La política nuclear iraní llega al Consejo de Seguridad que preside la Argentina

Cuenta regresiva para el tratamiento del desarrollo nuclear de Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que en marzo está presidiendo la Argentina. Existe cierta precariedad en todo el análisis de la cuestión que hace el Gobierno argentino, para quien todo pasa por alinearse con USA. Hay otras cuestiones en juego. Intentando ilustrar a los funcionarios, ya que el mundo no termina en Río Gallegos, U24 presenta el siguiente documento, que la autora produjo para la revista Política Exterior, de Madrid. POR BELÉN LARA

Los hechos

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), convocado en sesión extraordinaria, ha decidido "informar" sobre el programa nuclear de Irán al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero sin transferirle la responsabilidad de decisión.

En una reunión tensa, de tres días de duración y mediante votación –rompiendo el denominado "espíritu de Viena", según el cual las decisiones en esa institución se toman por consenso– se ha aprobado una resolución que insta a Irán a restablecer la suspensión de
todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio y a intensificar las medidas de confianza y transparencia, con la única concesión de incluir que el objetivo es que la región llegue a ser una zona libre de armas de destrucción masiva, pero sin aludir directamente al armamento nuclear de Israel, como pretendía Egipto.

La resolución se atiene al acuerdo de compromiso al que habían llegado previamente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad; Alemania, como miembro del UE-3 (Alemania, Francia y Reino Unido) que ha estado negociando durante los últimos años con Irán; y el alto representante de la Unión Europea, Javier Solana, según el cual China y Rusia, que se oponían a que el programa nuclear iraní pasase al
Consejo de Seguridad, cedieron a la presión ejercida por Estados Unidos para que así fuese, pero sólo a título informativo y con la condición de que no se tomase ninguna decisión inminente y se esperase, al menos, a que el director general del OIEA, Mohamed el
Baradei, presente un nuevo informe en marzo con las últimas conclusiones de los técnicos, según estaba previsto.

Su intención es darle tiempo y una nueva oportunidad a Irán para hallar
una solución diplomática a la crisis.

Pero el gobierno de Teherán ha respondido a la decisión del OIEA anunciando que finalizará su colaboración con este organismo, que pondrá fin a todas las medidas voluntarias adoptadas para facilitar la cooperación, que reiniciará su programa de enriquecimiento de uranio a pleno rendimiento y que incluso podrían llegar a retirarse del Tratado
de No Proliferación Nuclear (TNP), pero que en ningún caso abandonarán su programa nuclear.

Ésta no era la primera vez que en el seno del OIEA se debatía la posibilidad de remitir a Irán al Consejo de Seguridad.

Después de que el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad –la opción
más fundamentalista, radical y ultraconservadora de las que concurrieron a las elecciones de junio de 2005– ganara las elecciones, las negociaciones entre el UE-3 e Irán se complicaron enormemente.

El UE-3 expresó su disposición a seguir negociando con el nuevo gobierno iraní siempre que respetara los compromisos adquiridos
por el anterior y mantuviera la suspensión de enriquecer uranio y, en agosto de 2005, en cumplimiento de los acuerdos de París (noviembre de 2004), presentó un bloque formalizado de incentivos, con un conjunto de propuestas de cooperación tecnológica, comercial
y política. La propuesta carecía de ofertas sustanciales y sus términos
eran bastante vagos e imprecisos, frente a unas demandas muy concretas y duras.

Tampoco aportaba una solución creativa de compromiso sobre el enriquecimiento de uranio y no aceptaba, en ningún caso, la posibilidad de que Irán procesase combustible para centrales atómicas, a sabiendas de que esta exigencia acabaría con el proceso
de negociaciones.

Ahmadineyad consideró la propuesta humillante y un insulto a la nación
iraní y decidió reanudar su programa de enriquecimiento de uranio,
poniendo en funcionamiento las instalaciones de Isfahan.

Los negociadores europeos respondieron que, si no se mantenía
la suspensión, se alinearían con Estados Unidos y remitirían el asunto al
Consejo de Seguridad, algo que siempre habían considerado contraproducente y a lo que se habían mostrado contrarios.

