La destitución a Ibarra: La decisión de la que habla el país

No sólo los medios de la ciudad de Buenos Aires dedicaron amplias páginas al análisis de la destitución de Aníbal Ibarra de la jefatura de gobierno porteño. Distintos editoriales de medios argentinos reflejan el disenso que provocó la decisión tomada en la Legislatura. "El proceso de enjuiciamiento dejó en claro que el funcionario no gozó de la impunidad que tanto daño le hizo al país durante la gestión neoliberal de los años ’90", sostiene el diario platense Hoy mientras el Río Negro considera "ciertos familiares de las víctimas del incendio hicieron cuanto pudieron por intimidar a los legisladores" considerando que el proceso tuvo más de "político" que de "juicio".

# La política sobre todo (Editorial del diario Río Negro de esa provincia)

Como suele suceder hoy en día, la tragedia de Cromañón no tardó un solo minuto en politizarse. Desde el presidente de la República que, al enterarse de lo que había sucedido, decidió mantener un silencio de radio de cinco días para después atacar a la prensa por amarillista, hasta el puntero de barrio más rudimentario, enseguida casi todos se pusieron a intentar ya asegurar que no los perjudicara el desastre, ya sacar provecho de él para incomodar a sus rivales. Pues bien: ayer el drama político nada digno que desató el sujeto que disparó una bengala en un lugar cerrado hecho de materiales muy combustibles culminó con la remoción, por un voto, del ya suspendido y ahora ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra.

Aunque nunca hubo duda alguna de que por su función Ibarra era el responsable formal de las deficiencias administrativas que hicieron más probable que se produjera una catástrofe como la supuesta por el incendio que provocó la muerte de casi doscientas personas en la discoteca Cromañón, esto no quiere decir que haya sido razonable destituirlo a causa de una calamidad que, en vista del escaso respeto por los reglamentos que siempre ha caracterizado a los empresarios de "la noche" y de la costumbre de ciertos funcionarios a complacerlos, pudo haberse dado en cualquier momento cuando otros estaban a cargo de la comuna. Tampoco hay motivos para suponer que la decisión de echar al intendente signifique que en adelante sus sucesores, y sus homólogos en otros centros urbanos, presten más atención a sus deberes administrativos que a los juegos políticos y debates ideológicos bizantinos que para la mayoría son mucho más importantes. Para que ello sucediera, sería necesaria una reforma integral del sistema político que, huelga decirlo, no está en los planes de nadie.

A pesar de los esfuerzos denodados de los muchos adversarios de Ibarra por encontrar vínculos directos entre lo que hizo o no hizo y el incendio en Cromañón, lo único que se ha podido establecer es que la administración de la Capital Federal no ha mejorado mucho en el transcurso de su gestión. Sin embargo, por motivos que en la mayoría de los casos habrán tenido mucho más que ver con los intereses de los diputados porteños y de sus jefes partidarios que con un análisis objetivo de las causas de lo que ocurrió aquel 31 de diciembre, más de dos tercios de los integrantes de la Sala Juzgadora de la Legislatura llegaron a la conclusión de que le correspondió a Ibarra pagar casi todos los costos políticos de la tragedia, motivo por el que optaron por removerlo de su cargo. ¿Se hizo justicia? Desde el punto de vista de los deudos que insistían en que la pérdida trágica de tantas vidas significara que alguien importante tendría que caer, podría decirse que sí, pero puesto que el resultado final de la votación puede atribuirse a meses de presiones y contrapresiones, intrigas y maniobras por parte de todos los involucrados, habrá muchos que no compartirán su opinión. Antes bien, supondrán que Ibarra fue víctima no tanto de su propia impericia cuanto de la relación de fuerzas políticas actual en la Capital.

Luego del hundimiento de la Alianza, Ibarra se las ingenió para convertirse en kirchnerista, de ahí el apoyo que recibió del gobierno nacional y la oposición previsible de macristas y aristas que quieren frenar "el proyecto" personal del presidente y por lo tanto aprovecharían una oportunidad muy buena para hacerlo.

