Sorprende la cantidad de causas judiciales que comprometen a Alberto Fernández

Algunas de las causas judiciales que involucran al Jefe del Gabinete de Ministros, de acuerdo a la revista EDICIÓN i, que publicó la 2da. parte de una investigación sobre Alberto Ángel Fernández: ** ‘Olivera Enrique s/ párrafo 3 art. 36 CN’, Juzgado 2 Secretaria 4, expediente Nº 1.306/04. ** ‘Alberto Fernández s/ incumplimiento de autor y violación de deberes de funcionario público’, Juzgado 2 Secretaria 4, expediente Nº 2.191/04. ** ‘Roberto Lavagna s/ estafa’, Juzgado 8 Sec 16, expediente Nº 8.563/04. ** ‘Béliz Gustavo s/ violación de secretos’, Juzgado 1 Sec. 2, expediente Nº 11.086/04. ** ‘Kirchner s/ malversación de caudales públicos’, Juzgado 11 Sec. 21, expediente Nº 12.312/04. ** ‘Ibarra Aníbal s/ atentado contra más de 3 personas’, Juzgado 9 Sec. 18, expediente Nº 1.839/05. ** ‘Alberto Fernández s/ abuso de autoridad y violación de deber de funcionario público’, Juzgado 3 Sec. 5, expediente Nº 3.269/05. ** ‘Kirchner s/ violación de correspondencia’, Juzgado 3 Sec., expediente Nº 5027/05. ** ‘Kirchner s/ malversación de caudales públicos’, Juzgado 6 Sec. 11, expediente Nº 15093/05. ** ‘Kirchner Néstor art. 140 Código Electoral’, Juzgado 12 Sec. 23, expediente Nº15.497/05. ** ‘Fernández Alberto s/ incumplimiento y violación de deber de funcionario público’, Juzgado 4 Sec. 8, expediente Nº 15.878/05. POR EDGAR MAINHARD

"Al iniciarse los años ´90, el Estado podía ser representado como un obeso y lento gigante. Era el efecto irremediable del modelo intervencionista del Estado de bienestar inaugurado con la posguerra. Las medidas económicas articuladas desde entonces buscaron hacerlo más eficaz para atender mejor las necesidades de la población. De esa manera, se lo puso en línea sin dictarse los correctivos necesarios que, además, lo tornaran ágil. A modo de ejemplo, se constituyó este Estado que, aunque rápido para desregular la economía, es lento para evitar monopolios o proteger consumidores y que, aunque promueve el crecimiento no tiene la misma velocidad para articular políticas sociales de contención"
Alberto Ángel Fernández modelo ‘90

1. Aquellos ‘90

Pablo Jacoby es uno de los abogados más influyentes de la Ciudad de Buenos Aires. Jacoby no pertenece a las familias tradicionales del Derecho Penal argentino, pero él ha logrado ascender socialmente construyendo un entramado de relaciones alternativas en las que los periodistas y los medios de comunicación tienen un rol protagónico.

Entre los periodistas que Jacoby ha patrocinado debe destacarse a Horacio Verbitsky y Jorge Lanata, entre muchos otros; en los medios de comunicación es apoderado del diario Página/12 y el semanario Veintitrés.

La relación con Verbitsky incluye al Centro de Estudios Legales y Sociales que preside éste. Pero el abanico es más amplio. Con Pablo Slonimski, Jacoby patrocinó al Centro Simon Wiesenthal en la Argentina (ellos lograron, además, una gran difusión cuando patrocinaron a la familia del periodista Juan Castro, muerto en un hecho muy confuso). Con Alberto Zuppi, patrocinaron a Memoria Activa, una organización no gubernamental creada luego del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia); surgieron algunos inconvenientes cuando Zuppi se convirtió, a sugerencia de Verbitsky, en el ministro de Justicia de la Nación del efímero gobierno de Adolfo Rodríguez Saá.

La red de inserción social progresista de Jacoby entró en leve crisis la noche del jueves 30 de diciembre de 2004, cuando ocurrió el incendio del local de baile clase C República Cromañón, en el barrio de Once de la Ciudad de Buenos Aires. El administrador del local y organizador de eventos era Omar Emir Chabán, un integrante de la corriente cultural frecuentada por Jacoby, básicamente a través de la Fundación Sociedad Tecnología Arte (Start), que co-fundó junto a su hermano Roberto Jacoby, y otros; y de la que fue secretario.

Jacoby firmó un comunicado de Fundación Start, en ocasión del escándalo ocurrido cuando el camarista Gustavo Bruzzone decidió la excarcelación de Chabán:

"(..) ES PÚBLICO que el Dr. Gustavo Bruzzone es editor fundador de la revista de artes visuales Ramona, que cumplió 5 años este mes con 50 números publicados.

