.

Ezequiel P. Paz y Alberto Gainza Paz fueron personajes clave en la historia del periodismo argentino. En sus días, el diario La Prensa controlaba el negocio de los avisos clasificados y así obtenía los mejores ingresos de la prensa gráfica.

Sin embargo, su producto no logró sobrevivir a un enfrentamiento con el gobierno de Juan Domingo Perón, al que, sin embargo, lograron infligier un duro castigo internacional.

Logró logró que La Prensa declinara y La Prensa logró que Perón quedara para siempre, en el mundo libre, con la lápida de ‘dictador’.

La Argentina perdió mucho con aquellas diferencias que marcaron el inicio de décadas de antinomia que derivaron en los trágicos ’70 que Jorge Asís retrató tan bien, hace 30 años, en su novela Los Reventados.

También es verdad que los intereses comerciales de las empresas periodísticas no pueden condicionar la información que se suministra a la opinión pública.

En estos días se ha iniciado un difícil debate acerca de periodismo y poder, el negocio de los medios y el deber de la prensa, que se ha potenciado con la disolución de la Asociación Periodistas, que resultó un ‘grupo de presión’ de Grupo Clarín contra el gobierno de Menem y, luego, de Fernando De la Rúa, pero que no soportó una polémica acerca de la relación entre el editor y sus periodistas.

Semejantes limitaciones afectan el valor más importante de la comunicación social: la credibilidad de los consumidores de medios en el valor de la información que se les suministra.

Es verdad que en la sociedad moderna, los llamados ‘tiburones de la comunicación’ desarrollan sus imperios acordando / presionando al poder de turno, en especial porque son los funcionarios políticos quienes administran las frecuencias de tele-radiodifusión, que son los medios más decisivos en la era de la comunicación visual.

Una de las posibilidades para limitar esos peligros, que pueden llevar a la sociedad a situaciones tan caóticas como evitables, es asegurar la diversidad. Toda concentración de la información deriva en control de la expresión. El monopolio de la comunicación supone la pérdida de valores estratégicos para la vigencia del propio Estado de Derecho.

Es verdad que, a menudo, los gobernantes se sienten seducidos por la posibilidad de controlar lo que se dice o se exhibe porque –equivocados- creen que así influirán sobre lo que piensa cada individuo. Pero apenas es una ficción que, cuando la descubren, ya es demasiado tarde.

Los gobernantes, los empresarios, los periodistas, los argentinos en general deben creer, alguna vez, en el valor de la libertad para resolver sus dificultades. El peligro de una manipulación estatal de los medios es tan preocupante como el peligro de una manipulación privada de los medios. Y a la manipulación sólo se le evita con la limitación del monopolio y la eliminación de la censura.

En las semanas que vendrán, la sociedad argentina –que ya tiene suficientes dificultades- deberá convivir, además, con los coletazos de una puja por el control de los medios de comunicación y el peligro de una concentración definitiva. Resultaría importante que el Presidente y sus colaboradores comprendieran qué la opinión pública puede concederles el reconocimiento que buscan, si ellos le aseguran la transparencia y la libertad.

Edgar Mainhard
Director Periodístico

Dejá tu comentario