Desgraciadamente para Ibarra, en la Ciudad que administraba los macristas y aristas pesan más que los comprometidos con Néstor Kirchner y su esposa, los que, por su parte, empleaban, sin mucho éxito, el poder que supieron construir al amenazar con "castigar" a aquellos legisladores porteños que se negaran a votar a favor del intendente. Mientras tanto, ciertos familiares de las víctimas del incendio hicieron cuanto pudieron por intimidar a los legisladores que a su juicio podrían "traicionarlos", llegando en algunas ocasiones a protagonizar actos de violencia totalmente inadmisibles en una sociedad respetuosa de la ley, reforzando así la impresión de que en última instancia el destino del ex jefe porteño fue decidido no por la Justicia sino en gran medida por la calle.

# El fallo del que habla el país (Editorial del diario Hoy, provincia de Buenos Aires)

"Esto no termina aquí". Apenas se conoció la decisión de la Sala Juzgadora que lo convirtió en ex jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra ratificó su voluntad de recurrir "a la Justicia", en lo que bien podría interpretarse como el último intento por revertir lo inevitable.
Es obvio que -al menos en el corto y mediano plazo- su suerte luce definitivamente echada, ya que así lo atestiguan no sólo la sentencia que se dictó ayer, sino también el "veredicto" de un amplio sector de la población que ya lo había encontrado culpable. Tanto que, comprensiblemente alineada con el dolor de los familiares, sólo aceptaba la destitución.

Se esté o no de acuerdo con el fallo (muchos no lo están), el proceso de enjuiciamiento dejó en claro que el funcionario no gozó de la impunidad que tanto daño le hizo al país durante la gestión neoliberal de los años ‘90. Lo que por supuesto habrá que revisar es si, como denunció el ibarrismo, hubo algún aprovechamiento partidario de tan dolorosa tragedia.

No obstante, destacados constitucionalistas -entre ellos Félix Loñ- no advierten que haya existido algún intento de golpe institucional, como el que denunció el mismo sector. Por el contrario, subrayan la idoneidad del juicio político como instrumento de la Democracia.

El resto pasa por los argumentos sobre los que se apoyaron los votos por la destitución.

"Ibarra ha incurrido en mal desempeño de sus funciones, sobre todo del poder de policía. Fue ineficaz, ineficiente y negligente", (Daniel Amoroso, Juntos por Buenos Aires).

"Cromañón se produjo porque existía una ciudad ilegal que fue construida por Ibarra. Hubo una ineficiente política de control y eso es responsabilidad de político", (Héctor Bidonde, Desde Abajo).

La Sala concluyó que Ibarra es políticamente responsable por todos los errores que contribuyeron a que ocurriera aquel luctuoso episodio (habilitación, ausencia de medidas de seguridad, etc); y debe pagar por ellos aunque esto no quiera decir que sea penalmente culpable.

Es de esperar que, de aquí en adelante, no haya que sufrir más tragedias evitables (como la de Cromañón), ni que haya necesidad de llegar a un juicio político.

# Chispazos (Editorial de La Nueva Provincia, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires)

En medio de la discrecionalidad y el unicato, la destitución de Aníbal Ibarra como alcalde porteño es un chispazo de luz, que permite soñar con el renacimiento de las instituciones republicanas. Como lo definiera en su (soberbio) alegato la edil radical Florencia Polimeni, embarazada de 8 meses y medio, Ibarra no es culpable: él no encendió la bengala en el aquelarre de Cromagnon, pero es responsable por las negligencias y la corrupción de sus colaboradores, y por eso es imputable político de los hechos y debe pagar políticamente su culpa.

Para eso se le había incoado ese juicio político: lo contrario hubiese significado inocentar a un jefe de Gobierno al cual la ciudadanía ha votado, precisamente, para que asuma la responsabilidad de dirigir. La decisión de la sala juzgadora asumió pues esos derechos populares de los votantes y separó a Ibarra del mando.

