Mauricio Macri se llevó apenas un consuelo de la sesión de este martes (18/12) en Diputados: la Cámara baja aprobó y giró al Senado la denominada Ley Micaela que crea un "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres". Fue la única noticia positiva para la Casa Rosada en el marco de las sesiones extraordinarias que estableció en el Congreso con los objetivos prioritarios de sancionar una ley contra los barrabravas y otra de financiamiento político de cara a las elecciones 2019. Ambas quedarían para 2019.

La Ley Micaela, impulsada por Macri tras la denuncia de la actriz Thelma Fardín por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, recibió en la madrugada de este miércoles (19/12) 171 votos afirmativos contra un voto negativo de Alfredo Olmedo. La norma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado nacional.

La ley lleva el nombre de Micaela García, en memoria de la joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. Los padres de Micaela estuvieron presentes durante la sesión. El proyecto fue incluido en la ampliación del temario de sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, publicado el pasado lunes en el boletín oficial mediante el decreto 1135/18.

Estos son los puntos principales contemplados en la Ley aprobada por la Cámara de Diputados:

-Formación y capacitación con perspectiva de género del personal que se desempeña en los tres poderes del Estado.

-Creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres.

-Capacitación de las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria; en cargos electivos, por concurso o por cualquier otro medio legal de contratación.

-Fija como autoridad de aplicación en el ámbito del poder Ejecutivo al Consejo Nacional de las Mujeres y al Ministerio de Modernización, o las dependencias que en el futuro las reemplacen.

-Obliga a los poderes Legislativo y Judicial a designar la autoridad de aplicación en sus respectivos ámbitos, en un plazo de 30 días contados desde la promulgación de la ley.

- Hace obligatorio para todo el personal alcanzado por esta ley cursar y aprobar cada año una capacitación en gestión con perspectiva de género de acuerdo con contenidos curriculares mínimos.

- Otorga carácter obligatorio y requisito necesario a esos contenidos para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión de la capacitación creada en esta norma.

- Establece como falta grave negarse a cumplir con esa capacitación, lo que dará lugar a sanción disciplinaria y obstaculizará los ascensos.

- Prevé la participación -en todas las instancias- de las organizaciones sindicales del sector en resguardo de los intereses de las personas que trabajan en la función pública.

- Encomienda al Consejo Nacional de las Mujeres diseñar los contenidos mínimos, curriculares en un plazo máximo de 180 días desde la promulgación de la ley.

- Dispone que esos contenidos deben velar por la sensibilización de las personas en función de prevenir la violencia de género a través de provisión de estándares, protocolos de trabajo y recomendaciones de buenas prácticas.

- Prevé la implementación de mecanismos eficaces de participación de la sociedad civil y sus organizaciones en la elaboración de las directrices de la capacitación en perspectiva de género.

- Dispone la inclusión en los materiales de una reseña de la vida Micaela García, militante social y política en cuya memoria se instituye este programa, y de otras víctimas de femicidio, así como de la historia de organización y lucha del movimiento de mujeres en Argentina.

Como miembro informante del proyecto, Alejandra Martínez (UCR), presidenta de la Comisión de Familia, mujer, niñez y adolescencia, recordó a víctimas de femicidios: "No queremos tener que llorar dos veces a Micaela García, a Lucía Pérez, a Paulina Lebbos”.

“Estamos atravesando una verdadera revolución cultural en Argentina, impulsada por mujeres de todos los ámbitos que han decidido no callarse más y luchar en contra de un sistema de valores y un sistema de distribución del poder”, dijo durante su discurso.

En el recinto, Rach Quiroga reivindicó al movimiento de mujeres, que impulsó la iniciativa: “Sin la hermandad y la sororidad, esto no sería posible”.

“Es urgente la capacitación en el Poder Judicial, sentenciar sin perspectiva de género está mal”, añadió y recordó el fallo sobre el caso de Lucía Pérez.

Desde el oficialismo, la diputada Silvia Lospennato, del PRO, remarcó que capacitar con perspectiva de género a los empleados públicos “es un mandato constitucional” y destacó que la ley tuvo el acuerdo político de todos los bloques.

El proyecto se presentó el 30 de mayo de 2017, cuando la Fundación Micaela García, con la presencia de sus padres, Néstor García y Andrea Lescano, presentó un paquete de 13 proyectos de ley que apuntaban a establecer un marco normativo que fortalezca la instancia preventiva en casos de violencia de género y femicidio.

Posteriormente, el 20 de noviembre de 2018, en el plenario de las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia y de Presupuesto y Hacienda, se aprobó un dictamen de consenso a la iniciativa que crea el “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”.

La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que tiene como objetivo elaborar políticas, programas e iniciativas destinadas a empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia.