Oyarbide no quiere entregar a Bonadío parte de una causa que complica a Moyano (y a los K)

El juez federal Norberto Oyarbide rechazó un pedido de inhibitoria que le planteó su par Claudio Bonadío, en la causa en la que se investiga la defraudación a la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud a través de la Obra Social del Sindicato de Camioneros. Bonadío elevará la causa a la Cámara Federal para que resuelva el pedido.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24)  En la causa en la que se investiga la defraudación a la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud y Acción Social, a través de la Obra Social del Sindicato de Camioneros, el juez federal Norberto Oyarbide rechazó un pedido de inhibitoria que le planteara su par Claudio Bonadio.
Oyarbide aseguró que "de conformidad a las directivas emanadas del Superior al confirmar los procesamientos de los imputados, me encuentro en este momento reuniendo pruebas a los fines de determinar de qué manera habrían participado distintas personas en la órbita de la Superintendencia de Salud y la Administración de Programas Especiales, como ser Héctor Capaccioli, Alejandra Ungaro, y Navas, entre otras, como así también el perjuicio que podrían haber causado al Estado, en connivencia con Néstor Lorenzo y los demás implicados en la investigación", según publicó el Centro de Información Judicial.
En ese sentido, el magistrado remarcó: "No podré hacer lugar a la inhibición parcial de los hechos aquí solicitada por mi distinguido colega ya que conspiraría contra el éxito y avance de la investigación, como así también el riesgo de formalizar doble imputación sobre mismos hechos y pronunciamientos contradictorios sobre los imputados".
Ahora, el juez federal Claudio Bonadio elevará la causa a la Cámara Federal para que resuelva el pedido.
Bonadío analiza si hubo defraudación con los tratamientos y medicamentos que son financiados con fondos que administra la Administración de Prestaciones Especiales (APE), del Ministerio de la Salud, y en donde estarían vinculadas droguerías que también son investigadas por Oyarbide, en la megacausa por los medicamentos adulterados.
Bonadío tiene en su despacho los documentos donde consta que la obra social de Camioneros recibió del Estado (a través de la Administración de Programas Especiales) casi $70 millones entre 2006 y 2009 para, supuestamente, pagar medicamentos de alta complejidad vendidos a la mutual de los Moyano por su proveedor preferido: la Droguería Urbana, una sociedad que aportó a la campaña presidencial Cristina de Kirchner en 2007, y que está siendo investigada no sólo en este expediente sino también en el que tiene Oyarbide conocido como "la mafia de los medicamentos".
La relación demasiado estrecha que mantienen los Kirchner con Moyano podría terminar en un escándalo si se conociera que la obra social que administra la esposa de Moyano, Lilian Zulet, está relacionada a actividades ilícitas.
Bonadío le pidió a Oyarbide que se inhiba en esta causa. Es que Oyarbide tiene a su cargo la instrucción de la megacausa por el tráfico de medicamentos adulterados, en la que se investiga una asociación ilícita que comercializaba remedios falsificados y en la que están involucrados ex funcionarios, sindicalistas y droguerías. Mientras que en el juzgado de Bonadío está radicada -por una denuncia realizada en el año 2006 por el entonces dirigente de la UOCRA Juan Pablo Medina- una investigación contra las dos obras sociales a la que aportan los camioneros.

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