Petróleo: Denuncian pago de subsidios a cambio de detener conflictos sociales

A continuación U24 reproduce la nota publicada en el portal OPI donde se denuncia una vergonzosa pero corriente práctica en la provincia de Santa Cruz:

¿Ud sabía que la Municipalidad de Pico Truncado recibe 500 mil pesos mensuales de manos de Repsol/YPF para detener los conflictos sociales mediante el pago de subsidios a desocupados? Entérese cómo las operadoras compran "paz social" pero no busque enterarse qué pasa con los pesitos que sobran.

# Uno de los tantos

Entre mayo y junio del 2004 se desató uno de los tantos conflictos sociales en Pico Truncado con una intensidad muy grande que llevó a pensar en algún momento que podría ocurrir un desastre. Cortes de rutas y manifestaciones impulsadas por desocupados, empleados municipales y el gremio de ATE encabezado por el Secretario General Gustavo Garzón llevaron a que por decisión judicial se detuvieran a varias personas oportunidad en que la jueza Graciela Ruata de Leone los procesó dictando una resolución bajo el título de ENTORPECIMIENTO DE LOS TRANSPORTES POR TIERRA art. 194 CP. auto de procesamiento sin prisión preventiva, para 49 personas .
En el ilícito de atentado contra la autoridad se dictó el auto de procesamiento sin prisión preventiva para 36 manifestantes, aún cuando muchos de los imputados sostienen aún hoy que existe evidencia y elementos probatorios que algunas de esas personas no se encontraban allí en el corte de ruta, mas el procesamiento de agentes municipales que no se encontraban en los lugares que aducen los funcionarios.

También la jueza determinó en el ilícito de coacción agravada, el auto de procesamiento sin prisión preventiva, a cuatro de los seis detenidos por este delito es decir, a Alejandro Garzón Secretario Provincial de ATE, a los agentes municipales y delegados del gremio Pedro Paillaguala, Belisario Seguel, y a Pilar Peralta. Con mas el embargo de $ 300, y $ 500 según el ilícito que se les imputó.

Aquel conflicto dejó dos realidades, unos detenidos y procesados y un grupo de personas que se favoreció con la decisión del gobierno de buscar una salida rápida y práctica a lo que amenazaba con ampliarse y hacer peligrar la institucionalidad de la administración municipal con inevitables coletazos políticos en la provincia.

A partir de allí se ideó una fórmula que se extiende hasta nuestros días y evidentemente les ha dado muy buenos resultados a las partes que firmaron este acuerdo, es decir, las petroleras y el gobierno.

# Todo sea por la paz social

Con el cliché de asegurar la paz social el 25 de agosto del 2004 se sentaron en una mesa las operadoras petroleras de YPF, representada por el sr Roberto Alfredo Domínguez, (quien precisamente ayer, 9 de febrero, fue uno de los que se sentó en Comodoro Rivadavia a negociar con los petroleros de Las Heras) y el intendente de la ciudad de Pico Truncado, escenario del conflicto de esos días el señor Osvaldo Maimo.

Allí uno por parte del estado y otro por la parte privada decidieron firmar lo que denominaron "convenio de cooperación" en cuyos considerandos se establece que del análisis realizado por "las partes" (es decir Municipalidad y petroleras) respecto de la situación social en la zona del Golfo de San Jorge "desean colaborar mutuamente en la generación de una red de contención transitoria que permita atenuar los impactos que se están dando en los niveles de ocupación territorial, generando situaciones de transición para disponer de plazos que posibiliten la puesta en marcha de nuevas obras de infraestructura básica por parte de la Municipalidad que habiliten paliar de mejor manera la situación", señala el fundamento de este acuerdo.

En razón del loable propósito que expresa el texto, parecería que el documento está impregnado del espíritu filantrópico de Philip R. Berber o Theodore W. Waitt, pero no. Cuando uno llega al primero de los 9 puntos del convenio se advierte que establece " Que la Operadora asume el compromiso de subsidiar con carácter de excepción, el costo de los proyectos productivos de forestación y/o de saneamiento ambiental que lleva adelante la Municipalidad con la entrega de PESOS QUINIENTOS MIL (500.000 pesos) en forma mensual".