ES PÚBLICO que el Dr. Gustavo Bruzzone es miembro de la microsociedad Proyecto Venus, una comunidad con más de 500 participantes, artistas y no artistas que no todos se conocen entre sí.

ES PÚBLICO que el Dr. Gustavo Bruzzone ha informado en varias oportunidades que no conoce personalmente a Omar Chabán, razón por la cual integró sin excusarse el tribunal que se ocupa del caso, donde Chabán es uno de los imputados.

ES PÚBLICO que el Dr. Pablo Jacoby es secretario de la Fundación Start, no se ocupa de la defensa de Chabán ni lo conoce personalmente como tampoco a sus defensores, en cambio es abogado de algunas víctimas sobrevivientes de la catástrofe del recital de Callejeros en el local República Cromañon.

ES PÚBLICO que el Dr. Pablo Jacoby forma parte del Proyecto Venus y conoce al Dr. Gustavo Bruzzone porque ejerce la profesión de abogado desde hace muchos años.

ES PÚBLICO que Omar Chabán participó de una mesa redonda con Sergio De Loof sobre el tema "El arte es una mierda" que fue publicada en la revista Ramona hace varios años.

ES PÚBLICO que Omar Chabán forma parte del Proyecto Venus.

ES PÚBLICO que Roberto Jacoby y otras personas del Proyecto Venus, conocen a Chabán desde hace muchos años dado que Chabán es un artista y promotor cultural muy activo en la vida de la ciudad, en el rock, el teatro, etc.

ES PÚBLICO que en 2002 Chabán prestó gratuitamente su espacio de la calle Salta para desarrollar durante seis meses actividades del Proyecto Venus y el convenio no se renovó (...)".

Junto a Daniel González, otro abogado de su confianza, Jacoby patrocina a Eva Bernardette Oroza, quien en julio de 1998 ganó un juicio civil por $ 650.000 (en aquel entonces, US$ 650.000) contra la aseguradora Federación Agraria Cooperativa de Seguros Limitada.

En febrero de 1991, el padre de Eva Oroza fue la víctima en un accidente que también protagonizó el conductor Jorge Rotella. La familia Oroza intentó cobrar, como indemnización por los daños sufridos, la póliza que aseguraba a Rotella, pero Federación Agraria pidió su auto-liquidación, no afrontando la sentencia civil a favor de Oroza.

El propio abogado Jacoby explicó lo ocurrido, al mensuario Estrategas, especializado en temas del seguro y reaseguro:

-En la década de los ’90, cuando las aseguradoras comenzaban a tener dificultades financieras, por la alta siniestralidad y los juicios, se presentaban en liquidación y transferían su principal activo, que es su cartera de clientes, a otra nueva empresa transformada, quizá con el mismo nombre pero con forma de sociedad anónima. Entonces, la vieja empresa iba a liquidación y la nueva se quedaba con el activo, la cartera de clientes. Esto se repitió en muchas empresas mientras los organismos de control no tomaban medidas.

La autoridad de control del mercado asegurador era la Superintendencia de Seguros, cuyo titular durante gran parte de los ’90 fue Alberto Fernández. El período en el que ocurrió el caso de la familia Oroza coincide con la gestión de Alberto Ángel Fernández.

La denuncia judicial de los Oroza permitió que la Justicia corroborase que Federación Agraria Cooperativa de Seguros

Limitada traspasó su activo a Federación Agraria Sociedad Anónima y luego a LUA Seguros La Porteña, para no afrontar las sentencias que vendrían.

Jacoby afirmó:

-Todo ello fue posible merced a la falta de control de la Superintendencia de Seguros.

Daniel González, el socio de Jacoby, agregó:

-Federación Agraria hizo un traspaso de fondo de comercio que debía supervisar la Superintendencia de Seguros. Esto no ocurrió. Entonces, al no haber edictos y no haber pasado por el órgano de supervisión, quien compra esa cartera es solidariamente responsable.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aún no ha citado a declarar a quien superintendente de Seguros durante gran parte de la década de los ’90 pero sí citó a otros responsables de la política de seguros. En los Tribunales federales, ubicados en Comodoro Py, se afirma que carece de sentido citar a Alberto Ángel Fernández porque en cualquier caso, cualquier imputación en su contra debería afrontar la prescripción de la acción penal.

No ocurre lo mismo con Claudio Moroni, el sucesor de Alberto Ángel en la Superintendencia, su amigo desde la juventud, hoy síndico general de la Nación. Ocurre que Moroni regresó a la Superintendencia de Seguros en días de Eduardo Duhalde en la Presidencia de la Nación.