Resta señalar las convulsiones políticas que el proceso trajo consigo, las puebladas, los escraches y piquetazos que ocasionó, las operaciones y presiones a las que sucumbieron algunos legisladores, pero ese dramatismo es proporcional a la inacción de los jueces naturales de aquella tragedia que causara 194 muertos.

En 14 meses, la justicia criminal no ha avanzado un solo palmo en el esclarecimiento de los hechos y la angustia de los padres de las víctimas se volcó naturalmente al juicio político. Por lo demás, el proceso transparentó la enorme corrupción de esa izquierda, que apareciera hace 25 años, alardeando defender los "derechos humanos" y que termina estos días en el cesarismo y la vergüenza.

# Opinión enviada a la redacción por la UR Silvana Varela

Desde el comienzo de la tragedia, que me tocó de cerca en la labor periodística, encontré mezquindades; de un lado y de otro. Encontré aprovechamientos políticos, de un lado y de otro; y encontré mucho dolor y poca justicia.

Quizá las Instituciones argentinas, amparadas en su adolescente democracia, nos tengan acostumbrados a sus falencias, a sus inexactitudes, y hasta a su corrupción. Esa de la que todos hablan y pocos hacen algo para que desaparezca, porque cuando se habla de corrupción, se piensa en el que recibe el sobre, y pocas veces en el que lo entrega. Tampoco se piensa que la sociedad argentina es corrupta cuando se jacta de la viveza criolla para infringir cuanta Ley se sancione en las imperfectas Legislaturas (pero las únicas que, por suerte, al menos, tenemos); o cuando se le ofrece "la plata para la pizza" al policía que le pidió papeles del vehículo o lo reprendió por pasar la luz en rojo. Claro, después nos rasgamos las vestiduras cuando ese mismo automovilista corre una picada o atropella a alguien.

Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra sociedad. Y el reflejo de todo este sistema compuesto por la clase dirigencial y por la sociedad misma, es lo que se vio hoy en lo que considero, una burla a la memoria de cualquier muerto en el incendio del 30 de diciembre de 2004.

Probablemente sea harto difícil ponerse en la piel de cualquier padre que haya perdido allí un hijo, y por eso, los eximo del análisis de la flamante destitución del Jefe de Gobierno.

Ellos, los padres, equivocados o no, tienen derecho a decir y pedir lo que quieran, incluso, la lapidación de Ibarra en la Pirámide de Mayo. No tienen derecho a hacerlo. Para eso están los mecanismos que deben poner paños fríos, buscar un equilibrio y sí otorgarles a esas familias lo único que les devolverá en parte, la paz perdida en la trágica noche: la justicia.

Sin embargo, en nombre de una democracia joven, escondemos las mezquindades, las trenzas y las debilidades de quienes debieran haber tenido otro rol en este acontecimiento que se convertirá en histórico.

Nuestros hijos y nietos van a ver en los libros de texto futuros, que el 7 de marzo de 2006, por primera vez, un juicio político logró destituir a un Jefe de Gobierno porteño. ¡Qué hazaña! ¿Y ahora qué? ¿Ya está? ¿Los culpables pagaron? ¿Alguien va a ir preso? ¿La conciencia de alguien está más aliviada? ¿El dolor de alguien está más mitigado?

Probablemente cuando esos mismos padres que tras escuchar el décimo voto por la destitución lloraban, se abrazaban y vitoreaban se den cuenta que nada cambió, entenderán cuánto se dejaron usar, pero también, cuánto, con su por momentos desmedida presión (pública y privada), con la intimidación hacia los legisladores y con el buscar que los medios y los periodistas tomemos partido "por los más débiles", porque eso es lo "políticamente correcto", han convalidado no un juicio político, sino un circo romano.

Lejos está todo esto de reflejar alguna mínima partícula de justicia. Lejos están muchos medios de demostrar equilibrio, y mucho menos, independencia, una palabra que de cualquier manera, aplicada a la libertad de prensa, en los últimos meses ha ido desapareciendo.

