1300 TROLLS

SIDE + Justicia + Twitter, la política juega con fuego

Sigue la polémica por la utilización, financiamiento y libertad de los trolls a través de las redes. Se trata de un juego muy peligroso que está dejando resultados a la vista, como el caso Facebook y Cambridge Analytics. El informe de Amnistía Internacional sobre lo que ocurre en Twitter no hizo más que desnudar la dimensión del hecho. Según un informe de la Justicia, en la última elección de 2017 se detectó la existencia de 1.300 cuentas sin identidad que se dedican a "embarrar" la cancha.

Luego del profundo análisis realizado por Amnistía Internacional sobre el accionar de los trolls en la Argentina contra periodistas y todo aquel disidente que se anime a objetar la palabra oficial; y del escándalo desatado a nivel internacional a través de la sociedad Facebook-Cambridge Analytics; sigue en el centro de la escena el juego que propone la política en general a través de las redes sociales.

Servicios de Inteligencia, el nulo de accionar de la Justicia y el permiso de plataformas como Twitter forman parte fundamental de un juego que tarde o temprano quema tanto a oficialistas como a opositores.

Según una auditoría que ya está en manos de la Justicia bajo investigación, durante la última campaña electoral (2017) se detectaron 1.367 trolls contratados por los partidos, aunque no declarados.

"Se detectó actividad de trolls y bots (cuentas robóticas) en las campañas electorales de 2017. El funcionamiento incluye actividades coordinadas de varias cuentas y actividades disparadas desde las publicaciones de líderes de opinión", detalla el informe que en las últimas horas comenzó a circular en los pasillos de los tribunales.

Entre los ejemplos más claros, aparece "el usuario @mabaires, que es un troll que postea a diario imágenes de flores que copia de diferentes sitios web con el objetivo de evitar posibles denuncias ante Twitter por actividades de hostigamiento. Así buscó camuflar tuits proselitistas a favor del candidato kirchnerista Jorge Taiana o publicaciones en contra de la candidata Gladys González".

Según el diario La Nación, del otro lado de la grieta, también detectaron que "el usuario @pajara_12 es un reconocido troll que publica a favor de Cambiemos y con ataques directos a los candidatos del kirchnerismo. La auditoría calificó al usuario como 'un troll de primera categoría' ya que -sostiene- es capaz de generar contenido propio que le permitió, incluso, ejecutar publicaciones políticas en tiempos de veda electoral".

Consultado por Urgente24 a partir de la polémica que desató Amnistía la semana pasada, Martín Becerra (investigador y profesor universitario argentino que participó del equipo), "el informe se realizó en base a información pública (toda la documentación que recoge, procesa y analiza está disponible en Twitter y es pública). Con información pública -que en este caso es la base del trabajo de un organismo de derechos humanos como Amnistía- no es posible conocer quién financia las campañas organizadas que involucran automatización, programación y cuentas bots, por ejemplo, y para saber cómo y desde dónde lo hace. El Poder Judicial sí podría averiguarlo, por supuesto, así como los aparatos de inteligencia estatal, además, obviamente, de la propia empresa dueña de la plataforma. Ello demandaría conocer las direcciones IP, por ejemplo, trazar perfiles en base a recurrencias y eventualmente realizar entrevistas (o, en el caso del Poder Judicial, tomar declaraciones) para seguir la ruta del dinero. Bien, nada de eso puede hacerse sólo con la información pública".

Una vez hecha la aclaración sobre sus declaraciones a título personal y no como representante de la ONG, Becerra respondió que "hubo numerosos apoyos al documento y también críticas. Entre ellas, algunas (minoritarias, en cantidad, y centradas en un sector ideológicamente radicalizado) fueron de trolls, pero no todas las críticas fueron de trolls. Por ejemplo, algunos colegas para quienes regular equivale a censurar, fueron críticos con el trabajo.

Mi respuesta a ellos es que se equivocan triplemente con esa simplificación: en primer lugar porque el informe de Amnistía Internacional no aboga por ninguna regulación con la sola excepción de los abusos de cuentas automatizadas utilizadas en campañas organizadas de hostigamiento y amenaza, lo que si se piensa dos minutos Twitter comenzó tímidamente a regular por su propia cuenta desde febrero último -dando de baja a miles de cuentas-; en segundo lugar porque las redes sociales ya cuentan con regulaciones económicas, legales y de programación y algoritmos, como reconoce Mark Zuckerberg en el caso de Facebook de modo explícito tras el escándalo por la manipulación de los datos personales de al menos 50 millones de perfiles de usuarios de esa plataforma 'en violación a la política de la empresa', lo que admite obviamente que hay una regulación privada y que esta fracasó estruendosamente; en tercer lugar porque regulación no es sinónimo de censura, el sector de la información y la comunicación en países como Canadá, Gran Bretaña o Alemania está lleno de regulaciones democráticas y públicas (no sólo privadas) que apuntan a mejorar las reglas de juego del sector y a evitar abusos de posiciones de poder, a garantizar los derechos y los datos personales de los usuarios, a proteger la competencia económica, etcétera".

Sobre si la red es un espacio democrático, Becerra enfatizó: "La respuesta macro es no (luego habría que ver en el caso de comunidades virtuales en particular). En general, Internet es un nuevo espacio público dominado por el interés y reglas de juego de grandes y pocos conglomerados tecnológicos privado, de modo que al ser reglas de juego definidas en muchos casos unilateralmente o con escasa intervención pública y social, carece de cualidad democrática. Otra cosa, desde luego, es que estimule el debate público y la circulación de información (veraz o falsa, esa es otra discusión) y que tenga un potencial democratizador".

Uno de los puntos más cuestionados por la cuentas oficialistas tiene que ver sobre la existencia de pares opositores ignorados por el informe de Amnesty: "El informe de Amnistía Internacional se centró en investigar si existen ataques organizados por cibertropas cuando periodistas que no tienen una identificación nítidamente opositora (algunos, más bien al contrario) brindan información que incomoda al poder político gubernamental, entendiendo que el Estado debe garantizar que la crítica no sea repelida con amenazas y campañas concertadas de hostigamiento a la crítica. Para que ese entienda, el informe no considera amenaza a un insulto en el marco de una discusión, el trolleo es la agresión y el ataque personal (no un insulto) con el objetivo de desviar el eje de la conversación. Por ejemplo, cuando como consecuencia de que un periodista difunde una noticia en vez de discutir la noticia o la oportunidad de su difusión se lo acusa falsamente de pedófilo o se amenaza a su familia. Y el trabajo constata que sí, que existen estas campañas. Seguramente con ajustes metodológicos y otros objetivos, podrían hacerse relevamientos sobre trolls opositores al gobierno, que también los hay, desde luego".

Martín Becerra se graduó de de Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona, recibiendo los títulos de Magíster y Doctor en Ciencias de la Información. Es investigador independiente en el CONICET y docente en diversas universidades nacionales. Es especialista en medios de comunicación e industrias culturales.

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