Finalmente presentaron ante el OIEA una propuesta para llevar inmediatamente a Irán ante el Consejo, provocando una dura controversia.

La resolución que finalmente se aprobó, también tras ser sometida a votación, condenaba el programa nuclear iraní y dejaba abierta la posibilidad de transferirlo al Consejo, pero no de forma inmediata.

Tampoco especificaba cuándo, ni bajo qué circunstancias.

Tras otro intento fallido de desbloquear las negociaciones, el 9 de enero
el gobierno de Teherán anunció que reanudaba las actividades del Centro de Investigación Nuclear de Natanz, poniendo punto final a la negociación entre Irán y el UE-3.

A partir de esa fecha, los hechos se sucedieron rápidamente:

> USA comenzó a ejercer una gran presión diplomática –a la que Israel se sumó – para que se llevara a Irán inmediatamente ante el Consejo de Seguridad, logrando que se convocara la sesión extraordinaria
del OIEA para aprobar una resolución en ese sentido. Rusia, que
prefería continuar por la vía de la negociación, volvió a poner sobre la mesa la propuesta que ya había realizado para enriquecer el uranio iraní en su propio territorio, y China, nada proclive a remitir el asunto al Consejo, apoyó esta iniciativa.

> Los iraníes, que en su día rechazaron la propuesta rusa insistiendo
en que el proceso de enriquecimiento debía de realizarse en su territorio, mostraron su disposición a negociar sobre ella y los británicos propusieron agotar esa vía diplomática antes de tomar una decisión sobre Irán. Pero finalmente los estadounidenses, que llegaron
a amenazar a India con paralizar el acuerdo de cooperación tecnológica
nuclear si votaba en contra de la resolución, consiguieron la solución de
compromiso aprobada por el OIEA.

> Rusia propuso en el mes de noviembre, cuando las negociaciones entre Irán y el UE-3 estaban bloqueadas, un acuerdo de transición para que se permitiera a Irán continuar con la producción de combustible atómico, a cambio de que su gobierno aceptase que la parte más sensible del proceso, el enriquecimiento de uranio, se realizara
en territorio ruso a través de una sociedad compartida y gestionada por
ambos países. Esta propuesta recibió la conformidad del UE-3, de George W. Bush y de El Baradei, pero los iraníes la rechazaron porque les privaría de su derecho a desarrollar la tecnología necesaria para conseguir un ciclo completo de combustible nuclear, tal y como
les permite el TNP,5 y porque significaría ser dependientes de un producto que se obtiene en otro país, insistiendo en que el proceso debía realizarse en su territorio.

> Posteriormente, ante la evidencia de que iban a ser llevados ante
el Consejo de Seguridad, los iraníes admitieron que la propuesta podría ser una buena base para reiniciar las negociaciones y se mostraron dispuestos a discutir los detalles, siempre que quedara reconocido su derecho a enriquecer uranio en su territorio, aunque momentáneamente
se hiciera en Rusia.

Tras algunas conversaciones entre representantes de ambos países para tratar de acercar posiciones, se acordó que Irán participaría en la gestión y en la financiación a través de una empresa mixta y que tendría asegurado el suministro de combustible para su programa
nuclear de uso civil, pero quedan aún muchos otros aspectos del
plan que tienen que ser negociados y concretados.

Rusia cedería parte de la propiedad de una de sus plantas de
centrifugado a Teherán, pero no se sabe cuál y aún están estudiando el lugar o lugares donde se llevaría a cabo el enriquecimiento. Por otro lado, Irán lo ha enfocado como una forma de desarrollar su propio programa de centrifugado a través de la participación en
programas extranjeros, cuando Moscú afirma que Teherán no tendría garantizado el acceso a esa tecnología, aunque se permitiera a sus técnicos visitar la instalación.

Asimismo, tienen que llegar a un acuerdo sobre el medio que
se utilizaría para transportar el material nuclear desde un país a otro.