Sin duda, esta situación supone para Canicoba Corral y Alberto Ángel una sutil y silenciosa estructura de diálogo, que provoca enojo y hasta reclamos explícitos de parte de los transversales que desean que Néstor Kirchner continúe la cruzada moral en el Poder Judicial que comenzó con la decapitación de cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero, ¿cómo creen ellos que Alberto Fernández no se encuentra afectado en una causa en la que hay 40.000 demandas de asegurados que pertenecen a 160 compañías que no pagaron sus coberturas de siniestros?

El abogado González deslizó su queja, en forma implícita:

-Para nosotros, el ex superintendente Daniel Di Nucci estaría más vinculado a la caída de Federación Agraria, pero el fiscal Miguel Ángel Osorio decidió llamar a Juan Pablo Chevallier-Boutell…

Cuando el ingeniero Di Nucci fue designado Superintendente de Seguros de la Nación (SSN), retuvo, por un tiempo, el cargo de Liquidador del INdER (Instituto Nacional de Reaseguros). En ese lapso, como superintendente dispuso el cierre y liquidación de aseguradoras, sin aceptarles un plan de saneamiento -a pesar de ser acreedoras del INdER, en cifras harto significativas-. Las liquidaciones quedaron a cargo de funcionarios de la SSN.

En el expediente se investiga:

> La posible transferencia ilegítima –por parte de cuatro compañías de seguros- de pasivos litigiosos y activos subvaluados a mutuales creadas en forma irregular.

> La presunta transferencia ilegítima de activos de LUA Seguros La Porteña, dejando los pasivos en la compañía originaria a la que se sometió a proceso de autoliquidación (La Uruguaya Argentina, ex LUA Seguros). El expediente menciona la evolución que llevó a La Uruguaya Argentina S.A. a convertirse en LUA S.A. Protección Mutual, luego La Uruguaya Argentina S.A., más tarde LUA La Porteña Seguros S.A.

Gabriela Barbeito, colaboradora de la revista Estrategas y conductora del programa Pool Económico, que se transmite por la señal P+E, explicó:

-A esto se conoce como la megacausa, que concentra varios sumarios que durante años pulularon por diversos tribunales ordinarios y federales, y que fueron aglutinados en la Justicia federal porque todas tenían en común la supuesta falta de control por parte de funcionarios de Superintendencia de Seguros.

2. Omega y LUA

En la megacausa se investiga el vaciamiento de muchas aseguradoras, entre 1996 y 2001.

En esta causa se desempeñó el fiscal Gerardo Pollicita, a quien sorprendió que se acumularan más de 10 denuncias similares a la de Eva Oroza.

Entonces Pollicita libró medio centenar de oficios a distintos organismos públicos y privados en procura de obtener información por la "caída masiva" de varias compañías aseguradoras. Fueron cinco en 1989, seis en 1990, cinco en 1991, 12 en 1992, 4 en 1993 pero 11 en 1994 y 11 en 1995; 4 en 1996 pero 13 en 1997, 12 en 1998, 8 en 1999 y 10 en 2000.

Todos los caminos conducen a la Superintendencia de Seguros, encargada de verificar el funcionamiento de las compañías.
El fiscal Pollicita también le pidió al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que le remita copia de las actuaciones que se labraron en esa dependencia en el año 2001, luego de las denuncias recibidas.

Las actuaciones investigan la posibilidad que funcionarios de SSN durante las gestiones de los ex presidentes Carlos Menem y Fernando De la Rúa (el período que se investiga) hubieran actuado en connivencia con las compañías.

Pollicita solicitó medidas de prueba tendientes a averiguar si existe alguna vinculación entre los directivos de las empresas quebradas.

Alberto Fernández y otros ex superintendentes señalan que la Superintendencia probablemente realizó los controles pero estos fueron burlados, y entonces el ente de control no sería necesariamente responsable, en el caso de que se pruebe que las entidades hubieran cometido ilícitos.

Sin embargo, el 11 de noviembre del año 2001, el ombudsman Eduardo Mondino, denunció ante el Procurador General de la Nación para que se investigara si habían existido hechos delictivos en la actuación de la Superintendencia durante las quiebras de Omega y LUA.

La Defensoría del Pueblo de la Nación ya le había advertido a la SSN durante ese año que revisara los criterios que utilizaba para controlar la actividad de las aseguradoras. Mediante la resolución 187/01 y 188/02, Mondino la aconsejó al ente controlador que mejorase los mecanismos de inspecciones y auditorías de las empresas aseguradoras para llegar a determinar con mayor precisión el nivel de solvencia de la compañías.

A Mondino le llamó la atención el manejo financiero que pudieron realizar Omega y LUA antes de llegar a la quiebra y la liquidación.
La Superintendencia hizo su descargo ante la Defensoría del Pueblo. Los funcionarios dijeron haber modificado algunos procedimientos de control pero, a la vez, argumentaron que no poseían los recursos necesarios para implementar las medidas que el defensor del Pueblo les estaba solicitando.

