UNA DEMOCRACIA EN DEUDA

Aristocracia + Corporación: Protegen a los 'amigos' y embisten contra los 'huérfanos'

No se puede investigar el Caso Odebrecht. No se puede investigar el Caso Correo Argentino. No se puede investigar al ministro de Finanzas, Luis Caputo. No se puede investigar la pedofilia, porque toca a los clubes de fútbol. ¿Qué se puede investigar, judicialmente, en la Argentina? Ah! A Lázaro Báez le dieron otro año de cárcel y es posible que Cristóbal López vuelva a ser detenido. Nadie dice que sean empresarios honestos, pero como no forman parte de la “corporación política”, poco importa si están dentro o fuera de los penales de Ezeiza o Marcos Paz.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Sin Saco y Sin Corbata). El dos veces Presidente de Brasil, ex titular de uno de los gremios brasileños más poderosos y líder del mayor partido y alianza política de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra ya alojado en la sala que le acondicionaron como celda en el Cuartel de la Policía Federal de Curitiba. Mientras, en la Argentina, el Lava Jato descansa en Comodoro Py esperando el momento para avanzar sobre aquellos empresarios sospechados no amigos o familiares de Mauricio Macri. Hasta ahora ha resultado imposible la disociación pero habrá nuevos intentos. Sin duda, es un caso que exhibe la diferencia entre el Poder Judicial de Brasil y la “Aristocracia Judicial” local.

Esta semana, la Universidad Católica Argentina difundió un estudio llamado “Confianza Institucional y vida ciudadana: Representaciones de la Opinión Pública”, que revela el bajo nivel de confianza en los tres poderes del Estado que existen en la sociedad a lo largo de los últimos años, más allá de las simpatías partidarias, dado que las instituciones no parecen satisfacer las demandas y expectativas de la sociedad, generando un intenso contexto de desconfianza ciudadana.

No es para menos. Venimos de un largo gobierno populista que acumuló casi 1.100 denuncias por actos de corrupción y tenemos un gobierno que despilfarra recursos, prefiere no comunicarse con los ciudadanos y asienta su buena suerte electoral en las pésimas decisiones de la oposición. A su vez, “gozamos” de un Congreso con legisladores que piden el voto de los ciudadanos, pero nunca rinden cuenta; que trabajan poco y nada y que cambian pasajes de avión por hasta $360.000 anuales, sin que se les caiga la cara de vergüenza. A su vez, contamos con una “Aristocracia Judicial” que extienden las causas por quinquenios, para terminar por dejar prescribir los delitos, otorgar bajas condenas o repartir exculpaciones con una generosidad que no tiene sentido legal alguno.

Los resultados del trabajo de la UCA no son nuevos ni originales, pero confirman que no importa si gobierna un populismo teñido de socialista o una mala copia de neoliberalismo barato; si el Congreso muestra una imagen cada vez más decadentes, con figuras que se repiten y, tal como dijo Elisa Carrió en forma irónica, casi con derecho a reclamar cobrar “por antigüedad” en el cargo; aumento de los “linajes” legislativos de familias políticas que se creen “herederas” del espacio ocupado y con un Poder Judicial que termina siendo funcional a los delincuentes, a los corruptos y a aquellos que tienen dinero suficiente para comprar impunidad. Lo peor es que nada ha cambiado con la alianza política que ganó las elecciones en 2015 bajo en nombre “Cambiemos”, con el apelativo al votante de que iban a “cambiar” todo, cuando “cambiaron” apenas algunas pocas cosas.



El Poder Judicial está en el “banquillo de los acusados”. Tampoco es nuevo, hace ya varios años que esto ocurre. Sin embargo, a nadie del mundo de la Justicia parece importarle. Al contrario, cuando aparecen discursos (hablo de discursos, no de acciones), la “corporación judicial” se une y rechaza cualquier intento de modificación o de intromisión externa.

Es el caso de Inés Weimberg de Roca, quién fue impulsada por Mauricio Macri como nueva Procuradora General de la Nación, que de inmediato fue rechazada por la “Aristocracia de Comodoro Py”, que considera a la jurista una “extraña” del fuero y, sólo por eso, la impugnaron de plano, dejando en claro que se debe “pertenecer” a esta particular élite para conseguir escalar posiciones en la estructura que ellos mismos administran con cierta independencia.

Pero, también, el macrismo tiene sus pésimas costumbres en política judicial. Esta semana, el Procurador Interino, Eduardo Casal, resolvió anular la designación de Juan Pedro Zoni en la Fiscalía Federal que ocupa en Comodoro Py desde hace 3 años y medio, cuando lo eligió Alejandra Gils Carbo, por su cercanía en “Justicia Legítima”. Ahora, lo mandaron a una Fiscalía Criminal y Correccional.

¿Qué tiene en particular Juan Pedro Zoni? Él fue el Fiscal Federal que investiga el escándalo del acuerdo entre la Familia Macri y el Gobierno Nacional por el Correo, el mismo que tiene en sus manos una acusación contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la emisión del bono a 100 años y la causa que investiga la cuenta bancaria que tenía el asesinado fiscal Alberto Nisman en los Estados Unidos. Todas, muy sensibles para el Gobierno.

¿Era necesario este cambio? Se torna sospechoso por tantas causas que comprometen funcionarios o familiares o temáticas cercanas al votante macrista. Y aunque no haya una “maniobra” por detrás, sin duda, es un pésimo antecedente que cimenta las sospechas de que muchas cosas no “cambiaron” como se sostuvo que iban a “cambiar”.

