Campos llega a Washington para 'hablar mal' de Monsanto (en su país)

El secretario de Agricultura, Miguel Campos, arriba hoy a Washington para reunirse con funcionarios norteamericanos, a quienes planteará la posición argentina sobre el conflicto con Monsanto, la compañía que introdujo en 1996 la soja transgénica que revolucionó la agricultura en todo el país. La relación se echó a perder cuando la firma quiso cobrar las regalías retroactivas por una semilla, la soja RR. Ante el rechazo local, Monsanto comenzó a parar buques cargados con harina de soja en los principales puertos europeos. Hoy, hay US$2.000 en juego, en una batalla que a primera vista está perdida.

En las últimas semanas ha adquirido singular intensidad la disputa entre la empresa Monsanto y los agricultores argentinos respecto de las regalías que la firma les reclama por la venta de semillas de soja genéticamente modificadas, fruto de la investigación científica que esa compañía desarrolla y comercializa en el mundo.

Luego de intensos debates acerca del monto y de la forma de compensación de sus derechos de propiedad intelectual, la firma norteamericana entabló ahora demandas ante tribunales judiciales europeos, en los que considera mejor protegidos tales derechos, por haber registrado allí una modificación genética que no consolidó aquí.

Los hechos referidos tienen alta significación, dado que para ingresar en territorio europeo los embarques objeto de las demandas deberían satisfacer una fianza del orden de los US$15 a 18 por tonelada de harina de soja, el principal producto de exportación nacional a la Unión Europea. La fianza debería operar hasta que se resuelva la cuestión de fondo, lo cual puede llegar a demorar largo tiempo.

Cabe apuntar que no está en tela de juicio el derecho de patente (mal llamado "propiedad intelectual"), sino cómo fijar su monto y pago. La relevancia del asunto es clara: 90% de la soja sembrada en el país contiene un OGM, incorporado para resistir el glifosato, un herbicida que destruye maleza competidora. Los promotores de esta soja alterada sostienen que, gracias a ella, Argentina es el tercer exportador mundial de granos (porotos) y el primero de harinas y aceites.

La clave jurídica reside en los sucesivos ciclos agrícolas y el derecho a seguir empleando semillas por las cuales se abonaron regalías iniciales.

Existe un acuerdo internacional, al cual están adheridos la mayor parte de los países, y desde ya la Argentina, denominado Unión Internacional de Obtenciones Vegetales (UPOV), en el que se reconoce el llamado "derecho del agricultor", consistente en su opción para utilizar el grano cosechado para las siguientes siembras, si por la semilla que dio lugar a esa recolección se han pagado las regalías del caso. Ahora bien, ¿es ese derecho de duración tan ilimitada que podrá ser disfrutado por años, o bien deberá buscarse un límite, tal como ha sido reconocido en otras naciones? Por ese camino han transitado negociaciones recientes.

Otro tema candente es la llamada "bolsa blanca", que consiste en la venta, desde todo punto de vista ilegal, de grano a terceros productores para su utilización como simiente, con lo cual queda sorteado el pago de las regalías y también evadidos tanto el IVA como el impuesto a las ganancias.

El caso planteado tiene una gravedad manifiesta. La demanda mencionada, por la cual se reclama una compensación a todas luces exagerada, provocaría, por aplicación de la citada fianza, una reducción preventiva del precio de la soja en el mercado local, con grave perjuicio para los productores rurales, obviamente extensivo a la recaudación impositiva por derechos de exportación y al ingreso de divisas. Todo ello basado en la importancia del mercado europeo de productos de soja, que suma alrededor de los US$2000 millones anuales.

En este contexto, hoy y mañana en la exposición ante el Departamento de Estado y sus homólogos del Usda (Ministerio de Agricultura estadounidense), los argentinos estarán junto a altos ejecutivos de otras compañías, también estadounidenses, que son competidores de Monsanto y buscarían diferenciarse, relataron los funcionarios.

El equipo de Campos supone que este conflicto es un leading case, donde se pretende consagrar "una fórmula que privilegia las patentes sobre la legislación local, como la ley de semilla que permite a los productores la multiplicación para el uso propio", señalaron.

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