Un colaborador de Mondino dijo:

-El problema es que el organismo se financia con una tasa específica que grava al sector para mantener al organismo controlador. Pero ese dinero, según ellos, pasa al Tesoro Nacional y no se utiliza para mejorar los sistemas de control.

¿Organismo ineficiente o perjudicado por la voracidad del Tesoro Nacional? ¿Qué se hizo para corregir, desde entonces, esta supuesta ineficiencia, tan onerosa para los damnificados por la estafa de los aseguradores?

Mondino comenzó a sospechar que algo no andaba bien en la Superintendencia cuando arribaron a la Defensoría numerosas denuncias de asegurados que habían contratado una póliza de una compañía que al poco tiempo quebraba.

Además, Mondino descubrió que la Superintendencia no modificaba los procedimientos de control sobre la solvencia de las compañías de seguros, pese a sus recomendaciones. Fue entonces cuando él decidió presentar la denuncia para que se investigara si esta falta de control podía traer aparejada responsabilidades penales o hechos delictivos.

Así comenzó el trabajo de los fiscales federales.

3. Falta de mérito

Hay otra investigación que, inevitablemente, puede involucrar al ya mencionado Moroni: el presunto vaciamiento de Sud América Compañía de Seguros, ocurrido entre enero de 1997 y junio de 2000, contando para ello con la ‘omisión y/o participación’ de los funcionarios de la Superintendencia de Seguros desde varios ejercicios anteriores.

Lo que permite comprender esta causa es cómo se administró la SSN en los ’90.

Además, los archivos periodísticos permiten corroborar el pasado que algunos pretenden desmentir. Por ejemplo, en una columna de opinión publicada en días de Menem por el diario La Nación, Alberto Fernández sostuvo acerca de aquellos ’90: "Hecha la transformación económica, hemos obtenido el clima mínimo imprescindible para poder pensar en una segunda reingeniería del Estado, que nos permita dibujar el marco en el que el crecimiento y la estabilidad que disfrutamos favorezcan el accionar ético y nos haga pensar en una Justicia más seria, en una mejor salud y en una educación que nos califique en la revolución tecnológica del mundo global que nos envuelve. De eso se trata la discusión del modelo, más allá de lo que los maniqueos de siempre prefieran contar".

Ahora bien, de acuerdo con el expediente en cuestión, en junio del año 1997, la compañía Sud América Vida y Patrimoniales presentaba un déficit de capital mínimo de más de $ 50 millones (US$ 50 millones) y fue intimada por la Superintendencia.

Entonces, la aseguradora –una filial de Sul America, de Brasil- le vendió a Sud América Terrestre y Marítima sus propiedades a cambio de un crédito litigioso contra el Instituto Nacional de Reaseguros en Liquidación, de $ 13,6 millones (US$ 13,6 millones), y "la transferencia de US$ 34 millones al exterior". Luego, Sud América Terrestre y Marítima vendió esos inmuebles a terceros. En octubre de 1997, le transfirió su paquete accionario a la compañía Suizo Argentina y en julio de 1998, la Superintendencia de Seguros autorizo que Sud América Vida y Patrimoniales se convirtiera en IAB Compañía de Seguros. Pero el 5 de agosto de 1998, la Superintendencia habría autorizado la autoliquidación de IAB. En julio de 1999, los directivos de IAB solicitaron la apertura de un concurso preventivo de cesación de pagos.

Hasta ahora trascendió el resultado preliminar de un proceso de instrucción que comenzó en el año 2004 y que compromete a unas 15 compañías de seguros y a varios ex funcionarios de los organismos de control, básicamente la Superintendencia de Seguros.

En la llamada ‘megacausa’, primero fue procesado Ignacio Warnes, en días recientes un colaborador del hasta hace poco tiempo secretario de Finanzas de la Nación, Guillermo Nielsen.

Warnes fue superintendente de Seguros entre febrero de 2000 y abril de 2001, "un perejil" en aquellas truculentas historias, de acuerdo a un funcionario del Juzgado.

Otros procesamientos fueron para el ex gerente de control de la Superintendencia, Carlos Gallo, y los hermanos Carlos Miguel Bucito y Eduardo Ernesto Bucito, socios y directivos de las ya liquidadas aseguradoras Omega Cooperativa y Omega S.A.

A su vez se dictó el falta de mérito (no hay pruebas para condenar pero hay sospechas que impiden dictar la inocencia) para Teresa Valle, gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia; Mario Cirigliano, accionista y presidente de la aseguradora LUA, del Grupo Plaza y de Cometrans (concesionario de Trenes de Buenos Aires); Pablo Dukarevich, del estudio jurídico Baker & Mc Kenzie, que patrocina en la Argentina a Century, el fondo de inversiones que en 1998 participó del 42% de las acciones de LUA Seguros, entre otros.

