Qué pasa en Santa Cruz: Un ejemplo de la crisis

¿Por qué pasa lo que pasa en Santa Cruz? Aqui un ejemplo de las irregularidades que ocurren en la provincia presidencial. Desde 1998 se buscó, en la Provincia de Santa Cruz, atenuar los conflictos sociales pagando subsidios a través de las empresas petroleras -afectadas por la acción de los piquetes y las protestas-. Entonces se promovió una modalidad de retribución, y también una forma de corrupción. Si en Santa Cruz se paga por la seguridad, ¿por qué siguen los conflictos? El autor es director de la agencia OPI Santa Cruz y escribió para la revista EDICIÓN i: POR RUBÉN LASAGNO (Desde Río Gallegos)

El Guiño oficial

En junio del año 2000 se renovó la comisión directiva del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, que tiene sede en Caleta Olivia.

Esa comisión directiva tiene mandato hasta hoy día, con Héctor Segovia, alias ‘Chaco’, como secretario general, conocido ‘hombre fuerte’ del petróleo patagónico a quien se lo vincula y relaciona, en forma muy estrecha, con el ministro Julio De Vido. El secretario adjunto es Abel Shiuffi.

Debido a la gran crisis social de entonces, en octubre de ese año el sindicato realizó acciones muy rudas en contra de las empresas que no respondían a las exigencias de los trabajadores. Entonces, se vivieron días de piquetes, cortes de rutas y quema de cubiertas frente a las operadoras petroleras de la zona del norte santacruceño, básicamente Repsol YPF, Panamerican Energy y Vintage Oil. El conflicto fue organizado por los petroleros bajo convenio.

La acción del sindicato apuntó a exigirle a las empresas que abrieran nuevas fuentes de trabajo, que ampliaran sus inversiones en la provincia y que, de esta manera, ayudaran a desactivar un desequilibrio que más adelante promovería renovados conflictos: la desocupación que por entonces trepaba al 25%.

En esta instancia, el sindicato profundizó sus medidas de acción directa y, a pesar de la dificultad que la actividad de protesta causaba en la región y el freno de la actividad petrolera, el Gobierno de la provincia tuvo, de alguna manera, un ‘guiño cómplice’ hacia Segovia, e indirectamente apoyó esta acción porque la situación conducía, entonces, a una negociación con las empresas en la que ellas deberían aportar dinero e inversiones.

Estos recursos supondrían para el Gobierno, una mayor cantidad de divisas ingresadas en concepto de regalías, y buscar mecanismos para enfrentar el problema social latente. El plan de lucha que desplegó el gremio dio resultados y, mediante presión, logró que las operadoras contrataran personal y realizaran otras inversiones en el Golfo San Jorge.

Como dijo Juan Perón

Por entonces ya se perfilaba dentro del gremio una división política derivada de intereses contrapuestos y de alineamientos que resquebrajaban, y resentían, no sólo la convivencia sino tocaba los intereses propios de los trabajadores que se polarizaban.

Un sector de los afiliados petroleros comenzó a culpar a la conducción gremial de haber desviado sus objetivos iniciales y de haber politizado las negociaciones con las petroleras, al punto de acusarlos de asociarse, en cierta manera, al interés de los municipios de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, aceptando que los intendentes municipales recibieran "subsidios" a cambio de contener el desborde social.

Juan Domingo Perón dijo algo así como que si alguien desea que algo no funcione o se investigue, debe integrar una comisión, y si a se quiere que todos terminen peleados, debe asignarle un presupuesto.

Aquí pasó algo similar, y la ambición se transformó en corruptela asociada.

A finales de ese año 2000 empezó a hacerse efectivo el acuerdo entre las partes, que se extendió a 2001. Uno de los temas de mayor conflictividad que comenzó a provocar enfrentamientos internos en el sindicato fue, precisamente, la recaudación y distribución de ese dinero.

La plata de Cristobalito

Por entonces nació la llamada Comisión de Desocupados, en la que confluyeron:

> aquellos que no habían podido conseguir trabajo,

> quienes habiéndolo tenido lo habían perdido, y

> otros que se sumaron a último momento, sin que en algunos casos se pudiera establecer la procedencia.

Un sector de los trabajadores desocupados comenzó a cuestionar la administración del dinero aportado por las empresas privadas del sector Repsol YPF, San Antonio, Pride Internacional SA y Oil S.A., quienes, en conjunto, convinieron que Oil S.A. fuese quien entregara el monto mensual acordado.

La empresa Oil integra el grupo de sociedades que tienen como accionista a Cristóbal López, quien conoce con cierta precisión como se articula el poder en Santa Cruz y, ahora, en la Nación.

López comenzó a distribuir el dinero a través de un empleado jerárquico de esa firma petrolera, Eduardo De Sousa, quien sería su cuñado y su colaborador más importante en los negocios petroleros.

