"Martes negro" en la Francia paralizada

Francia amaneció hoy paralizada por una huelga general decretada por las organizaciones sindicales contra la medida del gobierno del Contrato de Primer Empleo (CPE), al que rebautizaron Contrato Precariedad Exclusión. La huelga se siente sobre todo en el sector del transporte -aviones, trenes y metro-, además de las escuelas, donde casi la mitad de los docentes no fueron hoy a trabajar, dijeron fuentes locales. El 'martes negro' prometido para hoy, tiene como objetivo coronar tres semanas de protesta.

Francia amaneció hoy en huelga general contra la ley de empleo juvenil del primer ministro Dominique de Villepin, mientras la policía antimotines se preparaba para lidiar con una nueva jornada de protestas masivas.

Las organizaciones estudiantiles y los sindicatos prometieron un "martes negro" para coronar tres semanas de protestas contra el llamado Contrato de Primer Empleo (CPE) para menores de 26 años, que permite echar más fácilmente a los contratados.

No obstante, el transporte urbano sufría escasos trastornos, aunque las escuelas, oficinas de correo, bancos y edificios públicos amanecieron cerrados en su mayoría, mientras que no hubo distribución de periódicos.

En París, el 70% de los subtes y trenes urbanos y el 50% de los trenes suburbanos funcionaba normalmente. A nivel nacional, operaban las dos terceras partes de los trenes de alta velocidad y la mitad de los otros servicios.

Tampoco estaban afectados los servicios de trenes hacia Londres por el túnel Eurostar, hacia Bruselas y Amsterdam.

Un tercio de los vuelos que debían salir de Francia fueron cancelados, y se registraban demoras de entre media y una hora en algunas partidas, según las autoridades de aviación.

El transporte público se veía afectado en distintos grados en el 70% de las ciudades del país, según fuentes locales.

Miles de policías adicionales fueron desplegados en París para prevenir violencia durante la manifestación central, prevista para la tarde, ya que anteriores protestas terminaron en batallas campales entre manifestantes y policías, con cientos de detenidos, decenas de heridos, autos quemados y negocios destruidos.

El CPE, aprobado por el Congreso pero aún no promulgado, estipula, entre otras cosas, un período de prueba de dos años durante el cual los empleadores pueden echar sin justificación a los contratados.

El gobierno conservador afirma que la norma reducirá el desempleo juvenil francés, pero los críticos dicen que el CPE hará más difícil conseguir un empleo permanente.

Decidido a no sacrificar su proyecto pese a las presiones, Villepin dijo el fin de semana estar abierto a realizar cambios en el CPE y propuso nuevas reuniones con los actores sociales.

Pero los sindicatos y estudiantes, que ya se reunieron con el premier el fin de semana, le exigieron que retire el CPE y presente la renuncia de todo su gobierno.

* Las escuelas

Además de los transportes, el sector donde está previsto el mayor seguimiento de las convocatoria de huelga es en la propia enseñanza.

Pero también en otras áreas de la función pública como Correos, Telecomunicaciones o Hacienda.

Hoy no había diarios en los quioscos parisinos y los programas de los medios de comunicación públicos resultaron alterados.

* Torre cerrada

También la Torre Eiffel, símbolo de París y el monumento más visitado en el mundo, cerró sus puertas debido a la participación de sus empleados en la huelga nacional.

El monumento debería permanecer cerrado hasta las 18.30, precisó un responsable sindical. La torre Eiffel está abierta todos los días hasta las 23.45.

Más de 6 millones de turistas, entre ellos numerosos extranjeros, visitan cada año la Torre Eiffel, construida en 1889.

* Las 5 claves del CPE

El Contrato de Primer Empleo (CPE) pretende reducir los derechos de los trabajadores menores de 26 para intentar fomentar el empleo en este sector de la población, especialmente castigado por el paro en Francia.

El Gobierno conservador de Villepin está decidido a ponerlo en marcha, pese a las crecientes protestas de los sindicatos y los estudiantes. Una polémica social que se entiende con las siguientes cinco claves, según resume hoy el diario El Mundo:

> El proyecto de ley permite a los empresarios despedir a los nuevos trabajadores menores de 26 años sin justificación durante los dos primeros años después de la contratación. Los empleados que permanezcan en la empresa después de esos dos primeros años cambiarán a un contrato de larga duración, que incluye restricciones mucho más severas para el despido. Los jóvenes que sean despedidos durante sus dos primeros años en la empresa recibirán un 8% del salario ganado desde que se produjo la contratación. El proyecto también obliga a las empresas a pagar un 2% adicional, que será destinado a las organizaciones encargadas de ayudar a los parados a encontrar empleo.

> De esta forma, el CPE elimina la protección al trabajador que propician los actuales contratos de larga duración conocidos como CDI (contrato de duración indeterminada), los cuales contemplan un periodo de prueba de máximo seis meses, después del cual las empresas deben justificar detalladamente cualquier despido. Con esta modalidad los trabajadores tienen además derecho a recurrir el despido y a obtener compensaciones.

> En contra de la práctica habitual, el primer ministro francés, Dominique de Villepin, no consultó a los sindicatos antes de introducir el proyecto de ley del CPE en la Asamblea Nacional. Además recurrió a una cláusula especial en el procedimiento de la Cámara legislativa para tramitarlo sin debate parlamentario.

> La ley todavía no ha entrado en vigor ya que el presidente de la República, Jacques Chirac, no la ha firmado y, en consecuencia, no ha sido publicada aún en el Boletín Oficial. El retraso también se debió a que los diputados de la oposición presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional francés para que se pronuncie sobre la legalidad del texto.

> Si el Gobierno francés decide ahora incorporar alguna modificación al proyecto de ley, éste debería ser aprobado por la Asamblea Nacional. Esta votación no impediría al Gobierno sacar adelante el proyecto puesto que cuenta con mayoría en la Cámara, pero otorgaría a la oposición una oportunidad para debatir públicamente la polémica ley. Si finalmente el Gobierno accede a dar marcha atrás con el CPE, no sería necesario retirar formalmente la ley, bastaría simplemente con dejar pasar el tiempo sin que el presidente la firme, con lo cual no sería publicada en el Boletín Oficial.

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