Santa Fe: Evalúan que civiles administren los fondos de las policías departamentales

Avanza en Santa fe un plan que consiste en poner profesionales civiles para administrar unidades regionales de la policía. Una nota publicada por el diario La Capital de Rosario.

PROVINCIA DE SANTA FE (La Capital de Rosario) El gobierno provincial tiene bajo análisis alternativas para modificar la administración de recursos económicos en las unidades regionales policiales. El planteo, por ahora un boceto, concibe el reemplazo de los encargados de la ejecución y coordinación de los gastos para el abastecimiento y el mantenimiento de las departamentales, esto es, de los que manejan la plata de las departamentales. La pretensión apunta a que los responsables de los fondos no necesariamente pertenezcan a la carrera policial sino que estas funciones puedan ser desarrolladas por profesionales civiles.

Para que algo así sea posible es imprescindible cambiar la ley que regula el funcionamiento de la policía provincial. La normativa vigente desde el año 1975 plantea que las tareas en las áreas de Administración y Finanzas de las regionales son desempeñadas por oficiales jefes a los que se conoce como habilitados. Lo que creen en el gobierno es que esa clase de función no es específica de la formación policial y puede ser cubierta por especialistas como contadores.
Abrir los ojos. No se trata simplemente de organización policial: lo relativo al manejo de plata para las regionales fue un espacio de gestión a menudo poco transparente. La evaluación que impera en el gobierno es que en las áreas de finanzas de algunas regionales hay una excesiva autonomía para los gastos que se conjuga con frágil control, lo que implica que a veces suculentos recursos terminan muy lejos de sus destinos anunciados.
El de habilitado es un cargo administrativo clave porque es quien dispone los pagos que realiza la unidad para adquirir los insumos necesarios para su funcionamiento. En abril pasado el pagador de la Unidad Regional II fue separado en forma sorpresiva porque desde el Ministerio de Seguridad estimaban poco claros los manejos de dinero hacia determinados proveedores.
Precisamente en el área jurídica de ese Ministerio tienen en evaluación esta idea que para prosperar implicará un paciente esfuerzo político. La intención que tienen allí es, por lo menos, dar un mensaje a la ciudadanía, empezando a instalar la discusión sobre un tema tabú. La policía no sentirá simpatía de ceder una atribución que le corresponde por la Ley Orgánica Nº 7395. Y aunque los cambios en la normativa de seguridad empezaron en el gobierno justicialista de Jorge Obeid con la modificación de la Ley de Personal, en la heterogénea oposición peronista difícilmente haya una sola visión sobre el asunto.
Diversas fuentes de la cartera que conduce el ministro Alvaro Gaviola dijeron a este diario que, más allá de que lo diga la ley, es discutible que el que maneje la gestión administrativa de una departamental deba ser un oficial jefe. "¿Qué formación específica tiene un comisario para hacer un trabajo de administrador público? Creemos que la función profesional policial debe estar orientada hacia la investigación criminal, el trabajo preventivo y el operativo", destacó un alto vocero de ese Ministerio.
Esto no implica que la Jefatura de Policía de Provincia vaya a perder su rol determinante para la fijación de las necesidades institucionales de la fuerza de seguridad en lo que hace a la cuestión de armamento, equipos, transporte e instalaciones. El Departamento Logística (D4) seguiría conservando esa atribución superior. No así las regionales.
En Santa Fe, la separación entre las tareas específicas y administrativas también está demarcándose en otras esferas institucionales como por ejemplo el Poder Judicial. En el ámbito de penal los jueces, en el marco del nuevo modelo de enjuiciamiento de delitos, no tendrán más a cargo el trabajo de la administración del tribunal. Una oficina de Gestión Judicial se ocupará de cuestiones como la provisión de elementos y fijación de audiencias. Esas labores no estarán a cargo de abogados sino de administradores públicos o ingenieros industriales.
Partidas y compras. Asunto clave en cualquier institución, la cuestión del manejo de fondos es un punto sensible en la organización policial. Los seguimientos de parte de los funcionarios del Ministerio de Seguridad dejan traslucir que existen grandes espacios de autonomía en cuanto a los gastos que deciden los habilitados. "Se logra instalar la idea de que no hay fondos para insumos técnicos y muchas veces no es verdad. Una observación más fina indica que hay mucha libertad para las compras, que se producen diferencias históricas entre lo previsionado y lo gastado efectivamente y que las rendiciones se hacen mal, fuera de tiempo y sin controles profesionales. Esto es parte de una tradición que la policía conoce muy bien", subrayó un funcionario a La Capital.
Estos nichos de discrecionalidad se traducen muchas veces en acciones de corrupción económica. Y el control de estas áreas es difícil porque el conocimiento de los resquicios institucionales donde se definen gastos, en un área tan sensible como la seguridad, pueden implicar sobresaltos de gobernabilidad.
Cuando en abril pasado fue desplazado el comisario principal Omar Pintón en el área de Administración y Finanzas de la Jefatura de Rosario —una decisión administrativa ordinaria— la novedad explotó en una corriente de trascendidos en ámbitos policiales, muy poco habituados al control externo de esas áreas. El cambio fue motivado por inquietudes respecto al destino de partidas para reparación de móviles, gastos de combustible y de racionamiento. Pintón se encargó de aclarar que no tiene sumarios ni procesos judiciales en contra pero la razón de su relevo fue la consignada.

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