El asunto llegó a la Cámara Federal de Apelaciones, donde se encontraba a fines de noviembre de 2005.

4. las carpetas

Cuando asumió el gabinete de ministros de Néstor Kirchner, prevaleció una actitud beligerante con los jueces federales a quienes se acusó de menemistas, un pecado mortal como ya todos conocen.

La presencia del ex ministro de Carlos Saúl Menem y ex redactor de sus libros y discursos, Gustavo Osvaldo Béliz, en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación con Néstor Carlos Kirchner, fue traumática para la relación con el Poder Judicial.

Ocurrió que Béliz hizo declaraciones iniciales muy críticas. Su idea de que los jueces ordinarios pudiesen decidir asuntos federales fue una escalada contra los magistrados ‘de la servilleta’ que supuestamente Carlos Vladimiro Corach le obsequió a Domingo Felipe Cavallo, según dijo éste, con los nombres de los jueces que respondían a Carlos Menem.

Todos los magistrados interpretaron, además, que Alberto Fernández, jefe del Gabinete de Ministros, estimulaba la febril imaginación de Béliz, y especialmente después del nombramiento del grupo de fiscales llamados ‘Centauros’ en las segundas líneas de Béliz.

Los fiscales Norberto Quantín, Pablo Lanusse y José Campagnoli habrían fortalecido la sociedad entre Alberto Ángel y Gustavo Osvaldo.

Durante esos días, Fernández acumuló 11 de las casi 20 causas judiciales que hoy día sufre.

El Ejecutivo Nacional deslizó que proyectaba la intervención a la justicia federal mediante un proceso que incluía el nombramiento de los magistrados en dependencias vacantes, la ‘limpieza’ de los jueces que no respondían al gobierno, y el quite de competencias y jurisdicciones a los federales para limitar y acotar su poder.

Por entonces, Alberto Fernández colocó a Alejandro Rúa como secretario de la Unidad Especial de Investigación del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), dependiente del Ministerio de Justicia.

El objetivo de Fernández era desgastar a Galeano, por instrucción de Kirchner, hasta justificar su destitución, aún antes de la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº3 referida a la instrucción que Juan Galeano elevó a juicio por el ‘caso Amia’.

Rúa obstaculizó el trabajo de Galeano todo lo que pudo. Cercado, Galeano intentó presentar su renuncia ante el Ejecutivo Nacional, tal como lo hicieron los ex ministros de la Corte Suprema, Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez.

Para informar acerca de esa decisión, él envió a un emisario a corroborar si la renuncia sería aceptada. Ese emisario de Galeano fue el procurador General de la Nación, Esteban Righi.

El juez Galeano eligió al procurador Righi porque le habían comentado que mantenía una relación estrecha con Fernández, y Righi le aseguró que haría todo lo posible.

Righi se encontraba convencido de que la renuncia de Galeano era un alivio para la Casa Rosada, y dispuesto a lograr ese mérito hasta visitó a Galeano a su despacho en el 4to. piso del edificio de Comodoro Py.

Luego, Righi se presentó al Jefe de Gabinete de Ministros, y le manifestó la oferta de Galeano de acercar su renuncia. Fernández le prometió pensarlo, palmeó a Righi en la espalda, le preguntó por su hija que reside en España y lo acompañó a la puerta de su despacho en la Casa Rosada.

De regreso en su escritorio, Fernández le ordenó a su secretaria histórica que lo comunicara con el periodista Lucio Fernandez Moores, del diario Clarín, a quien invitó a su despacho.

Dos días después, Clarín publicó una nota, firmada por Fernández Moores -hermano del ex juez Javier, secretario de Justicia y Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y muy vinculado a Alberto Ángel Fernández- que desnudó la estrategia de Juan Galeano ante la Casa Rosada.

Fernández Moores se cuidó de no mencionar ni a Alberto Fernández ni a Esteban Righi.

Hay quienes afirman que Alberto le dijo al periodista:

-No me importa si ponés que vino Righi. Mejor. Si sale va a darse cuenta que hay cosas con las que no tiene que meterse.

Sin embargo, Fernández Moores mantiene una buena relación con el hoy Procurador desde hace años, y sabía que no era imprescindible mencionarlo para ridiculizar a Galeano, que en definitiva era lo que pretendía Alberto.

Hubo otra anécdota del caso Galeano, hoy ex juez federal, luego de que el Consejo de la Magistratura de la Nación decidiera darlo de baja del Poder Judicial.

El auditor general de la Nación e influyente contacto con los magistrados, Francisco Javier Fernández, se presentó en el juzgado de Galeano para ofrecerle sus servicios en el proceso de aceptación de la renuncia, ya que Galeano no lograba resultados en su esfuerzo.

