PERIODISTAS AL ATAQUE

Tormenta con datos de fortunas en paraísos fiscales

Un paquete inesperado, un disco duro con 2,5 millones de archivos y datos sobre más de 122.000 sociedades en paraísos fiscales. Estas tres magnitudes resumen la dimensión de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), una red mundial de profesionales especializada en la elaboración de reportajes de investigación. Fundada en 1997, esta organización fue impulsada por el Centro para la Integridad Pública (Center for Public Integrity), un organismo estadounidense sin ánimo de lucro dedicado a investigar asuntos transfronterizos.

 

El esfuerzo reunión al grupo de periodistas aglutinados en torno a ICIJ, y medios como el periódico británico The Guardian y el consorcio público de medios BBC, el diario francés Le Monde, la cabecera y emisora alemanas Süddeutsche Zeitung y Norddeutscher Rundfunk, el estadounidense The Washington Post, la televisión pública canadiense CBC y otros 31 asociados más de todo el mundo: 90 periodistas en 50 países indagando secretos y negocios ocultos de políticos, estafadores y grandes fortunas.
 
El tamaño total de los archivos, medido en gigabytes, es más de 160 veces mayor que la filtración de documentos del Departamento de Estado de USA realizada por Wikileaks en 2010. "Nunca he visto nada como esto. Este mundo secreto finalmente ha sido revelado", afirmó Arthur Cockfield, profesor de Derecho y experto en impuestos de la Universidad de Queen en Canadá, quien revisó algunos de los documentos durante una entrevista con la corporación pública canadiense CBC.
 
El inicio del trabajo de investigación sobre el secreto mundo de los paraísos fiscales comenzó después de tener acceso a un disco duro repleto de información corporativa y personal, además de correos electrónicos, referidas a dos sociedades especializadas en esta actividad. Los más de 260 gigabytes de datos sobre firmas en paraísos fiscales llegaron a manos del director de ICIJ, Gerard Ryle, a raíz de su investigación durante tres años del que se descubrió como mayor caso de corrupción en la historia de Australia (Firepower sacandal), un fraude corporativo con ramificaciones en paraísos fiscales.
 
El análisis del disco duro reveló la existencia de 2,5 millones de archivos, incluyendo más de dos millones de e-mails que ayudan a trazar un perfil de la industria offshore durante un largo período de expansión. El disco contenía cuatro grandes bases de datos, así como más de medio millón de textos, documentos pdf, hojas de cálculo, imágenes y archivos de Internet. Tras ese mar de información en bruto, se escondían datos de diez jurisdicciones offshore, incluyendo las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y Singapur, con información de más de 122.000 compañías instrumentales, cerca de 12.000 intermediarios y alrededor de 130.000 registros sobre personas.
 
En la mayoría de las ocasiones, estas personas identificadas son accionistas, directores, secretarios y apoderados de las sociedades opacas y trusts, además de testaferros o mariachis, individuos que, por una tarifa, prestan sus nombres como titulares de oficinas de empresas que no conocen. Este dispositivo permite crear complejas estructuras societarias que están ideadas y diseñadas para ocultar la verdadera propiedad y control de los activos aparcados en el paraíso fiscal de turno.
 
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), red independiente de periodistas repartidos en más de 60 países que colaboran en investigaciones transfronterizas impulsado y amparado por el organismo estadounidense sin ánimo de lucro Center for Public Integrity.
 
Para la elaboración de este trabajo, los periodistas han tenido acceso a información original sobre firmas especializadas en la creación de sociedades en paraísos fiscales, además de documentos y testimonios de fuentes expertas en asuntos fiscales. Los directamente afectados han tenido la oportunidad de ofrecer su versión de los hechos.
 
Una de los datos filtrados provocó escozor en España porque demuestra que cierta millonaria obra de arte cedida al Estado por la viuda del Barón Thyssen... fue comprado con dinero no declarado en un paraíso fiscal...
 
 
 
Molino de agua en Gennep es uno de los cinco Van Gogh que hay en el Museo Thyssen-Bornemisza. Es el único cedido temporalmente por Carmen Cervera al Estado de su colección particular, ya que los otros son de propiedad pública. Lo que casi nadie sabe al ver este óleo sobre lienzo de 1884, expuesto en la sala C, es que fue comprado usando Nautilus Trustees Limited, una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Cook. Y no sólo es este cuadro: otros muchos de su colección privada pertenecen a compañías en otros paraísos como Islas Caimán, Liechtenstein o Islas Vírgenes Británicas.
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El Confidencial, junto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), ha tenido acceso a documentos que muestran cómo Tita compró obras en grandes casas de subastas como Sotheby’s y Christie’s a través de una entidad opaca en las Islas Cook. Además de por sus beneficios fiscales, estas islas paradisíacas en el medio del Pacífico Sur, a 17.000 kilómetros de España, son conocidas por garantizar el completo anonimato a los directores y accionistas de sociedades.
 