El curso de acción

El desarrollo de la negociación requiere tiempo, y más cuando están intentando que otros países –léase China – participen también en la gestión.

Las dificultades para el acuerdo son muchas y, además del coste económico, Irán tiene que valorar que, si quiere seguir siendo una alternativa al gas ruso en las repúblicas centroasiáticas, su capacidad de maniobra regional quedaría muy limitada.

En cualquier caso, la propuesta es buena porque garantiza a Irán que podrá obtener lo que necesita y a la comunidad internacional que los iraníes no realizan actividades de enriquecimiento en su territorio y, además, es la única opción que permanece abierta para poder reconducir el asunto por la vía de la negociación sin que sea transferido
al Consejo de Seguridad.

Por otro lado, encaja perfectamente con el programa que pretende poner en marcha el OIEA para controlar internacionalmente
las actividades nucleares de todos los países y para crear una bolsa
global que asegure el suministro de uranio a todos, siempre que se verifique que es para fines pacíficos.

Una vez que el OIEA ha decidido informar sobre el programa nuclear de
Irán al Consejo de Seguridad, el siguiente paso será "someter a decisión" de éste las medidas a tomar.

Los miembros del Consejo pueden elegir entre distintas opciones y cada una de ellas puede tener varias consecuencias.

Incluso el hecho de no llegar a tomar decisión alguna tendría consecuencias.

Podría suceder que, con el veto de China y Rusia y el voto en contra de otros países, no se llegara a aprobar ninguna resolución. Esta situación desembocaría en un punto muerto y, de nuevo, quedarían cuestionadas la eficacia y la efectividad del Consejo, en un momento tan crítico como el actual, cuando se está estudiando su reforma.

Además, EE UU podría escudarse en la impotencia del Consejo de Seguridad y tomar el asunto en sus manos.

Si el Consejo decide actuar contra Irán, la única opción que en un futuro
inmediato podría aunar voluntades, o al menos contar con la abstención de Rusia y China, sería la de aprobar una resolución de condena, instando a Irán a detener inmediatamente todas las actividades
relacionadas con el enriquecimiento de uranio y a volver a la mesa de
negociaciones.

Se encargaría al OIEA realizar el seguimiento y a su director
informar al Consejo de Seguridad sobre su cumplimiento. Esta opción reforzaría la autoridad del organismo, sería fácilmente asumible por todos los miembros del Consejo y carecería de implicaciones,
pero no resultaría muy efectiva porque Irán no colaboraría y seguiría
adelante con su programa nuclear.

En una estrategia de incremento progresivo de la presión, el siguiente
paso consistiría en imponer sanciones diplomáticas a Irán. Se prohibiría viajar a los miembros del gobierno iraní, se vetaría su participación en eventos internacionales, se impediría a los atletas asistir a las competiciones y otras medidas similares, que tampoco resultarían
efectivas sobre el desarrollo del programa nuclear y que, además, incrementarían la sensación de asedio en su población, ayudando a consolidar el régimen en lugar de debilitarlo.

En una fase ulterior se podría optar por imponer sanciones económicas,pero un bloqueo comercial tendría graves repercusiones sobre la economía mundial y, a pesar de ser la opción
favorita de EE UU e Israel, los países europeos la excluyen a corto plazo.

El UE-3, a la hora de afrontar las negociaciones con Irán, siempre ha
hecho valer el que las sanciones que podría imponer el Consejo de Seguridad estrangularían el crecimiento del país, consolidando el elevado índice de desempleo, así como que Irán perdería
posibilidades comerciales para sus empresas e inversión extranjera
en su industria petrolera.

Pero el encarecimiento del crudo que ha seguido a
la invasión iraquí ha facilitado al nuevo gobierno de Teherán afrontar la
deuda externa que heredó del anterior y, aunque su capacidad de refino es muy limitada y necesita importar alrededor
de un 40% de la gasolina que consume, las sanciones, si llegaran
a adoptarse, harían tanto o más daño a Europa que a Irán: un tercio de
las importaciones iraníes proceden de Alemania, Francia y Reino Unido, e Italia también mantiene una lucrativa actividad comercial con Irán.

