EL SENADO DEBERÁ EXPEDIRSE AHORA

Media sanción para que Brasil investigue los derechos humanos durante el gobierno militar

La Cámara baja de Brasil aprobó crear una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos bajo los regímenes militares entre 1964 y 1985. Fue por unanimidad pero en el Senado será más duro. Los archivos de la dictadura militar se pudren en un edificio de Brasilia. El Ejército de Brasil se opone a la creación de la Comisión de la Verdad.

La creación de una Comisión de la Verdad que tendrá como exclusiva tarea la "reconstrucción de la verdad histórica" tiene media sanción del Legislativo brasileño y el apoyo del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien durante el periodo militar permaneció dos años presa y sufrió torturas por sus vínculos con grupos guerrilleros opuestos a la dictadura.

 
Según la ministra secretaria de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, el texto aprobado "podría cambiar la historia de Brasil". Hasta ahora, los crímenes perpetrados durante aquellos años de sombras han sido una asignatura pendiente, arrinconada por miedo a las reacciones de los militares en un país que apenas cuenta con 20 años de democracia real.
 
El texto, que tuvo que recoger a última hora varias exigencias de la oposición, supone la creación de una Comisión de la Verdad que investigará los casos. Esta comisión estará formada por siete miembros nombrados por la presidenta. 
 
La comisión tendrá 2 años para investigar lo ocurrido y no podrán formar parte de ella las personas que "ejerzan cargos ejecutivos en el Gobierno", las que tengan cargos de confianza "en cualquier esfera del poder" y las que militaran contra el régimen dictatorial.
 
La Cámara baja aceptó la proposición del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para que cualquier ciudadano pueda exigir informaciones que ayuden a esclarecer los casos.
 
La nueva Comisión de la Verdad abriría el camino para que las investigaciones abarquen también los actos cometidos bajo la Operación Cóndor, el plan diseñado por las cúpulas militares del Cono Sur de América -Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- y que según diversas fuentes contó con el apoyo de la CIA de USA. 
 
La Comisión podrá servirse de todas las informaciones del Estado clasificadas como secretas, así como de las informaciones voluntarias entregadas anónimamente a sus miembros.
 
El proyecto ha podido contar con el consenso del Gobierno y de la oposición, e incluso de los militares, porque no significará la derogación de la Ley de Amnistía, que impide condenar a los torturadores de los tiempos de la dictadura.
 
La nueva ley, que deberá ahora ser ratificada por el Senado y promulgada por la Presidente.

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