De Sousa cumple sus tareas en la operadora Oil, con sede en la base donde estaba la empresa constructora Kank y Costilla. De Sousa organizó la entrega del dinero a los trabajadores desocupados de manera que las empresas no mantenían ningún contacto o relación directa con ellos ni con las municipalidades.

Hoy día la Comisión de Desocupados afirma que el monto mensual era entregado por De Sousa y con recibo al señor Abel Salomón Shiuffi, dirigente del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y éste lo trasladaba a Caleta Olivia.

Constatar la existencia resultaría importante para confirmar, o no, la veracidad de las versiones que conocen todos quienes han permanecido durante estos días en las localidades de Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia.

Yo te denuncio

En julio del 2002, Roberto Telechea, ex petrolero de la zona norte, realizó una denuncia en el Juzgado Penal de Caleta Olivia, la cual fue ratificada y ampliada el 6 de agosto de ese año, donde involucró a la actual conducción del gremio de Petroleros Privados y al ex intendente municipal José Manuel Córdoba hoy diputado nacional, en irregularidades con el manejo de fondos que recibían de las empresas petroleras.

Roberto Tellechea, alias ‘el Vasco’, fue delegado en una empresa petrolera cuando José Córdoba, ex intendente de Caleta y hoy diputado nacional, era secretario general de Petroleros Privados; también fue congresal del Sindicato, junto a Córdoba.

Telechea es, además, quien asesoró al grupo disidente de petroleros que produjo el último conflicto en Las Heras, específicamente a Osvaldo Marín y a Luis Guineo, personas que junto a Mario Navarro, aparecieron como los rostros visibles del conflicto.

La denuncia en cuestión fue radicada en el Juzgado Penal de Caleta Olivia a cargo de Marcelo Bailque, y fue patrocinado por el abogado local Ramón Amaya.

El expediente es el Nº 29.929/02 y, de acuerdo a quienes se encuentran vinculados con la propia denuncia, desconfían que la misma avance en la dirección correcta, por cuanto el juez Bailque es sospechado de encubrir todas las acciones del legislador Córdoba.

Por ejemplo, Bailque ha beneficiado notablemente a Córdoba en la denuncia por amenazas a su propio yerno, el profesor universitario Palma Godoy. Pero ya se sabe cómo funciona la Justicia en Santa Cruz. De todos modos, esto no impide que cada asunto se conozca y que haya constancia colectiva de cada irregularidad. Entonces Bailque es considerado un juez parcial, en el mejor de los casos.

Quienes advierten la lentitud del juez para resolver las causas donde se ve involucrado Manuel Córdoba acusan al magistrado de cajonear los expedientes con denuncias que rocen al ex intendente de esa localidad del norte santacruceño.

De acuerdo a lo que consta en la denuncia presentada en el juzgado de la ciudad de El Gorosito, el dirigente petrolero Abel Shiuffi recibió mensualmente (entre 2000 y 2001) para pagar a los desocupados la suma de $ 102.500, cifra que fue abonada durante un año y medio con la cual debía pagar a los desocupados de zona norte que estaban empadronados y en ese momento sumaban 157 personas.

De esta manera, y siempre de acuerdo a lo denunciado, el primer mes Shiuffi le habría entregado a cada desocupado la suma de $ 475,00, cuando les habría correspondido a cada uno $ 652,87.

Es decir que, tal como lo plantea la denuncia, Shiuffi retuvo el primer mes $ 177,87 por desocupado que, multiplicado por los 157 del padrón, arroja $ 27.975 en el primer mes. Esto lo manifestó a una persona allegada a la prensa, Marcelo Carielo tesorero de la Comisión de Desocupados de Caleta, quien opinó que el secretario general de los Petroleros se ha apropiado de los fondos en forma indebida.

Teniendo en cuenta este planteo, y siguiendo la letra de la denuncia, a partir de ese primer mes y por 17 meses consecutivos, Abel Shiuffi comenzó a pagarles la suma de $ 500 a cada desempleado que se encontraba en el padrón que él mismo confeccionaba y rectificaba.

En esta instancia, se sospecha –según quienes observan con recelo el desempeño del dirigente petrolero en esta intermediación- que si Cristóbal López cumplió con el aporte pactado de $ 102.500 –y no hay motivos para dudar de ello-, el señor Shiuffi se apropió de $ 24.000 mensuales por el resto de los 17 meses siguientes.

La observación expresada en la denuncia va más allá y da cuenta que, del padrón inicial de 157 desocupados, muchos fueron dados de baja y un número aproximado a 55 ingresó a trabajar en distintas empresas de la zona.

De esta manera, el padrón disminuyó a 102 personas.

