SE LARGÓ...

Carrera oficialismo vs. oposición: Apuran la promulgación frente a las denuncias

A pocas horas de su sanción, la reforma puede ser declarada "inconstitucional". Ocurre que abogados de todo el país pedirán a la Justicia que dé marcha atrás con la aprobación de los proyectos K. Desde el Gobierno intentarán que entren en vigor antes de que se hagan las presentaciones judiciales contra los cambios. Luego, recurrirán al per saltum.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24Mientras la oposición todavía cuestiona las condiciones en que fueron aprobados los proyectos discutidos en Diputados, abogados de todo el país pedirán ante la Justicia que la reforma promovida desde el Ejecutivo sea declarada “inconstitucional”.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la entidad "exigirá la inconstitucionalidad en tanto considera que las leyes a sancionarse vulneran a la Constitución Nacional y a los principios republicanos que enuncia".
 
Para el organismo, la reforma tiende a "agudizar la injerencia del sector político sobre el Poder Judicial y sobre el resto de los estamentos que componen el Consejo de la Magistratura; y a obligar, además, a jueces, abogados y académicos a participar en listas de partidos políticos, contrariando así a la Carta Magna que sólo admite la elección popular para representantes de los órganos políticos".
 
El pedido de la FACA se suma a las advertencias de del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPAFC) y a la Asociación de Magistrados (AMFJN), y algunos legisladores de la UCR, que habían adelantado días atrás que, de aprobarse los proyectos, recurrirían a la Justicia, una vez que se promulgaran.
 
"No tengan duda de que vamos a pedir la inconstitucionalidad si se aprueban los proyectos, había adelantado el titular de la UCR, Mario Barletta, durante su paso por la Carpa por una Justicia Independiente. Horas más tarde, todo el arco opositor acusó al Frente para la Victoria de haber cometido fraude durante la votación que aprobó el proyecto que atañe a la elección de jueces para el Consejo de la Magistratura y se retiró del recinto.
 
La ultrakirchnerista Diana Conti insistió en rechazar los cuestionamientos de sus adversarios políticos: "El fraude es de ellos en su mentira, en su hipocresía", retrucó, mientras duraba una sesión en la que no faltaron agresiones verbales, botellazos ni intentos de golpes de puño.
 
Ya sin la oposición, el Frente para la Victoria convirtió en ley, con el apoyo del oficialismo y algunos aliados, pero aún sin la presencia de la mayoría de la oposición, los proyectos para regular y limitar los recursos cautelares contra el Estado, y para crear tres nuevas cámaras federales de Casación propuesto por el Poder Ejecutivo en el marco de las medidas que impulsa para lo que denomina "democratización" del Poder Judicial. Lo hizo en una sola votación en general y en particular que resultó con 126 votos afirmativos contra 8 negativos.
 
Una de las pocas que quedaron en sus bancas fue la legisladora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. La diputada dejó su lugar para presentar ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral el escrito que envió a la OEA en el que advirtió sobre una "grave alteración del orden constitucional" en Argentina a raíz de la reforma judicial, además de "las dos cartas que salieron del Poder Judicial con sus diferencias".
 
Luego de haber acusado al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, de celebrar un "pacto espurio" con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carrió amplió su denuncia, involucrando a otros legisladores y magistrados.
 
"Acá hay un acuerdo. Pero hubo muchos acuerdos en el Consejo de la Magistratura y voy a decirlos todos", adelantó la diputada. "El concurso 140 por la que acceden jueces federales, fue votado por (integrante del Consejo de la Magistratura, Alejandro) Fargosi en un acuerdo de Mauricio Macri con el Gobierno", acusó. "Y no digan que es mentira, porque lo denunciaron el diputado (Oscar) Aguad y el diputado (Andrés) Gil Lavedra", prosiguió Carrió.
 
"Este acuerdo corporativo sigue, cuando votaron a Gils Carbó", remarcó. "¿Ustedes creen que el ataque formidable de toda la oposición del primer candidato fue para decir que Gils Carbó era candidata?", se preguntó.
 
