Finalmente, este miércoles (28/2) le practicaron una cesárea a la nena de 11 años violada y embarazada en Tucumán, después de un escándalo por la demora en el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), la negativa de varios médicos de hacer la práctica y la revelación del nombre de la menor por parte del arzobispo local.

En ese marco, la sede argentina de Amnistía Internacional (AI) repudió el "embarazo forzado" que debió afrontar la niña y la "violencia institucional y malos tratos" a los que fue sometida.

En un comunicado, la entidad rechazó "la violencia institucional ejercida por el Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SIPROSA)" y "la demora injustificada de acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE)", que "vulneró el derecho de la niña a su salud, autonomía, privacidad e intimidad".

"De acuerdo al marco jurídico actual, tenía el derecho de acceder un aborto legal. Tanto la madre como la niña manifestaron de forma clara y oportuna su intención de interrumpir el embarazo", señalaron.

Para la organización "hubo un entramado de obstaculizaciones y dilaciones deliberadamente impuestas" para evitar su derecho a la ILE, que "por acción u omisión" expuso a la nena "a un contexto de tortura y malos tratos y pusieron en riesgo su vida y salud".

También consideró "inaceptable que el sistema de salud haya vulnerado su intimidad, difundiendo detalles sobre su historia clínica, su estado de salud y su decisión de acceder a una práctica médica lícita como lo es el aborto".

"El embarazo a edad temprana trae aparejados riesgos a la salud de niñas y adolescentes" y también tasas de retraso o abandono escolar que profundizan "la desigualdad de género", advirtió la entidad y señaló que en lo que va del año hay casos de gestaciones infantiles forzadas Chaco, Jujuy, Tucumán y Misiones.

Algunas de las organizaciones firmantes, informaron que presentaron "una acción judicial" contra las autoridades sanitarias nacionales a fin de que dispongan "las medidas necesarias para garantizar los abortos legales de acuerdo a la normativa vigente”.

"Repudiamos la violencia institucional ejercida contra la niña, instamos a que se sancione a los responsables de la divulgación de información confidencial y a quienes intervinieron en la obstaculización de la práctica", reclamó AI Argentina al insistir en que se garantice el acceso a la ILE "en los términos previstos por la ley".