En el segundo punto aclara. "El presente convenio de Cooperación tendrá una duración de 12 meses prorrogables por otro período más en forma automática, en la medida que no se hubieran suscitado nuevos incidentes que afecten la actividad de la Operadora, caso contrario la prórroga solo será viable mediando acuerdo expreso de partes. El primer aporte se efectivizará el quinto día hábil de setiembre y los sucesivos pagos dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes".

En el punto tercero se establece que la Operadora depositará el dinero a orden de la Municipalidad de Pico Truncado en la sucursal del Banco santa Cruz en la cuenta Nº 71363/9.

En el séptimo artículo que tiene el documento se insiste en que la Operadora con este dinero se "asegura" que nadie va a entorpecer su actividad. Al respecto destaca: "Las partes signatarias comprometen su máximo esfuerzo para garantizar la paz social y el normal desarrollo de las actividades que tiene a su cargo la Operadora en la zona, quien en caso contrario, podrá suspender el aporte referido en el artículo primero, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de la Municipalidad".

# Seguro de producción

Tal como se presenta el documento uno podría inferir que se trata de un seguro de producción donde la operadora YPF/Repsol paga para que la Municipalidad ejerza la vigilancia social a través de subsidios para controlar cualquier tipo de desbordes que impida el desenvolvimiento de la actividad extractiva. En ese marco la comuna de Truncado puede distribuir a su total arbitrio sin que, al menos públicamente, exista la menor idea de cómo se gestiona ese dinero, cómo se controla, quién los distribuye, cuál es el criterio de selección y de prioridades, qué se hace con lo que no se afecta al pago de sueldos y otros detalles por el estilo.

# 700 que no son tantos

A través de este dinero la Municipalidad enfrió la atmósfera caliente de la zona norte y a pesar de los detenidos que hubo en aquella oportunidad 700 personas usufructuaron inicialmente de un subsidio de 700 pesos cada uno lo que en total sumaba alrededor de 500 mil pesos que ingresaban a la comuna para afectar a ese concepto.

Lo cierto es que a medida que se fue depurando el padrón, el número de las personas que cobraban ese subsidio fue disminuyendo al punto que actualmente y de acuerdo a fuentes de la municipalidad de Pico Truncado que omitieron revelarse, no serían más de 100 los que cobran esa suma.

De ser así no existe seguridad de cómo y en qué se está invirtiendo el dinero remanente o no ejecutado en el pago de subsidios que llevaría a disponer a la municipalidad, sólo de parte de Repsol, de algo así como 400 mil pesos mensuales.

# Otros compran tranquilidad

Averiguaciones practicadas en el medio de Pico Truncado dan cuenta extraoficialmente que a lo que abona Repsol se habrían sumado otros 500 mil pesos que aportan las empresas Panmerican y Vintage Oil, con lo cual la Municipalidad de Pico Truncado estaría recibiendo alrededor de 12 millones de pesos anuales distribuidos estos aportes en un 50% por Repsol YPF, 31% Panamerican y 19% Vintage.

A raíz de la inquietud que generó esto en medios sociales y laborales de Pico Truncado, los primeros días del mes de agosto de 2005 en una radio de la ciudad petrolera, el Secretario de Planificación Económica y Producción de la Municipalidad Luis Alberto Martínez, argumentó que el dinero que reciben de las operadoras (lo cual recordemos estaba destinado en principio al pago de subsidios a los desocupados) es utilizado inicialmente para cubrir este objetivo social y "lo que sobra" es destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, señaló el funcionario como forma algo difusa de detallar cuánto, cómo y en qué se invierte tanto dinero mensualmente.

Si bien es cierto que el panorama social de Pico Truncado es calmo actualmente, cabe recordar que la asignación de este subsidio de 700 pesos a desocupados había abierto oportunamente otro foco de conflicto, ya que quienes estaban trabajando en la construcción (UOCRA), por ejemplo se quejaban que por 12 horas diarias cobraban 800 pesos, en tanto había gente que por protestar era subsidiada con 700.

Hoy aún persisten las dudas en el manejo de estos fondos que no están del todo explicitados y de los cuales muchos ponen en duda su transparencia. Posiblemente en los próximos meses algunos gremios comiencen a cuestionar el manejo que se hace y de acuerdo a fuentes sindicales consultadas no sería extraño que se le exigiera por los canales legales correspondientes al intendente Maimo que detalle cada una de las inversiones efectuadas desde que este acuerdo entró en vigencia.

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