Derrame en el Golfo: Detectaron una filtración nueva y presentan demandas contra BP

El gobierno de USA confirmó que BP detectó una filtración "a una distancia del pozo" que derramó durante 3 meses más de 60 mil barriles de petróleo al día. Los costos del derrame casi llegan a los US$ 4.000 millones para la petrolera británica. Distintos abogados en USA demandan a BP invocando una ley contra el hampa.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - La petrolera británica BP dijo que una filtración detectada en el Golfo de México podría no estar relacionada con su pozo dañado Macondo, que ha provocado el mayor derrame de crudo en la historia de USA.
El portavoz Robert Wine dijo el lunes que los ingenieros de BP entregaron esa información luego de que el funcionario que supervisa los trabajos frente al derrame, Thad Allen, que dijo que la filtración se detectó "a una distancia del pozo".
"Los datos están siendo revisados por el equipo técnico del gobierno", dijo Wine.
La semana pasada se instaló un sistema de contención sobre el pozo dañado, lo que frenó el derrame de crudo por primera vez en tres meses.
"Si se confirma que el pozo de Macondo es la fuente del nuevo derrame, el mecanismo de frenado será abierto y el crudo será liberado hacia la superficie para facilitar su captura", dijo Wine.
El gobierno de USA autorizó a la BP a conducir por otras 24 horas las pruebas de la clausura del pozo submarino en el Golfo de México, luego de descubrir una posible pérdida de metano en el fondo marino.
"Autoricé a la BP a continuar con las pruebas de resistencia por otras 24 horas suplementarias, y reiteré nuestra posición, según la cual las pruebas continuarán sólo con la condición de que BP respete sus obligaciones de controlar rigurosamente cada señal que revele si las pruebas pueden empeorar la situación", escribió el coordinador de las operaciones, Thad Allen.
Allen precisó que la prórroga de las pruebas fue decidida tras una reunión ayer entre los técnicos federales y los del grupo petrolero británico, respecto a los riesgos de una nueva fuga de hidrocarburos.
"La vigilancia (del tapón que bloqueó la pérdida de petróleo) y el análisis completo de la fuga de metano continuarán en coordinación con el equipo de expertos" del gobierno, dijo.
Los ingenieros que monitorean el pozo "Macondo" de la BP en el Golfo de México detectaron una filtración en el fondo del océano que podría indicar algún problema con el tapón colocado en el pozo para que deje de derramar crudo a las aguas.
Durante la tarde del domingo, técnicos de la BP se habían mostrado optimistas sobre el funcionamiento del dispositivo colocado en el pozo y estimaron que, de seguir así, podría permitir sellarlo definitivamente en agosto.
Casi US$ 4.000 millones de costo
El grupo BP anunció este lunes que la marea negra en el Golfo de México le ha costado por el momento US$ 3.950 millones en gastos para acabar con la fuga provocada por el pozo averiado.
La suma incluye los gastos del grupo para contener y limpiar el petróleo vertido y las compensaciones pagadas a los Estados y las autoridades federales, detalló BP en un comunicado.
El grupo añadió que el balance provisional incluye más de 67.500 demandas de compensaciones ya pagadas, de las casi 116.000 presentadas, lo que totaliza US$ 207 millones.
BP recuerda que aceptó crear un fondo de US$ 20.000 millones, para indemnizar a las víctimas de la marea negra, pero destacó que aún es pronto para calcular el monto final de la catástrofe, que podría ser mucho más elevado.
El domingo, el Gobierno de USA ordenó a la compañía británica que informe sobre una "filtración detectada" y otras "anomalías" en los alrededores del pozo petrolífero averiado en el Golfo de México. Sin embargo no exigió que BP retire el embudo que impide la salida de petróleo desde el pasado jueves, por primera vez desde el accidente sucedido el 22 de abril.
Demandas
Las complicaciones para BP no terminan ahí. Según informa El Nuevo Herald, distintos abogados han invocado una ley contra la mafia para demandar a petroleras como BP y Transocean por acciones delictivas por todo el país.
Varios abogados en USA han invocado una ley contra el hampa para demandar a las empresas BP PLC y Transocean Ltd, a las que acusan de haber cometido de manera continúa numerosos delitos en el país.
Según los letrados, ambas empresas ocultaron fallas en los planes de perforación en aguas profundas y carecían de medidas de seguridad para contener la catastrófica fuga de petróleo en el Golfo de México.
La BP es mencionada en al menos tres demandas basadas en la ley federal contra Organizaciones del Hampa y contra la Corrupción (RICO, por sus siglas en ingles).
La Transocean, que alquiló la plataforma de perforación Deepwater Horizon a la BP, es mencionada en un par de demandas presentadas en Luisiana y Florida. La fuga fue causada por una explosión en esa plataforma el 22 de abril que dejó 11 muertos.
En las querellas se acusa a ambas compañías de utilizar el teléfono y el correo para cometer fraude durante varios años al presentar documentos falsos al gobierno de USA y engañar a los inversionistas con otros documentos y falsedades.
Los demandantes afirman que ambas empresas son culpables de soborno debido a que forman parte de una acción general de la industria de petróleo y el gas para "infiltrar" a los funcionarios encargados de vigilar las leyes del sector.
Según las demandas, las empresas proveyeron a funcionarios, entre otras cosas, de juergas, drogas, sexo, inscripciones en clubs de golf, viajes para esquiar, boletos para conciertos y otros deportes.
"El patrón de la actividad delincuencial de los acusados implica un plan para crear, de manera fraudulenta, una falsa percepción de seguridad entre el público mientras en cada maniobra buscaban evitar los costos asociados a efectuar sus operaciones de una manera segura", de acuerdo con una demanda.
Esta aseveración está contenida en la querella que el abogado Daniel Becknel, de Luisiana, y otros entablaron en nombre de un restaurante que busca representar a un gran número de empresas a las que la fuga de crudo causó perjuicios económicos.
La ley RICO, que aprobó el Congreso en 1970, tiene un componente civil y otro penal, pero ambos aspectos dependen de las pruebas de violaciones continuas con al menos dos delitos específicos de una lista larga.
El atractivo del aspecto civil de la demanda es que triplica el pago de las indemnizaciones.

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