UN JUEZ DESINFORMADO

Avísenle a Catania que el INdEC negocia con el FMI en Washington...

Las autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se reunieron en Washington con técnicos del Fondo Monetario Internacional para avanzar un nuevo indice de precios. A la reunión asistieron la Nº1 del organismo estadístico, Ana María Edwin, y el director técnico, Norberto Itzcovitch. Sin embargo, en la Argentina, el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, presiona y presiona.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En conferencia del prensa, el Peronismo Federal, la UCR, la Coalición Cívica, el Partido Demócrata Progresista y el GEN, rechazaron el exorto del magistrado más reciente del fuero en lo Penal Económico, Alejandro Catania, y le pidieron que lo retire por ser "inconstitucional". 
 
Es claro para la opinión pública que la medición del efecto inflacionario sobre la economía es una de las cuestiones más conflictivas de la actualidad.
 
En conferencia de prensa, la UCR, el peronismo Federal, la Colaición Cívica y el GEN, rechazaron y repudiaron el exorto del juez Alejandro Catania, titular del Juzgado en lo Penal Económico Nº4, quien solicitó al Congreso que se le suministren "la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas -editores, redactores, etc.- que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios", a partir de 2006.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4 requirió a varios diarios, datos de los periodistas que escriben noticias sobre índices inflacionarios.

Es en la causa penal que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, inició contra los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, titulares de M&S Consultores, por difundir índices de precios alternativos al del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En un exhorto del 15/09, Catania insta informar a varios, en el plazo de 5 días, si ha “facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores o a Carlos Melconian o Rodolfo Santangelo, desde el 2006 hasta la fecha”.

También pidió “suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas, editores y redactores que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios” a partir del 2006.

 

Para los diputados de la oposición, la actitud del juez es "claramente intimidatoria" y un "cercenamiento a la libertad de expresión consagrada en la Constitución Nacional". 
 
Visiblemente ofuscado el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal-Buenos Aires, colaborador de Francisco de Narváez, dueño del diario El Cronista Comercial, uno de los que fue notificado por el juez) se preguntó "¿Por qué el juez no lo exorta al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien renegoció paritarias con los Índices de de las consultoras privadas?. ¿Porque no lo citan a Moyano que criticó las mediciones del INdEC y aseguró que la inflación "se mide en el supermercado"? ¿Por qué no se llama a Guillermo Moreno que destruyó al INdEC?".
 
"Estamos entrando en un período en el que la igualdad ante la ley está empezando a ser cuestionada", dijo Ferrari.
 
El escrito de juez Catania "hace acordar a las listas negras de la dictadura", denunció la presidente de la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara baja, la UCR Silvana Giudici.
 
"Primero fueron por las consultoras, ahora van por los periodistas, y, por último, vienen por nosotros, por los diputados, los representantes del pueblo", acusó  Giudici.
 
La Justicia envió también un pedido a los diputados para que entreguen los datos de las consultoras que difunden el "índice de inflación paralelo" a través de esa comisión.
 
"No vamos a darle ninguna información a los que quieren que la libertad de expresión sea una cláusula muerta de nuestra Constitución", advirtió a su vez la legisladora de la Coalición Cívica, Patricia Bullrich.
 
Bulrrich afirmó "Moreno destruyó el INdEC, persiguió trabajadores y ahora nos quiere presionar a nosotros. No vamos a aceptar bajo ningun concepto que en Argentina no haya libertad".
 
A su vez, Ricardo Gil Lavedra advirtió que "el gobierno quiere acallar las otras voces para que haya una sola verdad, la mentirosa del INdEC".
 
Los diputados del grupo A opositor instaron al juez a retirar el exorto, a que repiense el escrito "por inconstitucional".
 
El descrédito en el que cayó el Gobierno sobre las mediciones que hace el INdEC y la actitud persecutoria de Guillermo Moreno que sancionó a las consultoras privadas que miden el Índices Precios de Consumidor(IPC), llevó al Congreso a elaborar también un índice de precios propio.
 
La intención de la oposición es respaldar la tarea de Orlando Ferreres & Asociados, Finsoport, M&S Consultores, Abeceb.com, FIEL, Ecolatina, Bein & Asociados, Econviews y Gabriel Rubinstein y Asociados, además de Graciela Bevacqua, ex jefa del índice de precios al consumidor del INdEC.
 
El miércoles, el juez había librado un exhorto al FMI para que dé cuenta de los parámetros que usa para difundir la inflación del país.
 
Moreno querelló penalmente a los titulares de M&S consultores y a Orlando Ferreres, responsable de la consultora que lleva su nombre.
 
Los acusa de infringir el artículo 400 del Código Penal, que castiga los “fraudes de comercio e industria”.
 
Además, emitió multas por $ 500.000 a una docena de consultoras por difundir datos de inflación alternativos.
 
Las proyecciones de inflación que elaboran los privados rondan en la actualidad entre el 22% y 25% anual, en línea con mediciones provinciales de Santa Fe y San Luis, por caso.

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