En ese sentido, la presentación del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en el Congreso fue un nuevo fiasco. El funcionario demostró más conocimiento en números y mercados que todos los presentes juntos. Sus respuestas fueron sólidas y contundentes. Enfrente tuvo “personajes” que solo intentaron “exhibirse” públicamente, tal como el diputado Axel Kicillof, que hizo una pregunta que duró 18 minutos, una maniobra que forma parte del lanzamiento de la fórmula presidencial que comparte con Agustín Rossi, otro que intentó mostrarse “mordaz” y duro, en un típico acting para lograr que los medios le dedicaran dos líneas en sus crónicas, algo que no logró por el espectacular movimiento de “drama político” que encabezo la diputada Gabriela Cerrutti, al caer en una de las mas astutas maniobras de distracción que haya creado Jaime Durán Barba en estos años.

¿Cómo saber si fue una maniobra? Sencillo: Luis Caputo entregó el famoso “papelito” a Gabriela Cerrutti 4 horas después de comenzar a hablar, cuando la legisladora kirchnerista había hecho su declaración en los medios en la noche anterior. Es decir, el ministro de Finanzas lanzó la “movida” cuando se había dado cuenta que había “metido la pata” en su declaración, intentando despejar dudas.

Si algo quedó claro, es que Luis Caputo mintió a alguien en su situación ante el fondo Nocua. Dado que al Congreso le dijo que era un “tenedor fiduciante” (testaferro, en nuestra forma usual de hablar), ante la SEC (Securities and Exchange Commision, de los Estados Unidos) dijo que era un accionista (shareholder), no un fiduciante (trustee) y no pidió la autorización especial para este rol, tal como lo reclaman las leyes de las Islas Cayman. Así que en alguno de las tres versiones del mismo caso, o por lo menos en dos, habría cometido un perjurio grave.

Sin embargo, gracias a la maniobra “duranbarbiana”, todos los medios terminaron hablando del “papelito” de Caputo, de la histeria de Gabriela Cerrutti, de la negativa del funcionario a volver al Congreso y/o de la satisfacción del Gobierno porque Caputo sorteó su presentación sin que hubiera un solo legislador de la oposición que hiciera una acusación concreta, bien argumentada y con datos técnicos contundentes.

Lo mismo se puede decir con el caso de las denuncias de Natacha Jaitt. En una semana, pasamos de la escandalosa “mesaza” de Mirtha Legrand y el ventilador que prendió al “mediática” a una insólita presentación del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, en donde sostuvo que "ningún periodista, ningún artista, ningún responsable de medios, ni ningún responsable de programa está involucrado en nuestra causa" (la denuncia de pedofilia en las inferiores de Independiente); aclaración a una pregunta que nadie le hizo y pasando por encima del Juez y la propia Fiscal de la causa. (Ya que estamos en el tema de la farándula: ¿Qué es Conte Grand del periodista Luis Majul, cuya mujer es María Elizabeth Conte Grand?).

Es interesante. Los medios le dieron más importancia al rol que jugó Mirtha Legrand en este caso, en salvar el “buen nombre y honor” de los involucrados, en desmentir a Natacha Jaitt y en meter a la ex Side en el escándalo, que en indagar, en profundidad, en los casos de pedofilia que trascendieron a través de los mismos medios. En especial porque hay clubes de fútbol en el medio, instituciones en las que la política tiene metidos sus dos brazos, la cabeza y el torso; por lo cual, cualquier investigación que se haga, terminará por alcanzar a algunos de los “amigos” del poder de turno.

No se puede investigar el Caso Odebrecht. No se puede investigar el Caso Correo Argentino. No se puede investigar al ministro de Finanzas, Luis Caputo. No se puede investigar la pedofilia, porque toca a los clubes de fútbol. ¿Qué se puede investigar, judicialmente, en la Argentina? Ah! A Lázaro Báez le dieron otro año de cárcel y es posible que Cristóbal López vuelva a ser detenido. Nadie dice que sean empresarios honestos, pero como no forman parte de la “corporación política”, poco importa si están dentro o fuera de los penales de Ezeiza o Marcos Paz. Nientras no hablen, a nadie le importa.

La pelea y la protección entre la “corporación política” y la “Aristocracia Judicial” dejan afuera a los empresarios amigos, protegidos y se mete con los “huérfanos”. Ahora, se promete avanza contra los dueños del Grupo Roggio y de la mítica constructora Esuco. Ambos por el Caso Odebrecht. Pero en la misma causa están involucrados el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra; y el mejor amigo del Presidente de la Nación, Nicolás “Nicky” Caputo. Pero con ellos “no pasa nada”.

Si algo enseña el Lava Jato es que en Brasil, además de una parte de la 'coporación política' y grandes multimedios enfrentados a Lula desde siempre, el Poder Judicial y la Policía Federal no temieron en avanzar hasta poner preso al exPresidente. Pero para todo el caso fue clave el procedimiento de delación por parte de los empresarios, algo que en la Argentina no ocurre, y quizás nunca ocurra, tal como vemos con Lázaro Báez y Cristóbal López, mostrando una fidelidad a socios/aliados/mandantes que en Brasil no se ha visto.

¿Cómo puede creer el simple ciudadano en una Justicia que no investiga ni castiga, en un Congreso que actúa para las cámaras, en un Poder Ejecutivo que promete “cambiar” pero “cambia” poco o nada; o en un empresariado que es parte del juego de la corrupción, pero que respeta el “pacto de silencio” con más fidelidad que un mafioso napolitano o siciliano?

Tenemos democracia desde 1983. Es una democracia sólida, dado que nadie habla, sueña, ni piensa en un golpe de Estado. Pero es una democracia de baja intensidad, una democracia de la cual el ciudadano esperaba mucho y le ha dado poco, o nada. Una democracia que está, aún, en deuda con el ciudadano, por culpa de los políticos, los jueces y los empresarios.

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