ECHEGARAY Y EL CASO RALPH LAUREN

Sobornos: "No eran funcionarios públicos" (¿por eso serán juzgados?)

El administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, dio hoy una conferencia de prensa para informar sobre el caso de la firma internacional Ralph Lauren en Argentina, en la que dijo que "en Argentina, sobornantes y sobornados deben ser juzgados", pero que no hubo funcionarios públicos entre quienes intervinieron en las operaciones cuestionadas. Se decidió por ello suspender "de manera preventiva a los despachantes de aduana". El hecho se conoció a menos de una semana de la difusión de la investigación que ligó al empresario K Lázaro Báez con operaciones de lavado de dinero, y otro episodio de corrupción por la compra de aviones por parte de Austral. En esos casos, no hubo suspensiones.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24El administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, dio hoy una conferencia de prensa para informar sobre el caso de la firma internacional Ralph Lauren en Argentina, desde el Salón Carlos Tacchi de la sede central de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en Hipólito Yrigoyen 370, 1° piso. 
 
Según la AFIP, los directivos locales de la firma internacional Ralph Lauren tergiversaron información de la compañía y utilizaron a la Aduana para justificar el vaciamiento de la empresa. 
 
En un comunicado difundido ayer, el organismo salió al cruce de lo que denominaron “información tergiversada” de parte de los directivos de la empresa Polo Ralph Lauren en la Argentina, respecto de supuestas irregularidades en las importaciones de la firma.
 
Esta mañana, Echegaray resaltó que en la Argentina “sobornantes y sobornados deben ser juzgados por igual”, en referencia a las denuncias, y leyó una carta que será enviada a la Embajada de USA para anunciarle la apertura de una investigación sobre el tema.
 
Aclaró además que "los despachantes de Aduana que intervinieron en las operaciones de comercio exterior entre 2005 y 2009, no son funcionarios públicos de esta administración ni del Estado Nacional".
 
"Son profesionales privados contratados por la propia compañía que cumplen un rol de auxiliares del comercio exterior, similares a la tarea que desarrolla un asesor contable", precisó.
 
Además, dijo que se decidió suspender el CUIT a los despachantes de aduana que intervinieron en dichas operaciones de comercio exterior.
 
El hecho se conoció a menos de una semana de la difusión de la investigación periodística que ligó al empresario Lázaro Báez y al fallecido ex presidente Néstor Kirchner en operaciones de lavado de dinero, y el surgimiento de otro episodio de corrupción por la compra de aviones por parte de Austral.
 
El Departamento de Justicia de USA informó que esa cadena de indumentaria admitió haber pagado sobornos a funcionarios argentinos entre 2005 y 2009 para ingresar mercadería al país, hecho por el cual aceptó pagar multas por US$ 1,6 millones.
 
El otro caso tiene como protagonista a la fabricante brasileña de aviones Embraer, que en marzo pasado comunicó al organismo regulador bursátil de USA (SEC, por sus siglas en inglés) que amplió la investigación interna para determinar el supuesto pago de coimas por la venta de aeronaves en tres países. Según informó el diario 'Valor' en diciembre de 2011, la reacción de la empresa estuvo motivada por una operación con la argentina Austral.
 
Ralph Lauren dijo ante la SEC que pagó sobornos por más de US$560.000 entre 2005 y 2009 y que les hizo “regalos” a tres funcionarios argentinos, a los que no identificó, por hasta US$14.000, para asegurarse que sus productos iban a poder ser importados al país.
 
De acuerdo a los documentos presentados ante la SEC, además de los sobornos a agentes de Aduanas, “el director general de RLC Argentina proporcionó o autorizó directamente varios regalos a los funcionarios para asegurar la correcta importación de productos de RLC en Argentina”.
 
Los regalos fueron proporcionados a “tres funcionarios entre 2005 y 2009 e incluyen perfumes, vestidos y bolsos por valores que van de US$400 a US$14.000 cada uno”, habría admitido la empresa ante la SEC. La firma textil también admitió esas maniobras ante el Departamento de Justicia estadounidense.
 