El Molino de agua en Gennep del cotizado Van Gogh se vendió en una subasta de Sotheby’s por 500.000 libras (589.000 euros) el 24 de junio de 1996. Tres semanas después, la empresa intermediaria Portcullis Trustnet recibió correspondencia sobre su venta en sus oficinas de Rarotonga, la capital de las Islas Cook. Informaron de ello por fax y por carta a su contacto para la empresa Nautilus Trustees Limited, el destacado bufete de abogados suizo Lenz & Staehelin.
 
“Se mandan adjuntas varias cartas recibidas de Sotheby’s. En particular, hemos recibido correspondencia sobre la compra de Molino de agua Gennep [sic] de Vincent Gogh [sic]”, decía la carta en inglés del 18 de julio de 1996. Pero el cuadro no estaba ni en Rarotonga ni en Zúrich, sino que aterrizó en Madrid, en el Museo Thyssen-Bornemisza, a finales de 1996. Ese mismo año Tita presentó por primera vez su colección en público, con “gran éxito crítico”, según la web del museo. 
 
Los documentos obtenidos por El Confidencial / ICIJ muestran que entre julio de 1995 y noviembre de 2002 Trustnet recibió, al menos, 31 facturas y extractos de cuentas de Sotheby’s y Christie’s para Nautilus Trustees Limited. En esa correspondencia hay cargos de 202.912,50 libras (239.000 euros) de Christie’s en Londres en relación a una “licencia de exportación” y 302.605,06$ (235.000 euros) de Sotheby’s para la cuenta de cliente 3012374. También hay referencia a seis facturas de Momart, una empresa de transporte internacional de arte, además de otras cartas del Museo Metropolitano de Nueva York, Kunsthaus Lempertz en Colonia (Alemania) y las casas de subastas Bonhams y Phillips.
 
Tita guarda silencio. La barcelonesa no quiso atender a las preguntas de El Confidencial / ICIJ, aunque sí autorizó a su abogado y hombre de confianza, Jaime Rotondo Russo, a responder a algunas cuestiones sobre su patrimonio. Su interlocutor aclaró que este tipo de estructuras offshore hace más sencillo mover una colección “transnacional” como la de su cliente. Se gana en papeleo, tiempo y dinero. Y sobre todo, se consigue “máxima flexibilidad” a la hora de mover los cuadros de país en país. 
 
“Es conveniente”, subrayó. “Ofrece más libertad de disposición de los bienes. No digo de compra y venta, sino de tráfico: de viajar, de salir y de entrar en los diferentes países”. Aseguró que así no tienen que estar sujetos a ninguna legislación de patrimonio histórico, que convierte los préstamos entre museos y galerías internacionales en “un infierno”. Además, según explicó el abogado, las obras de Carmen fueron adquiridas con fondos que estaban en el exterior o traspasadas por su marido, el difunto barón Hans Heinrich ‘Heini’ von Thyssen-Bornemisza.
 
Tras los pasos del Barón
 
La vida de Tita cambió radicalmente cuando conoció a Heini, quien había atravesado por cuatro matrimonios y tenido cuatro hijos anteriormente. Se casaron en 1985 y poco a poco él le fue contagiando su pasión por el arte. El barón utilizaba paraísos fiscales para gestionar su fortuna y su amplia colección, en parte para mantener el control y la confidencialidad en las luchas con sus herederos por su patrimonio, según explica Rotondo. 
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En 1993, diez meses después de inaugurar el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, Heini vendió la mitad de su colección –775 obras – al Estado por 350 millones de dólares (alrededor de 270 millones de euros). Su dueño legal era una sociedad de Bermuda, Favorita Trustees Limited, probablemente llamada así por Villa Favorita, la casa familiar frente al Lago de Lugano (Suiza), donde se exponían los cuadros originalmente. La legislación española considera -y consideraba entonces- al archipiélago como un paraíso fiscal.
 
Ese mismo año fue cuando Tita “tomó conciencia de su papel como coleccionista”, cuenta la página web del museo. Empezó a construir su colección usando las mismas estructuras opacas utilizadas por su marido. Nautilus Trustees Limited se inscribió en el registro de las Islas Cook el 9 de marzo 1994, según documentos exclusivos obtenidos por El Confidencial / ICIJ. El papeleo se hizo a través del proveedor de servicios offshore local Portcullis Trustnet. Las 2.000 acciones de la compañía estaban en un certificado de acciones al portador. Quien lo tuviera en su mano, era su dueño. Se envió inmediatamente a la firma Lenz & Staehelin en Zúrich. Un mes más tarde se registraba Sargasso Trustees Limited utilizando procedimientos similares.
 