No obstante -de acuerdo a quienes acusan al sindicalista petrolero-, Shiuffi siguió recibiendo los $ 102.500 acordados, y al pagar a menos desocupados, ya que el padrón no se realimentaba, la brecha de la cual se lo acusa de haberse guardado el sindicalista es de $ 35.907,64 por esas bajas más $ 152,87 que le ‘descontaba’ a cada desocupado sumaba $ 15.592,74; en total $ 51.500,38 por mes, que se habría apropiado por el término de 17 meses.

En conjunto daría una suma global de $ 927.006,84 en los 17 meses más los $ 27.975 del primer mes, en cuyo caso son $ 954.931,84 que le reclaman a Shiuffi.

Los testigos sostienen que el sindicalista petrolero había logrado hacer un acuerdo con la Municipalidad de Caleta Olivia bajo la intendencia del ya mencionado José Córdoba para que él diera trabajo a desocupados pagándole a través de los planes sociales Prenos, y quedándose con la plata correspondiente que ya no les abonaba de la partida proveniente de las empresas.

En su descargo, Shiuffi señaló que con el dinero él sostuvo la obra social de los desempleados, que le consumía $ 16.000 mensuales. La comisión directiva de los desempleados dice que esto es una exageración. Roberto Telechea, el denunciante, opinó que, tanto quien preside la Comisión de Desocupados, Eduardo Gómez, como el tesorero Marcelo Carielo, no desconocen la situación pero tampoco la han denunciado.

Entonces, hay sospechas que el propio secretario general del sindicato, Héctor Segovia, tiene que saber exactamente qué está sucediendo en el sindicato; de lo contrario se desnudaría una desprolijidad muy importante en la organización.

Por otra parte, Carileo habría manifestado que sólo si Gómez inicia una investigación para sacar a la luz todo este tema que es desconocido por los integrantes de la agrupación de desempleados, él lo acompañará en todo lo que afirme.

De acuerdo a los testigos que apoyan la denuncia, el propio Cristóbal López se interesó por la integración del padrón y, a partir de entonces, el dinero que mensualmente proveen las petroleras es administrado por los dirigente de la comisión de desocupados quienes aseguran que el dinero que todos los meses reciben no es de $ 102.500 sino de $ 80.000 para 157 personas a los cuales les abonan $ 509,00 distribuidos 111 en Caleta Olivia y el resto en Las Heras.

Modalidad instituida.

Esta ‘colaboración’ que mantienen las petroleras de la provincia con las municipalidades y/o el gobierno provincial a fin de promover la contención social proviene desde la época en que Néstor Kirchner era gobernador y firmó un Convenio de Cooperación entre YPF S.A y la Provincia de Santa Cruz el día 5 de mayo de 1998 y un convenio complementario el 4 de diciembre del mismo año.

Estos convenios establecían la asignación de $/US$ 500.000 recibidos por la provincia en diciembre de 1998, de los cuales y en base a denuncias de la oposición en ese momento, solo se registraron $/US$ 35.200 volcados al programa de Promoción y Empleo Comunitario.

En tanto y de acuerdo al Convenio complementario el estado recibió – al menos por ocho meses consecutivos – la suma de $ 105.000 (dólares) a partir del mes de enero de 1999.

Este último convenio complementario estaba dirigido a "reafirmar la necesidad de una red de contención transitoria que permita atenuar la desfavorable repercusión que la crisis petrolera provoca en los niveles de ocupación territorial, habilitando los plazos que posibiliten soluciones estructurales al problema". Curiosamente fue propuesto con cláusula de reserva por el propio gobierno provincial.

A partir de entonces, el drenaje de dinero desde las empresas petroleras a la provincia, a las municipalidades o como forma de subsidio directo a los propios desocupados, resultó una medida habitual de comprar seguridad social, tal como la que, en apariencia, compra la Municipalidad de Pico Truncado que cobra alrededor de $ 12 millones anuales de las operadoras, con el mismo propósito.

En Pico Truncado ocurre algo similar a la denuncia que se le hace al petrolero Abel Shiuffi: los padrones de personas desempleadas se redujeron a más de la mitad, el dinero sigue entrando en las arcas municipales y nadie, absolutamente nadie tiene acceso a un detalle pormenorizado de cuáles son los destinos de esos dineros que maneja discrecionalmente el intendente Osvaldo Maimo. Tal vez ese ocultamiento sea parte de aquella cláusula reservada que el propio gobierno provincial impulsó en ese momento.

Y la otra gran paradoja es que, a pesar que desde 1998 corren ríos de dinero desde las empresas petroleras de la zona norte de Santa Cruz a los municipios, no se han podido abortar los conflictos sociales, la desocupación sigue y las protestas se multiplican.

La pregunta es: ¿Sirve esta metodología para enriquecer la seguridad y la paz social de la provincia, o solo sirve para enriquecer a un grupo de elegidos que hacen su negocio con total impunidad?

-------------------

Copyright by EDICIÓN i, 2006.

Dejá tu comentario