¿MILITARIZAR O GENDARMERIZAR?

A 3 años de Bullrich, la frontera norte sigue siendo un colador

Uno de los debates más encendidos durante la campaña 2015 tuvo que ver con las fronteras argentinas y el colador en el que se había convertido producto de la ideología K y la Patria Grande latinoamericana. Sin embargo, a 3 años de gestión macrista, la situación cambió poco y nada, mientras se discute la militarización de la frontera para la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.

A través de un informe in situ, el diputado bonaerense Jorge D'Onofrio, especializado en seguridad, recorrió la frontera norte que separa a La Quiaca (Jujuy, Argentina) de Villazón (Bolivia). En el material audiovisual se puede ver cómo se traslada hasta el país vecino caminando, pasando por dos controles, sin que las autoridades le pidan documento alguno.

"Aquí es donde termina el Estado", denuncia, mientras de fondo se puede ver una especie de muro que no supera los 400 metros de largo.

Más allá de la gestión de Patricia Bullrich (Seguridad) y de Oscar Aguad (Defensa), que generan muchas críticas, es importante llevar adelante una discusión franca y sensata sobre la preparación del Ejército para controlar el narcotráfico, la trata de personas y el flujo migratorio, en un momento de fuerte movimiento y situaciones conflictivas en la región -como el caso de Brasil- por el estallido económico, político y social en Venezuela.

En marzo, Gendarmería Nacional ejecutó la “Operación Tormenta”, decomisando más de 4 toneladas de marihuana en la provincia de Corrientes: Luego ocurrió el megaoperativo “Sapucay”, que derivó en la detención del intendente de Itatí, el vice intendente y el comisario local por sus vínculos con el tráfico de droga. En agosto ocurrieron 4 allanamientos en la localidad, y la detención de los 2 cabecillas de la organización, para festejo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

¿Se encuentran mejor custodiadas las fronteras argentinas? El tema provoca debates cuando, por diferentes motivos, es un tema muy instalado en toda América, más allá del muro en el límite con México que aún desea levantar Donald Trump.

El gobierno boliviano anunció que construirá 25 domos en 25 puntos fronterizos adelantados en la frontera con Chile y Perú, y así mejorará las condiciones de vida de los soldados apostados en esas regiones.

En 2017, el tráfico (entrada y salida) de carga internacional por carretera de Bolivia creció 4,4%, contra 2016, a causa del mayor movimiento de carga registrado en la aduana Arroyo Concepción (frontera con Brasil), la Agencia Exterior Arica (Chile), y el Área de Control Integrado Yacuiba y Villazón (frontera con Argentina), según datos de la Comunidad Andina (CAN).

Pero la carga internacional por carretera que salió por las fronteras de Bolivia disminuyó 6,0%, con respecto a 2016, por la menor salida de mercancías en las aduanas de fronteras Desaguadero (frontera con el Perú) y Tambo Quemado (frontera con Chile).

En tanto, el éxodo diario de miles de venezolanos que huyen de la crisis económica y del régimen de Nicolás Maduro provoca tensiones en las fronteras con Brasil, con brotes xenófobos que han derivado en incidentes de violencia.

El Gobierno brasileño no descarta cerrar la frontera con Venezuela, tal y como piden los políticos de las regiones fronterizas, agitando un debate nacional después de que miles de vecinos de Pacaraima, un pueblo de 12.000 habitantes fronterizo con Venezuela en el Estado de Roraima, prendieran fuego a un campamento de inmigrantes sin techo, atacasen a 700 de ellos y expulsasen a 1.200.

También la situación en Nicaragua genera una creciente migración a países vecinos de América Central, donde ya están surgiendo protestas por la masiva llegada de nicaragüenses. Por ejemplo en Costa Rica, donde un grupo de gente portando esvásticas intentó atacar a migrantes en la capital, San José.

¿Y qué ocurre en las fronteras de la Argentina?

Esta semana ocurrió la VII Reunión de Gobernadores e Intendentes de la Frontera Común de Argentina y Chile, acordado por los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera, en el marco del Tratado de Maipú de Integración y Cooperación Mutua entre Argentina y Chile.

Hay un doble estándar en las fronteras: el ministro de Turismo argentino, Gustavo Santos, y la subsecretaria de Turismo chilena, Mónica Zalaquett, acordaron homologar las visas para turistas chinos que visiten sus países, permitiendo que estos crucen la frontera sin necesidad de visados adicionales.

Según afirmó Zalaquett, “es de especial relevancia que turistas de terceros mercados, como Asia, nos consideren cada vez más como un destino atractivo.Ellos son viajeros cuya estadía es más prolongada”.

Casi al mismo tiempo el diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo propuso un punto de vista totalmente diferente: “No estoy de acuerdo con que saquen los fondos de la soja así como que quiten asignaciones familiares en las fronteras. Con menos asignaciones es una invitación para que el narcotráfico asista a esas familias. Cuando la Nación no llega con educación y salud, el narcotráfico empieza a suplantar al Estado y eso no puede permitirse”.

La discusión no está cerrada pero la sensación es que el Ejército necesita mayor preparación para aceitar sus procedimientos.

Según un artículo del New York Times, el decreto presidencial del 24 de julio es ambiguo en su redacción y abre la puerta a prácticas militares que podrían violar las leyes que establecen una estricta demarcación entre seguridad interior y defensa exterior. Ahora, con el inicio del despliegue de tropas y justo después de la visita de James Mattis —secretario de Defensa de Estados Unidos y el primer jefe del Pentágono que llega a la Argentina desde hace trece años—, se busca legitimar la respuesta militar al terrorismo y al narcotráfico.

Esta medida altera —sin que haya habido una discusión pública fundamentada en un diagnóstico— el modelo que consolidaron cuatro gobiernos democráticos, basado en subordinar las fuerzas armadas al gobierno político y a las instituciones al tiempo que limita su campo de acción a las amenazas estatales exteriores. La reforma impulsada por Macri —que refuerza una preocupante tendencia regional de asignar a los ejércitos labores que tendrían que ocupar las fuerzas policiales— no responde a los problemas reales de seguridad en la Argentina e implica riesgos para la garantía de los derechos humanos.

En la práctica, esta estrategia de militarización ha resultado un fracaso en los países de América Latina en los que se implementó, como en México y Brasil. Y en la Argentina es una alternativa innecesaria y hasta peligrosa.

Para evitar que se incremente el poder militar y se generen efectos negativos para los derechos humanos, el sistema político —los partidos de la oposición y también miembros de la alianza gobernante— debe impulsar un debate público sobre el futuro de las Fuerzas Armadas y exigir que el gobierno dé marcha atrás con esta reforma.

En tanto, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, recibió el 15 de agosto al secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, con quien abordó temas relacionados al ámbito común, con la finalidad de fortalecer la relación estratégica entre ambos países.

"Hoy queremos construir sobre esa base la cooperación en materia de defensa, trabajando juntos cuestiones de asistencia humanitaria y participando de grupos de trabajo bilaterales", dijo el secretario estadounidense.

Es cierto que el G20 a realizarse en diciembre genera cierta tensión y nerviosismo pero esto no debiera correr de eje la situación general de nuestras fronteras. La comunicación por parte de la Casa Rosada tampoco es muy clara y deja correr rumores que hacen ruido.

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