Al principio, los directores de ambas entidades eran abogados, pero en marzo de 1998 pasó a serlo Buque Anstalt, una estructura híbrida entre sociedad mercantil y fundación en Liechtenstein, donde uno de sus administradores es Jaime Rotondo. Ninguno de estos datos se puede comprobar en el registro mercantil de las Islas Cook. Son considerados confidenciales y, allí, revelarlos es un delito penal. Sin embargo, e-mails obtenidos por El Confidencial / ICIJ muestran que Carmen Cervera era la dueña de ambas sociedades. Rotondo reconoció la conexión de la baronesa con las compañías, pero prefirió no detallar hasta qué punto estaba involucrada en ellas. Sí añadió que Sargasso Trustees Limited ya cerró (2004). 
 
En origen, según la versión ofrecida por el letrado de la Baronesa Thyssen, los abogados suizos utilizaron estas estructuras societarias que ocultan la identidad de los accionistas porque había que “proteger familiarmente” las obras de arte, en referencia a los hijos del barón. Estaba en juego el reparto de su herencia, que no se cerró totalmente hasta un pacto secreto en 2002, poco antes de su muerte.
 
Práctica habitual
 
Asesor principal de la baronesa desde 1995, Rotondo explicó a El Confidencial que la práctica de usar paraísos fiscales para manejar obras de arte es “muy habitual” entre grandes coleccionistas. Incluso reconoció que “mucho coleccionista español” tiene “sus colecciones a nombre de paraísos fiscales”, ya que normalmente se adquieren en subastas fuera del país, como ocurre de manera generalizada a escala mundial en el mercado internacional del arte, que en 2012 alcanzó unas ventas de 43.000 millones de euros según recoge el principal informe de este sector.
 
Diferentes expertos consultados confirman esta tendencia a escala internacional. Entre ellos, Héctor Feliciano, un periodista de Puerto Rico que investigó el aspecto comercial del mundo del arte en su libro El Museo Perdido (The Lost Museum), sobre obras robadas en la Alemania nazi. Feliciano asegura que muchos marchantes de arte y grandes coleccionistas usan sociedades en las Islas Caimán, Luxemburgo, Mónaco y otras jurisdicciones “de regulación flexible” para comerciar con arte, en una manera similar a la que utilizan estas entidades offshore para hacer inversiones, reducir impuestos y proteger sus fortunas. “Para ellos el arte es una cosa más que comprar y vender”.
 
Un secreto público
 
Nautilus Trustees Limited, que ahora se llama simplemente Nautilus Limited, no debería ser una completa desconocida. Desde 2003, su nombre sale todos los años junto a los de Omicron Collections Limited, Coraldale Navigation Incorporated e Imiberia Anstalt en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuando se informa de la garantía del Estado sobre los cuadros de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Estas sociedades también están radicadas en paraísos fiscales. Las obras están cedidas sin contraprestación económica directa al museo de Madrid, según consta en la orden ministerial que se hace eco del contrato entre la Fundación Colección Thyssen Bornemisza, presidida por el ministro de Cultura de turno, y la sociedades de la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza. 
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La última publicación en el BOE es de este mismo martes. Las 484 obras prestadas en 2013 por Tita se valoran en 364.922.552 euros, que equivalen al dinero máximo a pagar si le sucediese algún percance a toda la colección. Sin embargo, la importancia de esta cantidad es relativa, como confirmó Rotondo, pues apenas se negocia por no tratarse de un acuerdo de compra-venta. Un ejemplo de la discrepancia de precios podría ser el mismo Molino de agua en Gennep, obra que  se compró por 589.000 euros en 1996 y que desde 2004 aparece valorada en el BOE en 3,5 millones de dólares (alrededor de 2,7 millones de euros).
 
A finales de 2010, cuando tocaba renovar el contrato de cesión, Tita y su abogado intentaron cerrar un acuerdo de alquiler por las obras con la entonces ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Entonces, según explica Rotondo, ellos pidieron 13,5 millones de euros por tres años (4,5/año), mientras el ministerio ofreció sólo 4,5 en total (1,5/año). El trato nunca se cerró y se siguió con la cesión, que se renueva todos los años con algunas diferencias, como la provocada este 2013 tras no figurar La esclusa de John Constable, vendida -con gran revuelo- el año pasado por 22,4 millones de libras (26,5 millones de euros).
 
Pero el mayor descenso en el número de obras se plasmó en la publicación de la cesión de 2012, cuando la cantidad se redujo un 35% con respecto a la del acuerdo original del año 2000, como ya informó El Confidencial. Según la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, esto obedece a la transferencia de obras al Museo Carmen Thyssen de Málaga, abierto en marzo de 2011, y al MNAC de Barcelona. Estén donde estén las obras, las propietarias legales siguen siendo las mismas: cuatro sociedades en paraísos fiscales.

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