La repercusión que tuvo el caso de RLC llevó a las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la que depende la Aduana, a rechazar la veracidad de la denuncia.
 
El ente que dirige Echegaray, que hasta marzo de 2008 era el director de la Aduana, desestimó lo dicho por Ralph Lauren y endilgó “las informaciones tergiversadas por los directivos locales de Polo Ralph Lauren” a un intento por “utilizar a la Aduana para justificar el vaciamiento de la empresa”. Detalló que las operaciones de importación de la firma estaban sujetas a exhaustivos controles, con participación de privados.
 
“Sin perjuicio de estos exhaustivos controles, cumplimientos normativos y acuerdos de intercambio de información aduanera efectivizados -que descartarían la supuesta maniobra denunciada-, indicó la AFIP, la Aduana presentó una denuncia ante la Justicia en lo Penal Económico, “a los efectos de que investigue los hechos y, complementariamente, se requirió los antecedentes de la denuncia ante la SEC”.
 
Por su parte, fuentes de Embraer citadas ayer por la agencia de noticias 'Efe' dijeron que la empresa “lamentó que nunca fue buscada por los medios responsables para dar su versión de las noticias, que considera inverosímiles”.
 
“Con respeto a las informaciones publicadas en la prensa argentina que envuelven el nombre de Embraer, la empresa refuta categóricamente las acusaciones sobre cualquier irregularidad en el proceso de venta de aviones a Austral Líneas Aéreas”, declaró a Efe la asesoría de prensa de Embraer.
 
Las fuentes de Embraer citadas por la agencia de noticias española tratan de “inverosímiles” las informaciones difundidas por los diarios 'La Nación' y 'Clarín', en las que se hablan de sobrevaluación de US$4,9 millones por cada uno de los 20 aviones que Embraer le vendió a Austral, en un negocio que involucró al ministro de Planificación, Julio de Vido, y al ex presidente de Aerolíneas y actual ministro de Justicia, Julio Alak.
 
La fabricante rechazó "de manera categórica" que hubiesen irregularidades. "La Empresa refuta categóricamente las acusaciones acerca de cualquier irregularidad en el proceso de venta de los aviones a Austral Líneas Aéreas". Así replicó la fabricante brasileña en un comunicado dado a conocer ayer por la tarde. 
 
En concreto, el fabricante dio lugar a las especulaciones, al indicar al ente regulador norteamericano en un formulario 6-K: "Hemos recibido una citación de la SEC, en septiembre de 2010, que inquirió sobre ciertas operaciones relativas a las ventas de aviones en el extranjero. En respuesta a esta citación y consultas asociadas a la posibilidad de incumplimiento de la ley de USA sobre prácticas corruptas en el extranjero, contratamos a un abogado externo para llevar a cabo una investigación interna sobre las transacciones realizadas en tres países específicos".
 
La operación cuestionada refiere a una venta que le hizo Embraer a Austral en 2009, donde la compañía argentina pagó 34 millones de dólares por cada aeronave. La transacción generó sospechas en los analistas del sector, ya que por entonces el fabricante comercializó aviones similares por alrededor de US$ 29 millones.
 
El Gobierno y Embraer justificaron el sobreprecio a razón de que se requirió una remodelación especial de las cabinas, la capacitación de los pilotos y mantenimiento. El 15 de octubre de 2009, el entonces gerente de Área Económico Financiera de Aerolíneas Argentinas, Axel Kicillof, recomendó que se abonara ese plus sin objeciones. "La contratación oportunamente aprobada por el directorio de AUSA (Austral Sociedad Anónima) atiende razonablemente la estrategia comercial de la empresa y aparece razonablemente fundada en sus aspectos económicos financieros", concluye un documento firmado por el funcionario, que está glosado al expediente de la compra de aviones desde la foja 423 a la 433. 
 
Según consigna el memo, la operación obtuvo el financiamiento a 12 años del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes), que aportó el 85% de un contrato de aproximadamente US$ 700 millones. El capital restante fue abonado por Austral. 

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