Rusia

Rusia se opone abiertamente a la imposición de sanciones porque le acarrearía graves pérdidas financieras, debido a los intereses que tiene en ese país.

Moscú está construyendo la central nuclear de Bushehr, en la que trabajan más de 3.500 especialistas rusos, y ha firmado un acuerdo con el régimen iraní para abastecer de combustible nuclear
a esta central durante un periodo de 10 años, con el compromiso de retirar los residuos para que así quede garantizado el uso exclusivamente civil del mismo y evitar su posible reprocesamiento.

Rusia se ha convertido en el proveedor clave de Irán en su empeño
por construir centrales nucleares y ya ha recibido nuevos encargos.

Al ser Irán uno de los mayores productores de gas y de petróleo del
mundo, las sanciones producirían un encarecimiento aún mayor del precio del crudo (la tensión y la incertidumbre sobre el futuro de Irán son factores que ya han contribuido a elevar los precios) con consecuencias económicas a escala mundial, pero más agudas
sobre los países que en la actualidad adquieren ese petróleo.

China

China, con crecientes necesidades energéticas, ha firmado
recientemente un contrato por US$ 70.000 millones para la importación
de petróleo iraní, porque no quiere depender para su abastecimiento
exclusivamente de los países alineados con EE UU, que son la mayor parte de los grandes productores y, por esta razón, también se opone a las sanciones económicas contra Irán.

Como Rusia y China, que tienen derecho de veto, serían de los países más afectados por las sanciones, es muy difícil que el Consejo de Seguridad llegue a aprobar tal medida.

Además, la amenaza de imponer sanciones, e incluso la
imposición de éstas, no modificará el comportamiento de Irán y tampoco
tendrán efecto sobre su programa nuclear, más allá de un cierto retraso.

Los dirigentes iraníes han cerrado filas y tanto Ali Jamenei, guía supremo de la revolución, como el presidente Ahmadineyad y los ex presidentes Akbar Hachemi Rafsanyani y Mohamed Jatami han anunciado que permanecerán firmes y que no se dejarán intimidar,
insinuando que podrían emplear las exportaciones de petróleo
como arma desestabilizadora.

La decisión más extrema que puede adoptar el Consejo de Seguridad
contra Irán es una acción militar. Tal opción no sólo no resolvería la situación, sino que la agravaría y daría la justificación necesaria al gobierno iraní para impulsar aún más su programa nuclear.

Es difícil, por no asegurar que imposible, que esta opción llegue a
aprobarse, aunque sí podría llegar a adoptarse una resolución que amenazara a Irán con atenerse a las "serias consecuencias" de una violación de las salvaguardas impuestas por el TNP, lo
cual dejaría una puerta abierta a una posterior intervención militar.

Esa misma expresión es la que se utilizó en el caso de Irak y es a la que se aferraron EE UU y sus aliados ocasionales para justificar la invasión de ese país.

Israel

Israel ha amenazado con realizar un ataque preventivo sobre las instalaciones nucleares iraníes a fin de impedir que Irán llegue a adquirir la capacidad de enriquecer uranio, porque alcanzarían el punto de no retorno que ellos consideran una amenaza directa a su seguridad nacional.

La central atómica de Bushehr es el objetivo más visible del programa nuclear iraní y el líder del Likud, Bejamin Netanyahu, ha declarado
que, si es elegido jefe del gobierno de Israel el próximo 28 de marzo, no
descarta bombardear esa central, a pesar de que podría haber un número muy elevado de víctimas civiles, tanto de Rusia como de Irán.

Los iraníes no se toman a la ligera estas declaraciones, ni
las filtraciones sobre un plan de Israel para bombardear la planta, al igual que hicieron con la de Irak en 1981, y varias baterías antiaéreas vigilan el cielo iraní ante el riesgo de que el reactor sea destruido.