La denuncia de Carrió también incluyó a legisladores de su propio bloque. "Allí (en ese acuerdo) está incluida hasta la senadora María Eugenia Estenssoro, de la propia Coalición Cívica", exclamó.
 
De las duras acusaciones de Carrió sólo se salvaron tres legisladores radicales: "Jorge Cimadevilla, Laura Montero y Arturo Vera".
 
En este marco de denuncias, el Gobierno apura la promulgación de las leyes. La idea es cerrar cuanto antes la puesta en vigencia de las normas ante la posibilidad de que se judicialice la reforma.
 
En paralelo, también se trabaja en la reglamentación de las normas.
 
Según confió un alto funcionario al diario 'La Nación', entre lo que queda de la semana y mediados de la próxima ya estará publicada la promulgación tanto de la nueva ley que regula y limita el uso de las medidas cautelares como la creación de las tres nuevas cámaras de casación.
 
La primera de esas leyes es prioritaria para el Gobierno y la presidente Cristina Fernández quiere ponerla en vigencia cuanto antes. "Se va a apurar la promulgación. No se puede perder tiempo", confió al mencionado matutino un funcionario al tanto de la estrategia judicial que se viene.
 
Como con el tratamiento en el Congreso, al que el Gobierno le dio un rápido trámite, también avanzará a toda velocidad con la aplicación de las normas.
 
El otro recurso al que apelará la Presidente es el uso del per saltum, después de la ley que reguló su uso y que se aprobó el año pasado para que la Corte Suprema falle sobre la constitucionalidad o no de la ley de medios. Esa norma prevé que sólo se podrá recurrir directamente al máximo tribunal después de un fallo de primera instancia, con lo que la Casa Rosada deberá esperar hasta que un juez tome la primera decisión. Una vez que exista esa instancia se recurrirá a la Corte, insistían anoche desde Balcarce 50, después de una madrugada frenética y con el sabor a triunfo con el que se quedó el Gobierno por haber conseguido los votos necesarios para avanzar con la reforma.
 
"Acá se trata de determinar la constitucionalidad y eso lo tiene que hacer la Corte de la manera más rápida posible", explicó una fuente y abundó que se recurrirá al per saltum. El máximo tribunal ya rechazó en dos oportunidades aceptar ese recurso con la ley de medios. Uno fue cuando la Casa Rosada quiso apurar la definición por la vigencia de la medida cautelar que protege al Grupo Clarín de la desinversión de sus medios. La otra, para que determine la constitucionalidad.
 
Según los cálculos que ayer se hacían en Balcarce 50, los pedidos de inconstitucionalidad caerán en el fuero federal de la Capital Federal o en el contencioso administrativo. El consuelo que ayer tenían los funcionarios es que son tribunales menos confrontativos que el civil y comercial, con el que la Casa Rosada se enfrentó por la ley de servicios de comunicación audiovisual.
 
De todas maneras, en el Gobierno reconocen que la reforma se trabará en el Poder Judicial. Según destacaban ayer allegados a Cristina, la nueva composición de 19 miembros del Consejo de la Magistratura y la mayoría agravada con la que se simplifica a partir de ahora la suspensión y el inicio de un juicio político contra un magistrado, la médula de la reforma, no tendrán planteos constitucionales. Sí podría sufrir un traspié la elección popular mediante el sistema de los partidos políticos, que haría perder la representación de abogados y jueces, como tales, que plantea el artículo 114 de la Carta Magna.
 
"Lo importante para nosotros no está definido por la Constitución, que es la nueva mayoría en el Consejo", explicó un funcionario del área legal. Según la mirada de la Casa Rosada, la Presidente quitó de los proyectos dos puntos que podrían haber generado planteos de inconstitucionalidad, como la leve modificación en la regulación de las cautelares y el manejo por parte de la Corte del presupuesto judicial.
 
En el Gobierno dan por hecho que las elecciones primarias, conocidas como PASO, se harán más allá de la judicialización. La argumentación es que no se debió reformar el código electoral para la elección de los consejeros. "La primaria se hace sí o sí", confiaron desde el despacho de Florencio Randazzo.

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