El auditor se atribuyó la negociación, con éxito, de los casos de Adolfo Vázquez y Guillermo López. La mayoría de quienes conocen esta historia afirman que Galeano le creyó al auditor, quien utilizó un mecanismo similar al que ejecutó ¡en los casos anteriores: acordó con el senador nacional PJ-Río Negro, presidente del bloque oficialista en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, aspirante sin fecha a ministro de Justicia.

Entonces, Pichetto consultó al presidente Kirchner acerca de esa posibilidad. Como en los casos anteriores Kirchner dijo que sí, que la renuncia sería aceptada. Casi de inmediato la página web Infobae publicó la noticia como un hecho: Galeano presentaba su renuncia y Kirchner la aceptaba. Resultado: se suspendía el proceso abierto en el Consejo de la Magistratura.

Desde ese momento hasta que el documento de dimisión de Galeano llegó a manos del Presidente, transcurrieron 24 horas, tiempo suficiente para que Alberto convenciera a Kirchner: no era necesario aceptarla.

-Por el contrario, es inconveniente aceptarla.

Kirchner recibió el documento pero nunca se expidió, y Galeano, con un enorme costo personal, debió anunciar públicamente que retiraba su renuncia y que seguiría adelante con su defensa ante el Consejo de la Magistratura.

Por supuesto que también sufrieron una derrota severa a los ojos de los habitantes de Comodoro Py, tanto el senador nacional Pichetto como el auditor Francisco Fernández, mientras la desconfianza de los jueces federales hacia el Ejecutivo Nacional, y especialmente hacia Alberto Fernández, se multiplicó.

En tanto, Alberto aceleraba los tiempos en el Consejo de la Magistratura para designar a los jueces de los cuatro juzgados federales de instrucción vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, hasta entonces dominados por magistrados que, para entonces, ya odiaban a Alberto y sus métodos.

Ocurrió algo más complicado aún: herido por lo que ocurrió, Juan Galeano aceleró un par de causas en su jurisdicción que comprometían a Néstor Kirchner. Por un lado, una investigación sobre las máquinas tragamonedas que Cristóbal López, empresario de Comodoro Rivadavia, Chubut, había instalado en el Hipódromo de Palermo. López es amigo de Kirchner. Por otra parte, una investigación sobre si el dinero de la Provincia de Santa Cruz girado al extranjero había incrementado la riqueza personal de los Kirchner.

La reacción de Kirchner fue acelerar la designación de jueces, y al menos uno de ellos le agradeció a Galeano:

-Si no te peleabas con la Rosada, lo nuestro hubiese demorado cien años...

Así llegaron

> Daniel Rafecas al Juzgado Federal Nº 3, hombre muy cercano a Raúl Eugenio Zaffaroni, técnicamente impecable, y muy dispuesto a obedecer directivas del gobierno;

> Ariel Lijo al Juzgado Federal Nº 4, el mismo que ocupara su cuñado Gabriel Cavallo, antes de ascender a camarista del fuero durante el gobierno de Fernando De la Rúa, como premio por cajonear la causa de los sobornos pagados en el Senado;

> Guillermo Montenegro al Juzgado Federal Nº 8, quien por su carácter más bien escaso, y su demostrada inclinación a evitarse problemas, era muy necesario (además tiene el apoyo del llamado Grupo Hadad); y

> Julián Ercolini al Juzgado Federal Nº 10, vinculado a Esteban Righi, lejanamente a Alberto Fernández.

El día de la jura, Rafecas bramó que llegaba allí para "limpiar el fuero". Fue un tumulto porque los jueces federales de experiencia, ya no velaban sus armas sino que las habían cargado y apuntado.

Alberto Fernández se encuentra imputado, aún cuando no se lo mencione en la carátula, en las siguientes causas, algunas de las que lo involucran:

> ‘Olivera Enrique s/ párrafo 3 art. 36 CN’, Juzgado 2 Secretaria 4, expediente Nº 1.306/04.

> ‘Alberto Fernández s/ incumplimiento de autor y violación de deberes de funcionario público’, Juzgado 2 Secretaria 4, expediente Nº 2.191/04.

> ‘Roberto Lavagna s/ estafa’, Juzgado 8 Sec 16, expediente Nº 8.563/04.

> ‘Béliz Gustavo s/ violación de secretos’, Juzgado 1 Sec. 2, expediente Nº 11.086/04.

> ‘Kirchner s/ malversación de caudales públicos’, Juzgado 11 Sec. 21, expediente Nº 12.312/04.

> ‘Ibarra Aníbal s/ atentado contra más de 3 personas’, Juzgado 9 Sec. 18, expediente Nº 1.839/05.

> ‘Alberto Fernández s/ abuso de autoridad y violación de deber de funcionario público’, Juzgado 3 Sec. 5, expediente nº 3.269/05.