No es ésta, ni remotamente, una defensa a Aníbal Ibarra, pero sí, un pedido a gritos de que se termine con la falacia de creer que su destitución es un bien necesario para la sociedad; o que es sinónimo de justicia.

Nadie duda, a esta altura, que muchas cosas se hicieron mal en la administración porteña para que el desenlace hayan sido 194 muertos.

Sin embargo, nadie habla de la irresponsabilidad (yo diría de la criminalidad) de quien encendió esa bengala. No se habla de la culpabilidad de quien hasta entonces, lo consideraba parte del "folklore" del rock. No se habla de la toxicidad del material (no ignífugo, además) o del animal (con el respeto que merecen los animales) que cerró las puertas con una cadena. Criticar o no al grupo Callejeros que convivía con bengalas en sus recitales a diario, y que no decidió enérgicamente suspender el recital sino hasta que el fuego consumía el techo, divide las aguas de los sobrevivientes y familiares.

Poco importó la coima que recibían los policías que debían poner fin a muchas de estas irregularidades. No es Aníbal Fernández quien fue encontrado responsable por ser la máxima autoridad de la fuerza policial porteña (porque la Ciudad, además, no tiene su propia policía). Es el otro Aníbal el que hoy pasó a la historia. Así, literalmente.

Personalmente creo, que sin lugar a dudas le caben al ex Jefe de Gobierno muchas responsabilidades, por acción u omisión. No saber o no poder administrar eficientemente un área de su gobierno requiere que de respuestas a sus ciudadanos. Requiere que tenga, incluso, si fuera necesario, la grandeza de dar un paso al costado, o de someterse al rigor de cualquier proceso jurídico y político contemplado para tal fin. Pero merece, que ese proceso sea serio. Y más que merecerlo él, lo merecen los familiares de los 194 muertos, lo merecen las memorias de esos muertos, y lo merecemos todos como sociedad.

Ibarra puede ser responsable de muchas cosas, pero difícilmente, sea el "culpable" de semejante tragedia.

Si alguna vez queremos dar cátedra de democracia y ufanarnos de lo que nos costó conseguirla, hay que saber mantenerla, pero no desde lo discursivo (que hoy abundó y hasta rozó el ridículo en el recinto), sino desde los hechos.

Seamos maduros. Seamos sinceros. Separemos culpables de responsables. Que no nos mientan más. Basta de esconder la mugre bajo la alfombra y el hijo mogólico en la pieza del fondo. Basta de quienes dicen que no buscan nada, pero están agazapados con cuchillo y tenedor. Basta también, de quienes antes hacían campaña y pedían el voto para Ibarra en una alianza progre de centroizquierda, y ahora para no reconocer que es preferible estar de la otra vereda y soltar la mano, hablan de "libertad de conciencia". Basta de tanta hipocresía.

Cuando al Presidente Kirchner le interesaba que el proyecto del Consejo de la Magistratura, impulsado por su mujer, la Senadora por Buenos Aires Cristina Fernández, fuera aprobado sin modificaciones, no dio libertad de conciencia. Operó, presionó, cambió figuritas y esperó la planilla de la votación, como Suar y Villarruel la de los raitings.

Hoy no hubo pertenencia partidaria. Hoy hubo una deliberada "libertad" para que parezca que no hay presión, cuando en realidad lo que se sucedió fue la posibilidad de deshacerse de un lastre que iba a pesar demasiado en el camino para 2007.

"Es la política, estúpido". La frase se inmortalizó en Estados Unidos, pero aplica a la perfección, día a día, en la Argentina. Y lo peor, es que los estúpidos, nunca son ellos. Siempre somos nosotros, que 500 años después del descubrimiento de América, aún nos deslumbramos por espejitos de colores.

La única diferencia, claro está, es que ahora en vez de provenir de Europa, proviene de quienes nosotros mismos erigimos como políticos.

Silvana Varela
Directora periódico Enlace Provincial
Conductora programa Calle 53

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