PRESUPUESTO 2019

Mientras "calman" a 22 provincias con $1.000 millones, la Corte pide 1.600 para sueldos

Mientras intentan calmar a 22 provincias, en el marco de la negociación por el Presupuesto 2019 y en medio de los ajuste y recortes, con unos $1.000 millones en compensación por la eliminación del Fondo Sojero, la Corte Suprema envió una solicitud formal a la Jefatura de Gabinete para que le giren $1.600 millones para aumentos de salarios.

 
El Gobierno nacional envió ayer unos 1.000 millones de pesos para que se repartan en partes iguales entre gobernadores e intendentes para calmar la ansiedad de los mandatarios y jefes comunales en el marco de los ajustes y recortes. 
 
Desde Casa Rosada buscan además mostrar que cumple en tiempo y forma con sus acuerdos, en medio de la dura negociación por el Presupuesto 2019.
 
Los fondos corresponden al primer desembolso del "Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios", una compensación que se creó a través de un decreto, el 836, con "el objetivo de asistir financieramente a las provincias que hayan aprobado el Consenso Fiscal".  El programa se encuentra bajo el control del Ministerio de Interior, que conduce Rogelio Frigerio, uno de los principales negociadores del Gobierno para sacar el Presupuesto.
 
La compensación es apenas un alivio para un recorte mayor: la eliminación del Fondo Sojero, decidida a mediados de agosto por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, cuando decidió pasarse a una meta de déficit cero. Creado por el kirchnerismo, preveía repartir el 30% de los derechos de recaudación a la exportación de soja a provincias y municipios. Cuando lo dieron de baja, en Nación aseguraron que implicaría un "ahorro" para sus cuentas de $8.500 millones en 2018 y $26.500 millones en 2019. 
 
Pero la queja inmediata de gobernadores e intendentes, obligó al Gobierno a una compensación de unos 4.000 millones, para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, dividido en cuatro cuotas. Ayer se transfirió la primera: $942.043.331.
 
Todo esto, como se mencionó, ocurre en medio de la tensa negociación por el Presupuesto. Aunque en el oficialismo se hable de un camino despejado para aprobarlo el 14 de noviembre, o más tardar el 21, la puja por los fondos, se descuenta, seguirá hasta la sesión misma cuando se trate el proyecto.
 
Respecto al paliativo de los 1.000 millones, se reparte entre 22 de las 24 provincias. Las dos que no firmaron el Pacto Fiscal en 2017 quedan afuera: son San Luis y La Pampa.
 
En paralelo, la Corte Suprema reclamó $1.600 millones para subir 20% el salario de los judiciales. Lo hizo a través de una acordada al Poder Ejecutivo para que le autorice el giro. Con este refuerzo, los salarios de esos trabajadores se incrementarán 40% en el año. 
 
El pedido de la Corte es, en efecto, un formalismo para que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, realice la modificación de las partidas presupuestarias.
 
Los jueces del máximo tribunal resolvieron que la suba se dará en dos tramos: 10% a partir del 1 de octubre y otro 10% desde el 1 de diciembre. Este nuevo incremento se suma a otros dos de 10% que ya se pagaron en 2018. 
 
"Sin otro particular, y a la espera de una resolución favorable sobre el requerimiento realizado, lo saludamos a usted muy atentamente", finaliza el escueto texto enviado a Marcos Peña. 
 
La nota lleva la firma del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y la vicepresidenta, Elena Higton de Nolasco. Asimismo, acompañan los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda. 
 
Este pedido fue realizado por la Corte una semana después de que Cambiemos frenara en el Congreso un tratamiento exprés de un proyecto de ley de la Unión Cívica Radical para que todo el Poder Judicial sea afectado al pago del impuesto a las Ganancias. 
 
En la madrugada del jueves 25 de octubre quedó en evidencia que una importante cantidad de diputados está a favor de que todos los jueces, sin excepción, empiecen a pagar el impuesto a las Ganancias. 
 
Por eso Cambiemos, en acuerdo con la oposición, se comprometió a tratar en comisión el proyecto del radicalismo que elimina este beneficio histórico en los próximos días, para llevarlo al recinto antes de fin de año.
 
Este beneficio para jueces, fiscales y defensores federales, del que también gozan los empleados judiciales, está vigente de manera formal gracias a la acordada 20 de la Corte Suprema de Justicia de 1996, que los exime del pago de Ganancias.
 
Ese mismo año, con Carlos Menem de presidente, el Congreso sancionó la ley 24.631 e hizo caer la exención del Impuesto a las Ganancias para los legisladores y jueces.
 
Diputados y senadores empezaron a pagarlo sobre el básico, pero a los pocos días la Corte Suprema dictó la acordada 20/96 que consideró "inaplicable" esa norma para los magistrados y así instauró este privilegio hasta nuestros días.
 
A fines de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Congreso aprobó una ley que estableció que "todos los magistrados, funcionarios y empleados en los poderes judiciales y o del Ministerio Público, tanto de la Nación como de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya designación hubiera ocurrido a partir del 1° de enero de 2017, estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias".
 
Pero siguen eximidos quienes ya estaban en funciones antes de esa fecha. Es decir la gran mayoría de los magistrados.
 

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