> ‘Kirchner s/ violación de correspondencia’, Juzgado 3 Sec., expediente Nº 5027/05

> ‘Kirchner s/ malversación de caudales públicos’, Juzgado 6 Sec. 11, expediente Nº 15093/05

> ‘Kirchner Néstor art. 140 Código Electoral’, Juzgado 12 Sec. 23, expediente Nº15.497/05

> ‘Fernández Alberto s/ incumplimiento y violación de deber de funcionario público’, Juzgado 4 Sec. 8, expediente Nº 15.878/05.

Debe recordarse que, además, Fernández se encuentra imputado en la causa que tiene Jorge Urso por la denuncia de corrupción por sobreprecios y compra directa en Europa de material ferroviario de 2da. mano. Esto ha logrado, en parte, que hayan cesado algunas de las ofensivas contra Urso que apuntaban a expulsarlo del Poder Judicial, como a Galeano.

De acuerdo a Gabriel Sued, periodista del diario La Nación, "la causa, a cargo del juez Jorge Urso, comenzó en junio del año pasado por una denuncia contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Se investiga si se pagaron sobreprecios en la compra de locomotoras a una empresa japonesa. Los vehículos habían sido adquiridos en los años '90 por Transportes Metropolitanos. Tras la crisis de 2002, la firma dejó de pagar y los japoneses iniciaron un juicio. La Secretaría de Transporte alegó ante el magistrado que la compra evitó la paralización del servicio y que se logró un excelente acuerdo con los vendedores".

Alberto Fernández sabe que tiene de su lado al Juzgado 2, de Jorge Ballestero, quien intenta pasar desapercibido aún con el auditor Francisco Fernandez quien le dio empleo a Josefina, hija mayor del juez..

En la primera de las causas que acaban de informarse, se imputa a Fernández, junto con Enrique Olivera, ex UCR delarruista, devenido en aliado de Elisa Carrió. Olivera gobernó la Ciudad de Buenos Aires cuando De la Rúa asumió el Ejecutivo Nacional en 1999 y Alberto Ángel era legislador porteño. Olivera, Fernández y otros seis legisladores fueron imputados por atentar contra el sistema democrático por haber cometido "graves delitos dolosos contra el Estado que conllevaron enriquecimiento". La causa se inició bastante después, en 2004.

Otro expediente ilustrativo imputa al Jefe de Gabinete el no haber rendido cuenta de todas las operaciones económicas realizadas con la delegación extraordinaria de facultades que le concedió el Congreso de la Nación. Ese privilegio le dio a Alberto Ángel la suma del poder público al menos en 2003 y 2004.

Otro expediente ilustrativo imputa al Jefe de Gabinete el no haber rendido cuenta de todas las operaciones económicas realizadas con la delegación extraordinaria de facultades que le concedió el Congreso de la Nación. Ese privilegio le dio a Alberto Ángel la suma del poder público al menos en 2003 y 2004.

Otro expediente lo involucra, junto con el ministro de Economía, Roberto Lavagna. Ya la tiene Montenegro, quien aclaró: "Por esta causa todavía no pidieron nada, así que se encuentra stand by. Estamos listos para cerrarla como hicimos con un par que involucraban a (Julio) De Vido, o declararnos incompetentes y mandarla a Santa Cruz, como hicimos con el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, pero nada más", explicó Montenegro.

En ese expediente, las imputaciones se basan en el canje de deuda pública a acreedores nacionales, y son co-querellantes algunos afiliados a Administradoras de Fondos para Jubilación y Pensión obligadas a aceptar quitas extraordinarias en sus acreencias al Estado. Por eso el coimputado es el entonces, ministro de Economía, Roberto Lavagna.

El expediente 12.312/04 se tramita en el juzgado de Claudio Bonadío, quien hizo todo lo posible por acercarse al Gobierno nacional, pero fue en vano y ahora acepta que, probablemente, su futuro se encuentra definido ya que la Cámara le quitó la causa que investiga las irregularidades cometidas durante la investigación de la voladura de la Amia.

Si lograran vaciarlo de expedientes, Bonadío sería un magistrado muy fácil de jubilar. Su condición de ex colaborador de Carlos Corach durante el gobierno de Carlos Menem es un antecedente que no resulta superable en estos tiempos.

La causa esta relacionada con la reorientación de partidas de dinero que en la Ley de Presupuesto Nacional estaban destinadas a determinadas funciones, hacia otras reparticiones o destinos no previstos y en la mayoría de los casos poco claros. El otro imputado es el presidente Kirchner.

De la demás causas que involucran a Alberto Ángel, dos se encuentran en lo de Daniel Rafecas, a quien sus amigos, en la intimidad, dicen que dijo: "Me tienen la bolas al plato, no se más que hacer para complacerlos, cierro causas que debieran estar abiertas, abro expedientes sin sentido y cajoneo otros, y todos los días me están apretando con algo distinto, no tienen límites, si esto sigue así, el año que viene renuncio".

