EL PASADO CONDENA A ALFREDO SÁENZ

Santander intenta que su CEO siga pese a la condena judicial

El CEO del Banco Santander, Alfredo Sáenz, podrá seguir ocupando como 'Nº2' de la entidad hasta que el Tribunal Constitucional español resuelva sobre la inhabilitación para ejercer cualquier cargo dentro del sector bancario a la que ha sido condenado. Ese proceso de resolución podría durar 2 años y paralizaría la ejecución de la sentencia condenatoria, según fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por Europa Press.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El Tribunal Supremo español ha resuelto condenar al CEO de Banco Santander, Alfredo Sáenz, a 8 meses de prisión, multa e inhabilitación especial para cualquier empleo relacionado con la banca. No obstante, la sentencia todavía no ha sido redactada y trasladada a las partes, por lo que éstas deberán esperar a conocer el documento para emprender cualquier iniciativa legal.

Las mismas fuentes explicaron que, una vez se haga pública la sentencia, para paralizar la ejecución, el directivo de la entidad cántabra deberá consignar ante la Audiencia Provincial de Barcelona la indemnización a la que ha sido condenado y apelar, pidiendo la suspensión de la ejecución del fallo.

A su vez, para conseguir esta suspensión, los representantes legales de Sáenz deberán presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, cuya admisión a trámite paralizaría la ejecución de la sentencia. Para ello, deberán estudiar los argumentos legales para fundamentar una vulneración de derechos fundamentales.

Según fuentes jurídicas, las condenas de prisión son menores y no obligan al condenado a su cumplimiento al carecer de antecedentes penales, como en este caso, y el Constitucional suele admitir a trámite los recursos de amparo.

Además, destacaron que la sentencia del Supremo se ha resuelto con 3 votos de los jueces a favor de la condena frente a 2 votos particulares en contra. En este sentido, la argumentación de los jueces en contra de la condena servirá para apoyar el recurso de amparo ante el Constitucional, además del dictamen de la propia Audiencia Provincial que sobreseyó la querella por denuncia falsa el 28 de octubre de 2004.

El precedente del 'Caso Urbanor'

Por último, las mismas fuentes recordaron que existen precedentes similares como fue la anulación por parte del Constitucional de la condena de tres años y cuatro meses de cárcel impuesta por el Supremo a Alberto Cortina y Alberto Alcocer por el 'caso Urbanor'. Los 2 empresarios consignaron la indemnización ante el juzgado, recurrieron en amparo y nunca llegaron a entrar en prisión.

Por su parte, el Banco Santander ha afirmado que no tiene conocimiento sobre la resolución del Supremo respecto a Sáenz que pero agotarán todas las vías legales. "No tenemos ningún comentario que hacer, puesto que no tenemos conocimiento sobre ninguna resolución sobre este asunto", indicaron fuentes del banco que preside Emilio Botín.

El pasado 22/12, 5 magistrados del Supremo resolvieron los recursos de casación presentados por Sáenz y los otros 2 condenados contra la sentencia dictada en diciembre de 2009 por la Audiencia Provincial de Barcelona. El resultado de las deliberaciones se conoció hoy (lunes 17/01), sin embargo la sentencia no está aún redactada.

En el fallo, el Supremo endurece la sentencia dictada en diciembre de 2009 por la Audiencia de Barcelona. La sentencia concluyó que Sáenz, Rafael Jiménez de Parga --que era letrado externo de Banesto-- y Miguel Ángel Calama Texeira --que era director regional de Banesto en Cataluña-- interpusieron una denuncia falsa contra directivos del grupo Olabarría por el impago de una deuda al banco de 600 millones de las antiguas pesetas (€ 3,6 millones), hechos que se remontan a hace 15 años.

Interesante el comentario de Eduardo Segovia en la web Cotizalia:

El Banco Santander pretende recurrir la condena de Alfredo Sáenz ante el Tribunal Constitucional con el fin de que su consejero delegado pueda mantenerse en el cargo, según fuentes cercanas a la entidad. Sáenz ha sido condenado por el Tribunal Supremo a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación para ejercer como banquero por denuncia falsa y estafa procesal.

Según las fuentes citadas, el banco "agotará todas las vías posibles y siempre se puede encontrar una fórmula para presentar un recurso ante el Constitucional". Lo cual implica que Sáenz no va a dimitir a pesar de la condena y va a esperar, al menos, hasta que el TC se pronuncie sobre si admite o rechaza el recurso.

Una sentencia del Supremo es firme y no admite recurso por principio, y sólo se puede apelar al Constitucional alegando la vulneración de derechos fundamentales durante el proceso, pero no se puede entrar en los hechos que motivan la condena, que se consideran probados.

Así pues, el abogado del banco, que para este caso es Gonzalo Rodríguez Mourullo, tendrá que buscar un argumento para justificar esta vulneración de derechos. Fuentes jurídicas apuntan que este argumento puede basarse en la tardanza de la sentencia (los hechos se remontan a 1994) o bien en que no pueden juzgarse dos veces los mismos hechos, algo que podría alegarse en este caso dado que hubo una primera querella de los empresarios perjudicados por Sáenz que fue archivada. La sentencia conocida hoy se refiere a una segunda querella.

Un portavoz del Santander se acoge al desconocimiento de la sentencia -todavía no está redactada, aunque el fallo ha sido adelantado por el periódico El Mundo- para no hacer comentarios.

La nueva sentencia, que todavía no está firmada, endurece la ya dictada en 2009 por la que la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Saénz, que cometió esos delitos cuando era presidente de Banesto, y a otros 2 ex directivos de la entidad a seis meses de prisión. Según el Supremo, los hechos se produjeron con “el conocimiento y beneplácito” del actual consejero delegado de Santander.

En 1994 Banesto presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra 4 empresarios a sabiendas de que eran completamente inocentes. La querella dio lugar a que los empresarios fueran detenidos y tres de ellos fueron enviados unos días a la cárcel. La querella falsa se utilizó como medida de presión para intentar cobrar una deuda de € 3,8 millones que había contraído con Banesto un grupo en el que los querellados tenían una participación minoritaria.

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