TRISAGIO PARA UN JUBILADO NO RICO

Pagá primero, enfermate después y... ¡embromate!

Una columna publicada por Héctor Barrios, director de Salud Corporativa de Willis Towers Watson, en la revista especializada "Médicos" extrae una conclusión inquietante sobre la cobertura sanitaria que le espera para cuando se jubile a un trabajador de remuneración media que aportó religiosamente 40 años al régimen previsional y al que su empleador le pagó la diferencia para que accediera a un buen plan de medicina prepaga: en 9 de cada 10 casos tendrían que destinar 47% del haber que les quede para continuar con el mismo beneficio, sino estirar el retiro a los 70 años, caer en las deficiencias del PAMI o terminar en un amparo judicial. La Ley de Regulación de la Medicina Prepaga no previó el tránsito del afiliado de la actividad a la pasividad y por ello todo lo que aportó al sistema cuando estaba pleno y su salud menos lo necesitaba, no le sirve para afrontar la etapa de mayor dependencia de la agenda médica mientras merman los ingresos. El PAMI ajusta la prestación, las obras sociales no se hacen cargo y las prepagas les aplican onerosas cuotas o se reservan el derecho de admisión.

El gobierno nacional sigue tratando las jubilaciones como un número dentro del déficit fiscal y no como una problemática social que afecta a casi 6 millones de personas que se acogieron (o las hicieron acogerse) al régimen de retiro.

Dentro de la propia Administración Pública, el Ministerio de Modernización viene implementando un sistema informático para detectar agentes en edad de jubilarse e invitarlos a iniciar los trámites a fin de reducir la cantidad de empleados, pero en el medio saca una modificación de la ley previsional que permite continuar trabajando hasta los 70 años a los hombres y 65 a las mujeres.

Además de resignar ingresos por la diferencia entre salario y haber que percibe, la tercera edad trae, en general, un incremento en las afecciones de la salud respecto de las que normalmente se presentan cuando se está en plena actividad, lo cual para las empresas privadas que administran las distintas formas del seguro médico representa un riesgo mayor, y por lo tanto, un sobrecosto.

El trabajador afiliado a una obra social o el monotributista que elige entre las opciones de enganche o el autónomo que contrata una prepaga, al pasar los 60 años ingresa más necesitado de contención sanitaria a un universo más caro, selectivo y en muchos casos excluyente, que al no estar previsto en la Ley de Regulación de la Medicina Prepaga echa por la borda todos los años anteriores de significativos aportes que se vio obligado a realizar, aun cuando naturalmente su demanda personal no lo requiriera. Deja sin efecto que, a partir de los 10 años de antigüedad, no se le puedan incrementar los precios de los servicios. Sí le garantiza la continuidad.

Mientras se es empleado efectivo, muchas de las empresas se encargan de abonar las diferencias entre los aportes y el costo de  buen plan médico, pero al retirarse en la mayor parte de los casos tiene que pagárselo, con lo que una cobertura médica posretiro para una pareja mayor no baja de $15.000 mensuales, que los deja afuera, en muchos casos, del poder de compra de un pasivo.  

En consecuencia, la línea jubilatoria de corte alimenta los casi 5 millones de afiliados que van a parar a PAMI, la obra social de los pasivos que queda a merced de la indiferencia estatal y de administraciones políticas que responden a prioridades que, en general, no tienen directamente que ver con la demanda de los beneficiarios.

El difícil tránsito hacia la pasividad

Desde el año pasado, el jefe de Estado tiene en consideración un plan para mejorar la atención del sector pasivo que le entregó el coordinador operativo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Sebastián Neuspille, y precisamente se concentra en las dificultades que trae a los jubilados dejar atrás la obra social de sus sindicatos al ingresar al PAMI, ya que las historias clínicas y la atención personalizada de sus médicos suelen extraviarse en la maraña burocrática.    

Existe una gestión empantanada con los grandes sindicatos de la CGT para que la salud los jubilados siga a cargo de sus obras sociales y que cuentan a tal efecto con los aportes que hoy son derivados al gobierno cuando se transfiere la atención al PAMI.   

El director de Salud Corporativa de Willis Towers Watson, Héctor Barrios, hace cálculos tomando 3 niveles de remuneraciones cualquiera –que no está computado ni aguinaldos ni bonos– de la población de empleados de un banco internacional –excluyendo directores–y resulta que, como el 91% cobra $ 48.782, el 7% $ 98.110 y el 2% $ 128.399, más de 9 de cada 10 de la plantilla que sale del circuito activo tendría que destinar el 45% del haber que perciba a financiar el costo de la cobertura privada, mientras que el 10% debería aplicar el 27%.

Da por sentado que han hecho 40 años de aportes y el haber variará entre un 40% y un 70% de la remuneración sobre la cual aportan. Actualmente, el máximo mensual para la contribución de los empleados es de $ 86.596.

“Es decir que la cobertura médica se encuentra más cerca del PAMI que de la que utilizó hasta ahora…y probablemente de un amparo judicial para evitarlo”, concluye Barrios, quien advierte que “las personas que quieran la cobertura médica a la que están habituados deberán seguir trabajando hasta los 70 años para dilatar el problema. Nuevamente… sólo para dilatarlo”.

Señala que naturalmente el impacto en las compañías no será menor, ya que esto producirá el envejecimiento de sus estructuras.

Para evitar dicho envejecimiento las empresas deberían pensar en:

-La necesidad de erogar importantes sumas de dinero para estimular la salida de las personas antes de los 70 años.

-La creación de un modelo “facilitador” de salida en materia de cobertura médica.

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