El más avanzado de los expedientes contra Alberto Ángel es el Nº 15.093/05, iniciado en agosto de 2005. El magistrado Rodolfo Canicoba Corral inició las diligencias, acreditó la prueba documental y se encuentra en condiciones de tomar las primeras declaraciones. Canicoba mantiene muy ordenadas todas las causas que comprometan al Gobierno.

El expediente imputa también a Kirchner y trata del desvío de fondos de otras reparticiones públicas hacia la SIDE, organismo elegido para las operaciones irregulares del Gobierno. El desvío de partidas esta documentalmente probado y hay varias hipótesis sobre el destino del dinero, uno de ellos es una operación relacionada con las recientes elecciones legislativas.

Otra causa llamativa imputa a Alberto y a Kirchner en el delito previsto por el artículo 140 del Código Electoral que dice que "se impondrá prisión de dos meses a dos años al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o abstenerse de hacerlo".

El cargo es por el reparto de planes sociales y de electrodomésticos a los votantes y, si bien la causa avanza por ahora con lentitud, en el juzgado de Sergio Torres indican que "es un terreno para explorar, doctrinariamente es interesante, pero habrá que esperar".

¿Esperar qué? El devenir del poder. Nadie se mete en la Argentina con los muy poderosos. La corrupción solamente se investiga en quienes han perdido poder. Mientras tanto, será básicamente un tema de la prensa no alcanzada por la pauta publicitaria que riega con esmero Enrique Albistur, secretario de Medios de la Presidencia de la Nación.

En los pasillos de Comodoro Py todos saben que un juez como Torres no es afecto a molestar al poder, pero también que nunca cerrará causas que le pueden servir, ni cometerá "imprudencias" como las de Montenegro o Rafecas: cerrar causas o transferirlas a otros jueces es quedarse sin protección ante una eventualidad.

Por ejemplo, Sergio Torres recibió desde la justicia de Santa Fe una causa en la que se investiga si Kirchner y su mujer, Cristina Fernández, usaron el helicóptero presidencial para concurrir al lanzamiento de la campaña del Frente para la Victoria, el 24 de agosto de 2005, en la ciudad de Rosario. Si bien el fiscal Oscar Amirante aún no presentó el requerimiento de instrucción, que da inicio a la investigación –se limitó a exigir que primero se realicen medidas para corroborar si el helicóptero viajó ese día a Rosario y si el Presidente tenía actividades oficiales previstas en esa ciudad- nadie cree que Torres cerrará la causa así nomás.

¿Y qué decir de Julián Ercolini, quien investiga desde septiembre de 2005 si funcionarios del gobierno de Kirchner cometieron irregularidades en los procesos de licitación para la construcción de tres cárceles federales? La investigación continúa, pese a que una vez que trascendió el escándalo el Gobierno anuló el proceso, y que Roberto Lavagna no lo dijera molestó muchísimo a Kirchner cuando el ministro en su acto semifinal habló de sobreprecios en la contratación de obra pública. El juez Ercolini pidió a los ministerios de Justicia y de Planificación todos los antecedentes administrativos de la licitación y tomó declaración como testigos a técnicos de la cartera de Justicia. ¿Ercolini cerrará esa causa con la velocidad del rayo? No.

¿Y qué decir de aquella presentación de la Oficina Anticorrupción (OA) sobre el traspaso de fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia, en julio de 2004? Se inició una causa en el Juzgado Federal Nº 9, hoy a cargo del juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid. Se investiga una transferencia de $ 111 millones durante 2003, por medio de tres decretos secretos. Según una denuncia de Gustavo Osvaldo Béliz, ese dinero fue utilizado por Eduardo Alberto Duhalde para sustentar la campaña electoral de Néstor Carlos Kirchner.

En el caso de Jorge Urso, ha aflojado la ofensiva en su contra que llevaba adelante el Consejo de la Magistratura para lograr su destitución. El ariete de Alberto Fernández en ese colegiado se llama, todo lo indica así, Beinuzs Szmukler, y pergeñaron una historia inconsistente con una ex empleada del juez que primero lo acuso de bañarse desnudo y después de recibir dinero del gobierno de Menem, pero inmediatamente se desdijo.

Urso salió adelante en este caso, pero la maniobra desnudó las intenciones de Fernández-Szmukler, y además ahora tiene una causa en la que Alberto Ángel está denunciado...

De pronto, resulta que Alberto Ángel es más frágil de lo que muchos imaginan. Probablemente ni él mismo había tomado conciencia de su verdadera condición. Tiene mucha tarea pendiente en el Poder Judicial, y además debe cumplirla sin incomodar al Presidente.

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