Para reforzar este sistema defensivo han adquirido misiles antiaéreos
rusos capaces de destruir proyectiles dirigidos, misiles de crucero y bombas lanzadas desde aviones.

Destruir o al menos dañar sustancialmente el resto de las instalaciones
nucleares iraníes (están dispersas y algunas son subterráneas) resultaría logísticamente muy complejo para Israel porque sus medios militares son limitados y necesitaría la implicación de EE UU, que sí tiene capacidad para llevarlo a cabo, pero que no podría calcular con seguridad los daños originados.

Es más que probable que Irán respondiera a un ataque preventivo de
estas características lanzando misiles contra Israel y contra las bases estadounidenses en el golfo Pérsico.

También podría intentar desestabilizar aún más Irak, fomentando la confrontación total entre EE UU y los chiíes iraquíes; podría eliminar cualquier posibilidad de estabilidad en Afganistán; podría promover la desestabilización de Arabia Saudí y de otros Estados del Golfo con una significativa población chií; podría atacar a los petroleros que atraviesan el estrecho de Ormuz, por donde pasa más de un tercio del petróleo mundial; e incluso podría inducir al grupo Hezbolá a realizar una serie de ataques sobre Israel.

En definitiva, un ataque preventivo contra las instalaciones nucleares iraníes tendría consecuencias catastróficas para la región
más inestable y conflictiva del mundo, porque Irán no sólo tiene capacidad para responder, sino que sus dirigentes estarían dispuestos a hacerlo utilizando medios convencionales o asimétricos.

Al margen de la posibilidad de lanzar un ataque preventivo, también existe la opción de realizar una invasión más amplia y generalizada del país.

Bush

Washington ha actualizado sus planes de contingencia porque hace unos años las fuerzas invasoras habrían tenido que entrar por mar, pero ahora puedenhacerlo por tierra y por aire desde Afganistán o Irak.

Tan convencido está Ahmadineyad de que Irak puede ser utilizado como plataforma para acciones armadas contra Irán, que está desplegando gran cantidad de tropas a lo largo de la frontera iraquí.

La cuestión es que, a pesar del gran valor estratégico y económico de Irán, en la actualidad EE UU no puede embarcarse en una operación de derrocamiento de un régimen y de reconstrucción de un país, cuando la situación en Irak es tan inestable y crítica, y cuando el desgaste político de Bush es notable –precisamente a causa del caos iraquí y de la
mala gestión durante el huracán Katrina–.

No obstante, ante las recientes encuestas que indican que los republicanos podrían perder ambas Cámaras en las elecciones parciales de este año, los neoconservadores más radicales
apuntan que si EE UU estuviera inmerso en otra guerra, los electores podrían preferir no cambiar de caballo en mitad de la carrera.

En cualquier caso, Irán continúa siendo un objetivo para el gobierno estadounidense, y así lo ha vuelto a afirmar Bush en el discurso sobre el estado de la Unión de este año.

Y es que Irán se ha convertido en el mayor obstáculo para los planes de Washington en esa zona del mundo.

Durante los próximos años un Irán rico en gas y en petróleo continuará estrechando lazos con países con grandes necesidades energéticas como China e India. Pekín, dado el ritmo al que está creciendo
su economía, necesita ese petróleo.

Controlar el crudo de Irán, después de controlar el de Irak, supone poseer la llave del suministro al único país en el mundo capaz de hacer sombra en el futuro a EE UU.

Garantías a Irán

Ante esta perspectiva, Irán necesitaría garantías existenciales
para alejarse de la carrera por un armamento nuclear que le daría poder
de disuasión, pero ni EE UU ni Israel están dispuestos a hacer concesiones al régimen de Teherán.

La decisión de Irán de reanudar las actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio se ha convertido en una prueba para la comunidad internacional, que tiene que demostrar que es capaz de resolver esta situación de crisis, así como de frenar la proliferación
de armas nucleares.

