La ignorancia de Kirchner y Lavagna obliga a reproducir un informe del 18 de abril

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino publicó el 18 de abril una propuesta acerca de cómo realizar una inmediata suba de salarios sin perjudicar el desenvolvimiento operativo de las empresas. Néstor Kirchner y Roberto Lavagna padecen una enorme ignorancia conceptual e ignoran no sólo casi todo sobre la macroeconomía sino, además, cómo realizar reasignaciones de ingresos que no resulten de inflacionarios aumentos generales por decreto. Confiando en que alguien pueda quitarles las orejas de burro, reproducimos aquel informe del 18 de abril (De paso: ¿qué dirán ahora los empresarios que tanto respaldan este modelo económico como los de AEA, que comienzan a percibir ahora el error que cometieron?):

El 40% de los empleados en relación de dependencia, viven en la pobreza. El Gobierno apela en forma recurrente a los decretos para ver si puede mejorar la situación de esta gente. Pero esos aumentos no llegan al salario de los pobres. La buena noticia es que hay una forma muy eficaz que el Estado ya debería utilizar.

En la Argentina hay más de 6 millones de personas que trabajan en relación de dependencia en el sector privado. A pesar de que tienen un trabajo remunerado, el 40% vive por debajo de la línea de la pobreza.

Es decir, hay más de 2,4 millones de personas con empleo y pobres. Esto ocurre porque el aumento de los precios aumentó el valor de la canasta básica, los salarios de estas personas son bajos porque tienen bajo nivel de calificación y sus hogares suelen tener grupos familiares ampliados.

Con datos del INDEC sobre empleo asalariado, ingresos y estructura de hogares, que datan de mayo de 2003, actualizados con el Coeficiente de Variación Salarial se observa que:

• El salario promedio de bolsillo de estas personas es de $363 y viven en hogares con ingresos totales de $598.

• La canasta básica de estos hogares es de $925.

• Un hecho notable es que el 33%, a pesar de ser pobre, tiene un empleo registrado. El salario de estas personas es de $587 y el ingreso total del hogar de $765.

Para paliar esta situación, el Gobierno va a ordenar por decreto a las empresas a que otorguen un aumento de 50 pesos. Esto se suma a otros tres decretos que ordenan aumentos por $240. Cabría esperar que entre este 33% de trabajadores registrados el decreto de aumento se cumpla ya que son empleos formales.

Sin embargo, la medida es poco efectiva, porque a menor salario menos posibilidades hay que el trabajador reciba el aumento, y altamente distorsiva, porque interfiere en la política remuneratoria de las empresas y los contratos privados entre empresas y trabajadores. La mejor alternativa para aumentar el salario de los trabajadores registrados es disminuir los impuestos al trabajo entre los trabajadores pobres.

Con solo establecer un mínimo no imponible para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de $500 se logra el mismo objetivo con muchos mejores resultados. El trabajador automáticamente recibe un aumento de salario de bolsillo de $50 y el empleador una disminución del costo laboral de $68.

Las ventajas del mínimo no imponible son dos. Primero, es de cumplimiento automático porque es una porción de salario que el Estado le está quitando al trabajador pobre. En cambio, a un decreto no hay garantías de que las empresas lo cumplan. Segundo, protege el empleo ya que disminuye el costo laboral. En cambio, el decreto genera aumento del costo laboral e inseguridad jurídica.

¿Cómo compensar el impacto fiscal?. El mínimo no imponible se debe complementar con un aumento de la alícuota de contribución patronal con lo cual la caída de recaudación por la exención a los bajos salarios se compensa con una mayor imposición a los altos salarios, que tienen mayor productividad y posibilidad de crecer en el mediano plazo.

En conclusión, no es racional combatir la pobreza obligando a las empresas a pagar aumentos de sueldos porque en la mayoría de los casos la obligación no se condice con las posibilidades económica de la empresa. El sentido común dice que, si el Estado quiere combatir la pobreza, lo primero que debe hacer es dejar de cobrar impuestos al pobre

--------------

www.Idesa.org/ Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2004.

Dejá tu comentario