Una respuesta inadecuada podría dejar expedito
el camino a Irán para desarrollar armamento nuclear y convertirse en
un golpe fatal para el régimen de no proliferación, ya que los países que están pensando en desarrollar sus propios programas nucleares observan atentamente y saben que si Irán lo logra, a ellos también se les permitirá.

Arabia Saudí, Argelia, Egipto y Turquía podrían ser los siguientes en
apuntarse a la nuclearización.

Pero para poder frenar la proliferación de armas nucleares hay que partir de un análisis realista de la situación en esos países; hay que avanzar hacia un régimen de no proliferación mucho más estricto para todos y hay que ser coherentes en la defensa de unas normas internacionales que rijan el uso de la energía nuclear, pero no sólo para Irán.

De no hacerlo así, se perderá toda credibilidad por utilizar
un doble rasero, que es lo que está complicando aún más la búsqueda de una solución constructiva al problema nuclear iraní, cuyos dirigentes ven los esfuerzos por evitarlo como una discriminación frente a otros países como India, Israel o Pakistán.

De hecho, el contraste entre el ataque a un Irak militarmente
débil y sin armas de destrucción masiva, y el autocontrol de
EE UU frente a una Corea del Norte con armamento nuclear, a la que ofrece garantías de seguridad y ayuda, unido a la reciente decisión de Bush de colaborar en el programa nuclear de India, ofreciendo tecnología nuclear avanzada a cambio de respaldo en Irak y como protección contra China, mientras que sólo habla de sanciones y amenazas a Irán, ha motivado que los estadounidenses aparezcan como un promotor selectivo de la proliferación de armas nucleares y ha fortalecido entre los iraníes la convicción de que sólo pueden estar seguros si consiguen su propia arma nuclear, porque es evidente
que así quedarían exentos de sufrir la amenaza de una invasión.

Ahora bien, un Irán dotado de armas nucleares sería una amenaza para la seguridad regional y global, porque podría realizar ataques contra otros países y apoyar acciones terroristas sin que la comunidad internacional pudiera hacerle frente, ante la posibilidad de que
utilizara su armamento atómico.

Hasta ahora no existen evidencias de que Irán haya cometido ilegalidad
alguna, ni de que esté fabricando bombas atómicas.

Los iraníes no han llegado al punto de poder enriquecer uranio
para uso civil pero, si lo consiguen, tendrán capacidad para obtener el material fisible necesario para fabricar una bomba nuclear.

Se estima que Irán podría alcanzar ese punto de no retorno a lo largo de 2007, y tener capacidad para producir las ojivas nucleares y ensamblarlas en sus misiles en un plazo de entre seis y 10 años.

Si esta estimación es correcta, la comunidad internacional debería aprovechar ese periodo de tiempo para asumir que Irán tiene derecho a poseer su propio programa nuclear y que no va a renunciar a ello, porque se trata de una cuestión de soberanía y de supervivencia.

Irán necesita la energía nuclear para asegurar el desarrollo del país,
para incrementar su capacidad eléctrica y para reducir la dependencia del petróleo.

La solución está en cooperar más estrechamente con Teherán para
asegurarse de que su programa nuclear cumple con las salvaguardas más estrictas y que no derivará en un programa de armamento.
Irán podría permitir que las compañías y los gobiernos extranjeros inviertan en sus instalaciones de enriquecimiento de uranio, a través de
contratos directos entre compañías individuales o a través de consorcios multinacionales, y en contrapartida podría reducir el número de centrifugadoras y permitir la plena supervisión de sus instalaciones.

Así, se proveería de la máxima transparencia al programa
nuclear iraní, porque solamente teniendo a Irán más cerca podremos tener la seguridad de que cumple sus compromisos.

Lamentablemente la comunidad internacional ha optado por un estrategia
de tensión y de aumento progresivo de la presión y la puerta que se ha
abierto al decidir informar al Consejo de Seguridad sobre el programa
nuclear de Irán no se volverá a cerrar.

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Belén Lara, doctora en Ciencias Políticas, es vicesecretaria general del Observatorio Europeo de Seguridad y Defensa (OESD) e investigadora senior de la Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación (Unisci).

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